Pasados 56 días desde que los trabajadores entraron en asamblea permanente en el hospital Reina Sofía de España en Lérida y tras la intervención de la dirección territorial Tolima del Ministerio del Trabajo, el sindicato Anthoc y los empleados no sindicalizados establecieron un acuerdo con la gerencia, que permitió la reapertura de los servicios que estaban suspendidos desde diciembre.

Ahora, se queda a la espera del balance financiero de 2019, para conocer las decisiones que adoptará el Gobierno departamental ante la crisis de este centro hospitalario de segundo nivel.

Mediación

La propuesta que puso sobre la mesa Margoth Alvarado González, directora territorial Tolima de Mintrabajo, fue la normalización de los servicios, la elaboración y entrega de información del cierre financiero del año anterior.

Asimismo, hacer un seguimiento a los compromisos de pago para los funcionarios y contratistas, para verificar pagos parciales conforme a los ingresos que tenga la entidad.

También, adelantar un análisis y la viabilidad de aportes financieros por parte de la Gobernación del Tolima.

La gerente del hospital Fanny Gómez, explicó que el tema de pagos a los trabajadores “a medida que lleguen recursos o (los) consigamos por cobro de cartera se prioriza el pago del recurso humano y los gastos de funcionamiento”.

Agregó, que los delegados de Anthoc propusieron por su lado reactivar el servicio de quirófano, que haya un aporte de recursos económicos de la Administración seccional, igualmente, que se cree un informe final que exponga un plan de saneamiento fiscal y financiero para llevarlo a los ministerios de Salud y Hacienda.

Plan de contingencia

Gómez explicó que para poner en marcha nuevamente la entidad, se necesita implementar una estrategia que incluye la contratación de personal de médicos generales y especialistas, “ya empezamos a buscar (a través) de un plan de contingencia a los especialistas para poder ofertar estos servicios, también, los procesos de cocina y todos los que están pendientes, para poder poner a funcionar todo el hospital”.

El objetivo es ofertar los servicios de consulta externa y especialista a partir del lunes.

En el caso de la contratación de medicamentos e insumos, la gerente explicó que a fines de enero cuando los trabajadores permitieron el ingreso a los administrativos, pudo llegar a acuerdos con los proveedores para terminar enero y atender lo correspondiente a febrero.

“Estamos haciendo los replanteamientos de las nuevas contrataciones de febrero y marzo, para que quede todo listo a 31 de marzo”.

De otro lado, en cuanto a gestiones adelantadas se cuenta una reunión con el superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, quien se habría comprometido a entregar apoyo para adelantar mesas de trabajo con las EPS deudoras y hacer en corto tiempo una revisión de la cartera.

Y a la pregunta, si de este proceso depende los pagos a los trabajadores, Gómez respondió “si, entre el 29 y 30 de enero se les canceló un mes a todos los trabajadores con el giro de recursos de las EPS, quedó pendiente unos especialistas que estamos en el proceso de conseguir el (dinero) que hace falta”.

Esperan cumplimiento

Ante la propuesta de Mintrabajo, algunos trabajadores no sindicalizados en diálogo con esta redacción, manifestaron que se debe tener en cuenta que la lista de pagos pendiente se mantiene, sin embargo, esperan que se cumpla con lo pactado y que el gobernador Ricardo Orozco, finalmente “mire hacia el hospital”, y en un tiempo prudencial, decida entregar ayuda económica “que es lo único que salva esta institución”. Agregaron, que en este caso se cedió por la comunidad.

Mientras que los delegados de Anthoc además de hacer las propuestas, solicitaron terminar el proceso judicial que inició la gerencia ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué Sala Laboral, con el propósito que sea dicha instancia jurídica la que califique la suspensión o paro colectivo, es decir, que determine si es legal o no. En este punto, el jurídico del Reina Sofía expresó que es viable que se incluya el compromiso de terminar el proceso en el acuerdo y en la audiencia programada para el 14 de febrero se le explicaría al magistrado del caso, que ya existe un compromiso entre las partes, lo que permitiría solicitar la terminación del mismo.

Dato

A manera de proyección se calcula que los pasivos ascenderían a $6 mil 809 millones. De este valor $959 millones corresponden a adquisición de bienes y servicios y $5 mil 776 millones son de deudas laborales que datan desde 2009.