Cabe recordar que el pasado noviembre del 2021, la Corte Suprema de Justicia resolvió que el PNN Los Nevados es sujeto de derecho a la vida, a la salud y al ambiente sano, cuya representación legal está a cargo del Jefe de Estado. 

A su vez, en el fallo se ordenó a entes territoriales de Caldas, Tolima, Risaralda y Quindío (en el caso del Tolima, las municipios proferidos son Anzoátegui, Santa Isabel, Ibagué, Murillo y Casabianca), corporaciones autónomas regionales y demás autoridades ambientales de carácter nacional; a elaborar de manera mancomunada el Plan Conjunto de Recuperación, Manejo, Mantenimiento y Conservación para el PNN los Nevados.

Varios grupos ambientalistas han hecho seguimiento al caso, pues el ecosistema tiene dificultades con la presencia de ganadería extensiva en zonas frágiles como páramos y subpáramos, además de agricultura poco planeada, caza y tráfico de especímenes, y turismo no regulado.

‘Omisiones’ de los sancionados

Juan Felipe Rodríguez, abogado ambientalista y promotor de la acción de tutela, indicó que son muchas las órdenes que se consignan dentro del fallo y se advierte que, con el auto que profirió el Tribunal Superior de Ibagué, indiscutiblemente los servidores públicos han observado la decisión judicial.

El litigante aseguró que en el caso del Presidente de la República, se le abrió el desacato porque la Corte Suprema de Justicia le ordenó crear un comando de Fuerza Pública Especial, con una finalidad ambiental, para que patrulle y vigile el parque natural. Este comando debe tener todas las condiciones de adaptabilidad de los uniformados a alta montaña. 

“La Corte Suprema de Justicia advertía que hay distintas problemáticas de orden público en esta área protegida. El Presidente no acató la orden porque lo único que hizo fue designar a un par de militares para la custodia del parque, pero eso no corresponde a la orden como tal, porque el fallo fue claro en que el mandatario debía constituir este grupo especial ambiental”, explicó Rodríguez.

La sentencia también ordena regular las actividades de senderismo sobre la zona protegida. 

En cuanto a la alcaldesa de Casabianca, Rodríguez comentó que el Tribunal la ha requerido en varias oportunidades para que informe sobre las acciones que está ejecutando en el marco del cumplimiento del fallo. “Todo lo que tiene que ver con monitoreo dentro de su jurisdicción, socialización con la comunidad y caracterización en la zona, la alcaldesa aún no lo ha documentado ante el Tribunal, y es por eso que también se dio apertura del incidente de desacato en su contra”, comentó.

Y agregó que: “El tribunal mencionó que le ha solicitado informes y la designación de un guarda ambiental en su municipio para que informe cualquier tipo de irregularidad en el parque”.

Así las cosas, el abogado ambientalista refirió que los servidores públicos podrían afrontar sanciones de tipo pecuniarias, arrestos o implicaciones penales, tal como lo advierte el decreto 2591 de 1991. “Nadie está por encima de la ley, si se descubre que se incumple una orden de tutela, se le acarrearía unas sanciones”, argumentó.

“Lo particular en el caso de Duque es que el decreto dice que, al acreditarse el incumplimiento del fallo de tutela, el Presidente tiene un juez natural que es la comisión de acusaciones para este tipo de implicaciones penales, mientras que los casos de los otros funcionarios deben tramitarse a través de la Fiscalía”, apostilló el litigante.

Avances y consideraciones

El promotor de la acción de tutela contó que, a un año y medio de la sentencia, el fallo de tutela ha sido positivo para el PNN los Nevados porque logró que las entidades se ‘sentaran’ a hablar entre ellas. “Puedo decir que ya existe un Plan de Conservación y Manejos del parque natural, además que se ha avanzado en materia de saneamiento predial y recuperación ambiental”. 

DATO

La cuenca hídrica de los ríos Combeima y Coello desciende de los servicios ecosistémicos del PNN los Nevados.

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