Jaime Cortés, vocero de la CGT, contó que en su caso recibió un estudio de seguridad “supuestamente extraordinario, pero que la matriz no daba para mantener el esquema de protección con los cargos, que tenemos desde el punto de vista sindical a nivel regional y nacional”.

Cortés recordó que en junio de 2019 hubo una amenaza directa que además de incluirlo, también, alcanzó a algunos ambientalistas, indígenas y hasta el entonces director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, debido a que se estaba adelantando un proceso de consulta previa en el Cañón de Las Hermosas, “la UNP desconoce estas situaciones e inicia un desmonte de los esquemas de protección”.

El sindicalista, igualmente, habló sobre los continuos pronunciamientos del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, que van orientados a que en el país se está presentando un asesinato sistemático de líderes sociales. E indicó que otro de los argumentos entregados es que en el Tolima no existen las ‘Águilas negras’, conclusión a la que se habría llegado en un consejo de seguridad adelantado en Chaparral en junio, “entendemos que un consejo de seguridad no cumple las funciones desde el punto de vista de investigación judicial”.

Y planteó el interrogante de quiénes fueron entonces los responsables de la quema de una ‘chiva’ que transportó a los participantes a una asamblea para la consulta previa, hecho que dejó la captura, según Cortés, de dos miembros activos del Batallón Caicedo.

“No podemos decir que las ‘Águilas negras’ no existen, no podemos desconocer que hay agentes del Estado vinculados en investigaciones como los falsos positivos”, al igual que, presuntamente, involucrados con “diferentes asesinatos e inclusive con diferentes amenazas a líderes sociales”, precisó el sindical.

Otra de las incógnitas es quiénes están detrás de los panfletos conocidos el año anterior en Roncesvalles, Saldaña, San Luis, entre otros municipios. “Es un desconocimiento total de la realidad”.

Dato

Las cifras que maneja la CGT son 308 líderes asesinados en lo corrido del gobierno del presidente Iván Duque, 157 indígenas y 168 excombatientes de las Farc.