Festival Folclórico, en la lupa de la Contraloría

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
Ente fiscal de Ibagué investiga quiénes son los responsables de falsificación de firma de reconocida gestora cultural. Resultados de auditoría podrían trascender a la Fiscalía y a la Contraloría General.

En líos está por estos días la Corporación Festival Folclórico Colombiano, por el pago presuntamente indebido de más de 22 millones de pesos a un tercero, por el servicio de logística prestado durante el satélite del Festival Iberoamericano de Teatro en Ibagué, celebrado en abril de 2014.

La suma que salió de las arcas de la Secretaría de Cultura de Ibagué, figura como cancelada a la Corporación Teatrapo Teatro, cuya representante legal es Gloria Ardila, conocida en el medio de las artes escénicas como Staruska, quien aduce que su firma fue falsificada para dicho cobro, es decir, que nunca recibió ese dinero ni celebró contrato para ello.

La denuncia por el uso fraudulento de su nombre fue puesto en conocimiento de la Contraloría de Ibagué, que adelanta un proceso de auditoría que busca establecer a los responsables de esta irregularidad, en la que estarían involucrados funcionarios de la entidad que dirige Bethy García.

Según contó Staruska, del ‘fraude’ se enteró por casualidad, cuando un amigo le mencionó que figuraba en un informe financiero que reposaba en el Concejo.

Con esa información se dio a la tarea de indagar qué había sucedido y lo que encontró fue “que de la Secretaría de Cultura llevaron una cuenta de cobro firmada por mí a la Corporación Festival Folclórico y allá hicieron unos cheques y los firmaron como si yo lo hubiera hecho, los endosaron y los cobraron”.

Sobre el particular, la Directora Ejecutiva de la corporación folclórica se abstuvo de dar declaraciones, asegurando que espera que los órganos de control emitan su informe, y que ella es la más interesada en que estos hechos se esclarezcan.

Pese a que a Staruska le informaron que la cuenta de cobro, que desencadenó en el pago, salió de la Secretaría de Cultura, la jefe de esta cartera, Ángela Viviana Gómez, refirió que se enteró del caso la semana pasada por un informe de la Contraloría en el que se dice que la Corporación, a través de la secretaria, fue la que endosó el cheque y lo mandó a cobrar, pero que de dónde salió la documentación no existe claridad, porque no hay un recibido.

A la vez que advirtió que “lo único que hice fue recibir el informe financiero de la Corporación y pagarlo, porque creía en la buena fe de los documentos que me entregaban”.

Ahora resta esperar qué arrojará la investigación que adelanta el contralor Edwin Riaño y su equipo, en la cual se están buscando pruebas para dar paso a procesos de responsabilidad de carácter disciplinario y penal a los servidores públicos que adelantaron estas acciones de manera irregular.

Credito
REDACCIÓN SOCIALES

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