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‘Manto de dudas’
En el caso de Alvarado, la convocatoria hecha por la empresa de origen americano estaba programada a las 9 a.m. en la Ludoteca del Municipio, mismo espacio en el que estaban citados los beneficiarios del programa estatal Familias en Acción y, en el que además, se encontraba una asesora de una EPS, circunstancias que automáticamente generaron desconfianza.
Pero la situación que alteró los ánimos de ambientalistas y habitantes, es que la planilla en la que se iba a recoger las firmas de la socialización del proyecto de Telpico, tenía el logo de Prosperidad Social, igualmente, como dependencia a cargo aparecía “Familias en Acción/Secretaría de Desarrollo Social” y en el objetivo se leía “Socialización de la Explotación de Hidrocarburos”.
Tras este hecho, los reclamos no se hicieron esperar, por lo que a través de redes sociales se expuso que en el pequeño lugar elegido para la socialización, los pocos asistentes que se encontraban iban por el programa ‘Familias en Acción’.
En diálogo con el personero de Alvarado, Mauricio Cárdenas, contó que días anteriores recibió la comunicación de la reunión, igualmente, mencionó que no tenía conocimiento sobre la licencia ambiental que le entregaron al proyecto.
Aclaró que una contratista que es enlace de ‘Familias en Acción’ debe llevar un control sobre las personas que llegan a la Ludoteca, “no tenía otro objeto, pero fue lo que dio lugar a la tergiversación de idea, de que se estaba engañando a la comunidad invitando a los (habitantes) a una reunión para que firmaran el acta de asistencia”.
Además de ello, otro de los reclamos de los defensores de los recursos naturales fue porque no se dieron a conocer oportunamente las condiciones para conceder la licencia, tampoco el impacto ambiental que generará la exploración de pozos.
“Llegué a las 9 a.m. y Telpico tenía todo montado para la proyección sin contar con la asistencia álgida, por lo menos de parte de los que fueron invitados para dar a conocer la resolución.
“Antes de otorgar esta licencia no tuvimos conocimiento ni del inicio, ni del final, tan solo hasta ahora nos dicen que la obtuvieron, pero no sabemos bajo qué condiciones o cuál es su contenido”, precisó el representante del Ministerio Público.
Ante este hecho, las comunidades no tuvieron partes de intervenir en oposición o contraposición en el proceso.
De otra parte el concejal, Jaime Tocora e integrante del Comité Ambiental del Tolima, coincidió en que no se dieron las condiciones para la socialización, por lo que pidió al Ministerio Público entrar a investigar el caso de las planillas.
“Eso me parece peligroso y me parece que es irregular a todas luces y deja un manto obviamente de cómo funcionan estas empresas y evidencia que lo que hacen es pasar por encima de las comunidades”.
Tocora señaló que en el caso de Piedras, los habitantes de manera organizada y de forma contundente “le muestran a la empresa que no quieren hacer parte de ese tipo de espacios, que respeten la Consulta Popular o directrices, que el espíritu de la misma consulta de lo que habla es de la negativa a cualquier proyecto de tipo extractivo que ponga en riesgo la vocación de los territorios”.
El cabildante agregó que la empresa habría admitido que durante este viernes no se socializó la licencia en ninguna de las dos poblaciones.
Los ambientalistas buscarán asesoría jurídica, pues de los municipios se señala que no fueron informados oportunamente de la entrega de la licencia.
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