Desde hace varios años se viene hablando de una posibilidad para que el departamento cuente con un Centro Regional para las Víctimas del Conflicto, un espacio que reúna diferentes entidades en un solo lugar y facilite los trámites a los usuarios de los 47 municipios.

No obstante, aunque se tiene el lote y los recursos, el tiempo pasa y la obra no se logra concluir, por ello, un grupo de personas, representantes de diferentes organizaciones, adelantaron un plantón esta semana en el sector El Papayo de la capital tolimense, para exigir respuestas.

Jorge Eliécer Vásquez Lanilla secretario técnico de la Mesa Departamental y Municipal de Fortalecimiento de Organizaciones de Población Desplazada, contó que son 10 años de una ley con la que aún se sienten desamparados, asimismo, señaló que en 2013 se logró que la Unidad Nacional para las Víctimas, mirara al Tolima con la creación del Centro de Atención y Reparación para las Víctimas.

“En el 2017 se adjudican los recursos y en ese año, prácticamente después de que pasaron tres directores que fueron Paula Gaviria, Alan Jara y Yolanda Pinto, esta última fue quien firmó el convenio. Quedaron en que la obra se entregaba para fines de 2019, obra que tendría que estar ya con el 95%”, comentó Vásquez Lanilla. Sin embargo, la realidad demuestra que la ejecución es menor al 25%.

Ante la relevancia de la inversión que supera los $2 mil millones que corresponden a recursos de la Unidad Nacional para las Víctimas y la Alcaldía de Ibagué, las diferentes organizaciones han hecho seguimiento de la inconclusa obra, no obstante, según los manifestantes no recibieron respuestas.

“Sabemos el convenio que existe entre la Unidad y la Alcaldía de Ibagué, pero en ningún momento se ha llamado a las organizaciones de víctimas a decirles por qué no se entregó en 2019 esa obra y no conocemos todavía por qué ni siquiera en 2020 antes de la pandemia estaban trabajando”.

En medio de la incertidumbre, los reclamantes solicitan una reunión con las diferentes partes, incluido el contratista, es decir, el Consorcio Betar Ibagué y el Ministerio Público, pues temen que al no construirse nada, los recursos que provienen del orden nacional sean retirados a lo que se suma, el deterioro de una estructura a medio hacer.

“Nosotros le estamos diciendo muy pacíficamente a la Unidad de Víctimas y al contratista, que si no se nos entrega una información, si no se nos informa cuándo inician los trabajos, cuándo se van a entregar las obras, qué inversión se ha hecho hasta el momento, estaremos convocando a una nueva y más grande (protesta). Ya no vamos a estar por fuera, sino que nos vamos a meter al lote, para que verdaderamente nos miren”, expresó Vásquez.

DATO

Los manifestantes 
argumentan que necesitan un sitio digno, pues las actuales 
instalaciones de la Atención a Víctimas del Conflicto Armado, UAO, son pequeñas, 
lo que genera hacinamiento.

EL NUEVO DÍA transmitió la inquietud de los manifestantes a la Secretaría de Desarrollo Social de Ibagué, en donde informaron que actualmente se están analizando jurídicamente las posibles alternativas para retomar en corto tiempo la construcción del Centro, igualmente, se señaló que los recursos están disponibles hasta el 31 de diciembre de este año, por lo que la meta es culminar antes de esa fecha, una obra que fue recibida en 2020 con una avance mínimo.

DATO

En temas de presupuesto la Unidad 

Nacional para las Víctimas aportó mil 791 millones de pesos y la Alcaldía de Ibagué, mil 100 millones de pesos.