Esta semana el Juzgado Penal del Circuito de Chaparral, adelantó la audiencia de acusación en contra de Hugo Arce, alcalde de Chaparral; Rodrigo Herrera Mejía, actual gerente del Ibal; José Ricardo Barrera Rodríguez, Camilo Andrés Bustos Varón, Juan de Dios López Ortiz y Celso Román González, por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento privado.

El caso surge de la acusación que hizo la Fiscalía General en enero de este año, época en la que argumentó posibles irregularidades en el contrato que tuvo por objeto la construcción de un coliseo deportivo, en el marco de los XX Juegos Nacionales y IV Juegos Paranacionales de 2015.

A la audiencia asistieron la Fiscalía Cuarta Seccional de Chaparral, una Procuradora Judicial en representación del Ministerio Público, al igual que, los apoderados del Ministerio de Deporte y la Gobernación del Tolima, entidades que están vinculadas en el proceso como víctimas.

En medio de la citación, se conoció que el Municipio también entró al caso como víctima, sin embargo, hasta el pasado miércoles no se había designado un abogado.

Lo que se conoció a través del Fiscal, es que el mandatario Arce informó a las respectivas autoridades que tenía un impedimento, situación que fue revisada por la Procuraduría Regional y aceptada, por lo que se procedió a solicitar al Ministerio de Interior, la asignación de un alcalde Ad hoc.

En la defensa del burgomaestre, estaba el abogado Humberto Escobar, quien explicó que su cliente estaba impedido para designar el apoderado, que iba a representar los intereses del Municipio. Agregó que Mininterior deberá buscar un mandatario encargado, para que este a su vez nombre un legista.

Seguidamente, expuso que “consideramos que si se adelanta la audiencia de formulación de acusación, para la cual fuimos convocados, no solamente se estaría contrariando el ordenamiento jurídico y desconociendo los lineamientos de las altas cortes, sino que además, el proceso quedaría permeado de una irregularidad no susceptible de ser saneada, lo que daría al traste precisamente con el principio de celeridad de la actuación”.

Además, Escobar dijo que llama la atención el “precario” reconocimiento que se dio de víctimas al Ministerio del Deporte y a la Gobernación del Tolima, pues ninguna de las entidades se habría postulado como tal, “porque no indicaron las razones para pedir ese reconocimiento por parte de la judicatura, no se dio traslado de los documentos que supuestamente acreditan a esos profesionales, los desconocemos, pero lo más llamativo en este asunto, es que es una decisión que tiene que estar sometida a los controles vía recursos ordinarios”.

Una vez el Juez escuchó la intervención de la defensa, indicó que el Despacho ordenará rehacer el reconocimiento a las víctimas, para que estas expresen su interés y disposición de ser parte del proceso, igualmente, se requerirá al Ministerio del Interior para que nombre inmediatamente a un Alcalde encargado, para el caso

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