El tema de reclutamiento de menores por parte de grupos al margen de ley volvió a tomar  relevancia y ser parte de la agenda mediática esta semana, tras conocerse un bombardeo por parte de las Fuerzas Militares en la vereda Buenos Aires de Calamar, Guaviare, el pasado 2 de marzo. El objetivo del ataque fue un grupo de las disidencias de las Farc que estaban bajo el mando de Gentil Duarte.

De los detalles conocidos preliminarmente, está que entre los muertos había menores de edad y según información de medios nacionales una de las fallecidas fue Karen Nayerly Chávez Triana de 16 años y quien es oriunda de Villarrica.

La información generó gran inquietud en el municipio pues al parecer la familia y la adolescente, vivieron en la vereda Los Andes pero se fueron desde hace varios años. EL NUEVO DÍA hizo la consulta respectiva en la Personería Municipal, en donde informaron que también conocieron el hecho por noticias.

Al conocerse la situación, el Ministerio Público hizo una indagación, pero entre las personas consultadas la respuesta es que no conocían a la menor, tampoco, se cuenta con algún reporte oficial o datos concretos del caso. 

Asimismo, se precisó que hasta el momento hay calma en la zona y no hay denuncias por la presunta presencia de grupos al margen de la ley en esta población del oriente, según lo señalado desde la Personería.

Preocupantes estadísticas 

De otro lado, la organización Niñez YA junto a diferentes entidades y redes de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, generaron un informe sobre la crisis que generó la pandemia en los derechos de la niñez. Entre el listado de las alertas emitidas está la de reclutamiento de menores.

En el documento llamado ‘La pandemia tiene en crisis los derechos de la niñez’ publicado en febrero, se señala que según el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalico, entre enero y diciembre de 2020 “se registraron 79 eventos que afectaron a por lo menos 222 niños y adolescentes”, cabe precisar que son cifras nacionales.

En comparación con el mismo periodo de 2019, se tuvo un aumento de 12 eventos y 22 víctimas, fenómeno que obedecería a la presencia de actores armados en ciertos territorios y a situaciones propias de la pandemia como “el cierre de instituciones educativas, el aumento de casos de violencia intrafamiliar y la falta de ingresos”.

En el boletín N° 24 de monitoreo de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, Coalico, se expone que en el Tolima se tuvo tres eventos, uno al parecer se relaciona con la vinculación y reclutamiento de menores, el segundo con Uso de niños, niñas y adolescentes en campañas cívico militares y el tercero señala violaciones e infracciones al derecho a la libertad sexual.

Ante el panorama general, en su momento la Defensoría del Pueblo emitió alrededor de 54 Alertas Tempranas durante el 2020 y al menos 23 estaban destinadas a alertar sobre el riesgo de reclutamiento en 20 departamentos del territorio nacional”, se precisa en el documento de Niñez Ya.

¿Qué conoce la Gobernación del Tolima?

Sobre el hecho de la menor de Villarrica, Alexander Tovar, secretario del Interior del Departamento, dijo que habló con el alcalde Julio César Pérez y según el seguimiento que realizó “no tiene conocimiento que la niña estuviera viviendo o su familia, esté en el municipio”.

Agregó que desde la  Administración seccional y su despacho, se le sugirió al mandatario Pérez adelantar un Consejo de Seguridad Municipal con el fin de “hacer el seguimiento exhaustivo sobre esta menor de edad y también revisar si en Villarrica se han presentado a la fecha casos relacionados con este fenómeno, aclarando que como departamento nosotros no tenemos denuncias, ni conocemos ningún hecho de reclutamiento  en esta población”.

A la pregunta si la Secretaría del Interior tiene registros o algún tipo de alerta a nivel regional sobre el reclutamiento de menores durante el 2020, Tovar mencionó que hay dos registros de reclutamiento “no por denuncias, sino dos adolescentes que en diciembre del año anterior se entregaron ante el Ejército. Se le restablecieron los derechos, garantizándoles su integridad articulado con la institucionalidad”.

Además, recordó que en 2020 en la captura de alias ‘Orlando Parra Ramírez’, comandante del grupo residual Ismael Ruiz en Rioblanco, al momento de su detención, “el terrorista estaba fuertemente armado y en compañía de un menor de edad, al cual se le restablecieron los derechos por parte de la Comisaría de Planadas y el Bienestar Familiar.  Fue trasladado a Chaparral y luego a Ibagué donde se le brindó la garantía de sus derechos”.

Asimismo, precisó que cuando se presentan estos casos, desde la Gobernación se realiza el seguimiento y se activan las rutas de protección de reclutamiento, se realizan los comités intersectoriales para generar las alertas tempranas, articulados con los municipios y la Fuerza Pública donde  se han presentado los hechos.  

Las otras problemáticas

El análisis de la organización también muestra que durante este último año, las familias tuvieron dificultades para mantener la alimentación adecuada. Según la encuesta de Pulso Social, mientras antes de la cuarentena un 89,3 % de los hogares del país consumían al menos tres comidas al día, después de la cuarentena, sólo el 69,6 % lo hacía.

En Ibagué, antes del periodo de aislamiento el 99.5% de los núcleos familiares tenían tres alimentos al día, después el índice bajó a un 87.5%. La situación desencadena en desnutrición crónica, efecto que puede causar un retroceso de hasta cuatro años en los avances que se tenían en la lucha de erradicar la desnutrición infantil en el país.

Y como es conocido, la educación también fue otro de los retos no superados que dejó la emergencia sanitaria. En el informe se concluye que el modelo de educación virtual no ha sido equitativo para todos los niños. El acceso al proceso educativo se ha dificultado para aquellos con bajas condiciones socioeconómicas o para aquellos estudiantes ubicados en zonas rurales.

En ese sentido, según el Observatorio Contando lo Invisible, de la Fundación PLAN, el 36 % de los niños y niñas entre los 5 y los 11 años han visto afectado su proceso educativo, porque nunca han tenido acceso a internet.

Pero el modelo formativo de este año de pandemia también ha impactado en el nivel de aprendizaje de los menores. Según una encuesta de Save The Children, un 20,81 % de los padres o cuidadores de los niños afirmó que estos aprenden poco de manera virtual.