La decisión adoptada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Superservicios, sigue generando desacuerdos a nivel municipal y departamental.

En el comunicado firmado por la agente especial de la Superintendencia, María Ximena Gómez, se explica que a partir de las 9 a.m. se procederá a verificar la información entregada por el interesado, es decir, la empresa Aqualia Flandes S.A.S. que quedó habilitada, igualmente, se abrirá el sobre N.º 2 el cual contiene la propuesta del proponente.

De estar los datos completos de acuerdo a las condiciones del proceso licitatorio, se procederá a hacer la respectiva adjudicación.

Sobre este tema, habló el mandatario Yovanny Herrera Díaz quien indicó que sigue a la espera del pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, pues desde hace varias semanas solicitó a este último una intervención funcional excepcional.

La idea es que se “defina esta situación, si finalmente se va a adjudicar o si habrá algunos plazos para nosotros poder realizar toda la inversión que tanto el Departamento como el Municipio, tienen la voluntad de invertir para sacar adelante la empresa y no permitir que quede en manos de un operador privado por más de 20 años”, expresó el burgomaestre.

Herrera enfatizó en que sigue en desacuerdo con la tercerización de los servicios públicos, porque de por medio está el patrimonio de los flamencos.

“Lo más triste es que estén solicitando en ese proceso, que en los tres primeros años deben hacer una inversión de $12 mil millones, cuando en conjunto con la Gobernación y la Alcaldía, hemos propuesto que llegamos a un poco más de esa cifra de manera inmediata, pero la Superintendente nunca ha prestado atención a ese tema, sino que por el contrario ha seguido adelante con la licitación”.

Aunque el proceso está casi culminando, el Mandatario mencionó que hasta el último instante espera que los entes de control hagan sus recomendaciones a la Superintendencia para detener el trámite y a la vez se permita tanto a la Administración local como a la Departamental invertir.

Al consultarle a Herrera qué hará en la eventualidad que se adjudique el manejo del acueducto y alcantarillado, respondió que en ese caso se exigirá una destinación de recursos de forma inmediata.

“Que no pase como en los diferentes escenarios que ya conocemos y no solamente en el sector de servicios públicos sino con las distintas concesiones que se han visto en nuestro país, llegan e inviertan uno o dos pesos, después se olvidan y comienzan con la misma plata que recaudan de las tarifas a invertir, entonces no habría ninguna mejoría”, concluyó.

¿Y los trabajadores?

Otra de las preocupaciones es el tema laboral, según el Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado, Sunet, son varios los oficios enviados a la superintendente Natasha Avendaño para que se respete y garantice los derechos a los servidores públicos.

“No podemos pretender aquí venir a arrebatar y atacar unos derechos que tienen los trabajadores por convenciones colectivas, donde hay una caducidad laboral reforzada, donde hay una sustitución que se tiene que configurar como lo hemos manifestado, ellos dicen que no, pero nosotros consideramos hay sustitución porque la empresa va a seguir funcionando a través de un operador privado”, dijo José Asmed Ospina, presidente de la subdirectiva Tolima de Sunet.

Agregó, que si se llegan a vulnerar los derechos de los trabajadores se recurrirá a las acciones jurídicas e incluso a los entes de control, asimismo, se les ha recomendado a los servidores públicos “no dejarse utilizar, no se dejen manosear de manera particular, sino que sea a través del sindicato que se llegue a cualquier acuerdo”.

El sindicalista opinó que con el cambio de operador se corre el riesgo que aumenten las tarifas, pues la inversión que exige la Superservicios asciende a los $75 mil millones.

“Hay que mirar qué va a pasar con esa serie de acreencias laborales que están cerca de los $17 mil millones”.

En cuanto al número de trabajadores, se estima que hay alrededor de 43 y se les suman otro tanto que están contratados por prestación de servicios.  

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