El Tribunal Administrativo del Tolima, admitió la Acción Popular instaurada por docentes provisionales y comunidad, en contra del concurso de méritos 604 de 2018, por medio del cual se asignó de manera definitiva, las vacantes de directivos y docentes en zonas rurales golpeadas por el conflicto. Dicha convocatoria a su vez, dejó a más de 100 docentes sin empleo, en plena época de pandemia.

Los afectados son maestros de Planadas, Ataco, Rioblanco y Chaparral, que invocan por medio de la acción jurídica, la protección de los derechos e intereses colectivos. Argumentan que con el proceso se violó diferentes derechos, entre ellos, el de acceder a educación de calidad e idoneidad, pues varios de sus reemplazos no serían profesionales sino bachilleres.

También, se habría vulnerado el principio de moralidad, pues durante el concurso se habría registrado “inconsistencias e irregularidades”.

Por ello, a través de la Acción Popular además de solicitar la protección de los derechos colectivos a la educación y la moralidad administrativa de la comunidad educativa de Planadas, se pide suspender, en el estado en que se encuentre, el proceso de selección 604 de 2018 y todas las actuaciones administrativas asociadas al mismo.

Pero las consecuencias desencadenadas con la convocatoria 604 serían más profundas y se suman a la crisis laboral de aquellos profesores, que estuvieron enseñando por años en poblaciones, que antiguamente se denominaban ‘zonas rojas’ y a las que pocos se le medían a ir.

Lo que se estableció en los Acuerdos de Paz 

Óscar Sánchez coordinador General del Programa Nacional de Educación para la Paz, Educapaz, explicó que desde hace cuatro años trabajan en el sur del Tolima a través de un acompañamiento a la enseñanza rural, en sectores en que hay rezago por haber estado en medio del conflicto armado.

“Nos parece muy importante que el Acuerdo de Paz que se firmó con las Farc, no se quede en cosas políticas solamente, en la desmovilización o en la creación de un partido político, sino que realmente se atiendan las causas del conflicto y una causa muy importante es la ausencia de oportunidades educativas en esos territorios”.

Con este claro objetivo Educapaz identificó en la zona sur, aquellos docentes que tenían interés de formarse para aportar mucho más a los niños y niñas de Chaparral, Rioblanco, Ataco y Planadas.  

La propuesta vinculó a cerca de 500 maestros, que durante cuatro años trabajaron en la transformación de las escuelas y a la vez en la construcción de tejido social con los padres de familia, líderes comunitarios y comunidad en general. 

El resultado fue contar con ‘profes’ que “tienen bastante compromiso y entusiasmo, que necesitan mejores herramientas pedagógicas, pero que están interesados en adquirirlas. Son personas que tienen arraigo, que viven allí con su familia”.

En el proceso se conoció que los docentes en su mayoría, no estaban dentro de la planta temporal, sino bajo la figura de provisionalidad, una medida que surgió en medio del conflicto con la intención de cubrir de forma temporal, las vacantes que había en municipios específicos.

Pero lo que se pensó que era transitorio, duró más de lo proyectado, “se fueron quedando grandes contingentes que se llaman provisionales y que llevan entre 10 y 20 años”, explicó Sánchez. 

Agregó, que ante esta situación el Gobierno nacional debió mantener en sus cargos a los maestros que tienen arraigo y traer nuevos, para fortalecer los procesos educativos que tienen serios vacíos. 

“Se necesitan muchas cosas, por ejemplo, orientación escolar es un tema crítico (porque) no hay psicorientadores, personas que ayuden a los chicos cuando tienen problemas, cuando tienen conflictos con la familia, cuando están en riesgo de desertar, solo están en los cascos urbanos y no van a las veredas”.

¿Trabajo perdido?

Al drástico cambio de maestros, que ocurrió a comienzos de este año, se le debe agregar que Educapaz cuenta con recursos para funcionar hasta finales de esta vigencia.

Por eso se estaba en los procesos de formación y transformación con las comunidades, “hemos hecho que las comunidades fortalezcan la confianza en estos maestros para que trabajen juntos y si se van los maestros y si nos vamos nosotros, el proceso se vería muy malogrado y habríamos perdido una inversión muy grande y habría perdido la comunidad”. Se estima que el Programa Nacional de Educación para la Paz, invirtió durante este tiempo en las zonas golpeadas por el conflicto alrededor de 2 mil millones de pesos.

Debido a la complejidad de la situación y la preocupación de los habitantes por el impacto negativo que se está ocasionando, Educapaz está promoviendo la realización de un foro en el que se invite a los expertos en educación y en derecho administrativo laboral docente,  para que dialoguen el tema en profundidad. 

También, se buscaría representación de la Secretaría de Educación Departamental, el Ministerio de Educación y de las comunidades. La iniciativa que se basa en la Acción Popular cuenta con el apoyo de EL NUEVO DÍA. 

Alertas que fueron ignoradas

En el Acuerdo de Paz quedaron varios compromisos, entre ellos el de fortalecer la docencia rural, iniciativa que incluía un concurso para la vinculación de nuevos profesores. En su momento, varios expertos emitieron una alerta al Gobierno nacional para que se tuviera en cuenta al momento de la selección, factores sociales como arraigo y el apoyo de la comunidad, no obstante, las recomendaciones no fueron tenidas en cuenta.

“Nosotros llevamos a la gente impulsada en procesos formativos, hemos hecho un trabajo, pero resulta que entonces vino ese concurso y muchos docentes, que sentimos que la comunidad los quiere y los aprecia se van a ir”.

Educapaz calcula que fueron más de 400 profesionales los desvinculados en el Tolima. Dicha situación se replica en las regiones en donde están ubicados los municipios que integran el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet.

Y a raíz del papel que jugó el Programa en estos años, los maestros le solicitaron acompañamiento y orientación, no obstante, el Coordinador aclaró que la organización “no es una instancia de defensa de los derechos laborales, nos parece bien que se respeten los derechos laborales, pero es no es nuestro papel, es el de fortalecer las oportunidades educativas de niños y niñas”.

Asimismo, les explicó a los docentes que acompañaría el caso siempre y cuando la comunidad estuviera de acuerdo.

“La Acción Popular la están impulsando las comunidades para decir que esa norma que se sacó, fue contraria al mandato constitucional del Acuerdo de Paz y contraria al espíritu de defender la educación rural y por lo tanto queremos que el Tribunal que es la primera instancia, lo considere”.

Ahora se queda a la espera de que el Tribunal lo revise y si considera dictar medidas cautelares mientras falla de fondo.

DATO

En el Acuerdo de Paz firmado con las Farc quedaron varios compromisos, entre ellos el de fortalecer la docencia rural, no obstante, la desvinculación de los docentes y la forma en que se adelantó el concurso de méritos, evidenciaría un incumplimiento.

DATO

La Acción Popular inicialmente se radicó en el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué en 2020 y en enero de este año fue remitida por competencia al Tribunal Administrativo del Tolima.