El primer día de clases del semestre B de 2016 en el Conservatorio del Tolima fue de asamblea permanente de los estudiantes, como protesta ante la no renovación de contrato de varios docentes y lo que consideran como elevadas contrataciones en la Institución.

En un comunicado elaborado por la representación de quienes cursan Licenciatura y Maestro en Música, se dejó plasmadas varias inconformidades con la administración del rector James Enrique Fernández.

“Ha sido inconsistente y ha puesto en detrimento la calidad académica, desvinculando docentes y desmejorando las cátedras de la Universidad, lo que genera inestabilidad institucional a causa de criterios arbitrarios y personalistas que ponen en tela de juicio la imparcialidad del accionar administrativo”, reza el texto.

Otro cuestionamiento de los estudiantes va dirigido al proceso hacia la Acreditación en Alta Calidad que busca la institución, que estaría en riesgo debido a que no se cumplirían los requisitos que exige el Ministerio de Educación para otorgarlos, como la formación en Inglés, la falta de bibliografía nacional e internacional actualizada y la experiencia docente en investigación y producción académica.

El último punto va ligado a que mínimo el 30 por ciento de sus docentes de tiempo completo tenga experiencia en educación inicial, preescolar, básica o media, así como el 25% debe tener estudios posgraduales de maestría o doctorado según la Ley.

“De no acatarse estos parámetros, se cerrará el programa de Licenciatura en Música, según lo estipula el Ministerio”, señalan, y añaden que esto conllevaría al cierre del Conservatorio, debido a que con el pago de matrícula de este programa prácticamente se sostiene Maestro en Música.

También se reclama el hecho de que no se conteste las comunicaciones que este colectivo ha dirigido al Consejo Directivo del Conservatorio, “para que se respetaran los contratos y, por ende, las vinculaciones de los docentes que estaban adscritos a la Facultad (...). Se toma como un silencio administrativo, contemplado en el Código Contencioso Administrativo”.

Punto sobre punto

Sumado a la desvinculación de cuatro docentes, los estudiantes reclaman por “los 180 millones de pesos en supuestos instrumentos de la mejor calidad; que seamos una universidad pública y paguemos elevados costos en matrícula; los $150 millones que supuestamente costaron el cableado y los módem de la inservible red del Wi-Fi; los $322 millones que gastaron comprando 12 computadores para la biblioteca; los $78 millones que costaron los diseños y estudios de la cafetería, más los $7 millones de su interventoría, y seguimos sin cafetería, y que no tengamos docentes de planta sino ‘planta docente’, a la que se trata con el menor respeto”.