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Tras adelantarse una auditoría de cumplimiento en el hospital San Juan Bautista de Chaparral sobre la vigencia 2020, la Contraloría del Tolima dejó 12 hallazgos administrativos, cinco de ellos, tendrían una presunta incidencia disciplinaria y dos serían fiscales por un valor de $37 millones 747 mil.
Entre las conclusiones del informe, está que el centro hospitalario de segundo nivel, no tiene actualizado el Estatuto y Manual de Contratación, asimismo, se señala que tras revisar varios documentos, el resultado es que el “proceso contractual no resulta conforme, en todos los aspectos significativos, frente a los criterios aplicados”.
El ente de control precisó que la muestra seleccionada para hacer la revisión fiscal, no cumplió con todos los criterios evaluados y presentó debilidades.
Entre los contratos auditados estuvieron las dos fases de adecuación de la UCI intermedia también destinada a pacientes de Covid–19, los de suministro de medicamentos y material quirúrgico, la prestación de servicios de aseo, manejo de cocina, cafetería, entre otros.
Uno de los hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, surgió porque el Hospital no publicó oportunamente el plan anual de adquisiciones, ni en su página web, ni en el portal de contratación Secop.
Asimismo, se cuestionó que la institución no elabora los análisis de conveniencia y estudios previos para los contratos que va a adelantar y en algunos casos no se solicitaron ofertas de cotización.
Además, el ente de control llamó la atención en que uno de los miembros del Comité Asesor en temas contractuales, es la Gerencia, es decir que, el representante legal de la institución, termina siendo ‘juez y parte’ al momento de elegir un contratista, hecho que quitaría transparencia.
Subcontratación
En cuanto a los contratos, uno de los revisados fue el acuerdo interadministrativo Nº 1446 del 28 de septiembre de 2020, hecho con la Secretaría de Salud Departamental, el cual tenía como fin que el Hospital entregara apoyo en la ejecución y seguimiento de actividades de inspección y vigilancia sanitaria, en municipios de categoría 4, 5 y 6 del Tolima, con el fin de garantizar entornos saludables.
Entre las obligaciones adquiridas, estaba la elaboración de los mapas de riesgo de los acueductos urbanos de Ambalema, Cajamarca, Cunday, Líbano, Prado, Saldaña y Carmen de Apicalá, por lo que el centro hospitalario terminó subcontratando a Corcuencas para dar cumplimiento.
Sobre este proceso, la Contraloría Departamental explicó que según la normatividad vigente para crear los mapas de riesgos de la calidad de agua, se deben tener en cuenta características fisicoquímicas y microbiológicas, asimismo, se definió que “las actividades de toma de muestras para la actualización de los Mapas deben ser ejecutados por las autoridades ambientales y sanitarias de cada municipio”.
Y recordó que de acuerdo al Estatuto de Contratación, cuando se trata de procesos superiores a $175 millones, se debe adelantar una convocatoria pública, requisito que no se habría cumplido.
Posibles hallazgos fiscales
Otro de los contratos vistos a detalle fue el adelantado con Jassofour S.A.S. para la prestación de servicios de aseo, limpieza y desinfección, manejo de cocina, modistería, jardinería, planchado y cafetería; durante 10 meses por un valor de $410 millones.
Según el ente de control, en este se habrían pagado dos mil 257 horas que no se ejecutaron. Por ejemplo, el número de horas a pagar por mes era 3 mil 552, pero en abril y mayo la diferencia fue mayor a 400, mientras que en agosto y septiembre, el tiempo faltante estuvo por encima de las 300 horas.
Esta situación generó un posible daño patrimonial de $19 millones 328 mil y se derivó por la “falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte de la supervisión”, especialmente, en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, noviembre y diciembre.
Mientras que en el contrato de adecuación de la UCI intermedia, que fue por un valor de $190 millones 687 mil, el Hospital habría faltado al principio de responsabilidad, pues se pagó sin corroborar “las condiciones de las actividades ejecutadas, debido a la falta de evaluación, seguimiento y control por parte de la supervisión”, el hecho generó un presunto detrimento patrimonial por $18 millones 418 mil.
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