La PGN cuestionó a Andrade la posible inobservancia de la modalidad de contratación que correspondía adelantar para el restablecimiento de 37 hectáreas de revegetalización erosionada en la ribera del río Magdalena a su paso por Natagaima, pues habría suscrito un convenio de cooperación, mediante contratación directa, cuando por el monto debía adelantarse una licitación pública.

Con esta presunta omisión Andrade Ramírez habría podido limitar la participación de oferentes y direccionar el proceso contractual.

A Vizcaya Ortiz, supervisor del convenio, se le reprochó el presuntamente certificar el recibido a satisfacción del objeto contractual, y avalar su pago a pesar de no haberse ejecutado a cabalidad, según un informe de la Contraloría Departamental del Tolima, desconociendo con ello, entre otros, el principio de responsabilidad que rige la contratación estatal.

La Procuraduría Provincial de Chaparral calificó temporalmente las faltas de los investigados como gravísimas, a título de culpa gravísima y de dolo. Los dos podrán solicitar o aportar las pruebas que consideren pertinentes para su defensa.