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El servicio de transporte escolar es visto por los padres de familia y estudiantes como un servicio indispensable que contribuye al derecho a la educación, pues en veredas y corregimientos si no se cuenta con este apoyo, los menores no logran llegar a clases debido a las considerables distancias que hay entre veredas.
Durante el primer semestre de este 2022, la cobertura estuvo a cargo de las alcaldías, contrataciones que se terminaron en agosto, circunstancia que empezó a generar una serie de dificultades en diferentes poblaciones.
Por ejemplo, en Cajamarca le informaron el pasado 24 de agosto a los padres y acudientes de la I.E. Anaime que desde el día siguiente no se tendría más el servicio, anuncio que generó preocupaciones pues los menores que llegan allí, provienen de veredas que están entre dos y tres horas de distancia.
Cristian Murillo Ochoa, Consejero Municipal por la curul de Joven Campesino, indicó que al no poder llegar a clases, la alternativa para los estudiantes es irse a trabajar al campo, hecho que podría abrir la puerta a la deserción.
“Tenemos niños y jóvenes entre los 8 y 15 años que les toca bajarse por caminos y vías solas, están corriendo un riesgo, que les pase algo, los roben e inclusive que ocurra una violación a una chica o a un niño, nos preocupa que no haya transporte escolar y no se garantice el derecho a la educación de calidad”, precisó.
Algunas de las veredas apartadas son Potosí ubicada a dos horas de distancia de Anaime en carro y Las Hormas entre dos y tres horas a pie, “no hay garantías para que los muchachos sigan estudiando”, añadió.
El caso se estaría replicando en las instituciones educativas La Leona, El Rosario, el Itai e Ismael Perdomo. “Es una problemática que la hemos venido denunciando desde hace muchos años, a principio de esa vigencia pasó lo mismo, en la página del Consejo Municipal de Juventudes de Cajamarca y Anaime hicimos la misma denuncia”.
El Consejero agregó que los “políticos” no se pueden excusar indicando que no se conocía la situación, porque se expone cada año a comienzo de cada semestre.
“Cajamarca en su mayoría cuenta con una población campesina que vive del día a día, no le pueden garantizar al hijo un contrato o pagar a un chofer para que los bajen, las condiciones económicas no dan para ello, entonces la mayoría de jóvenes lo que hacen es no ir a clases y otros van a desertar del colegio”.
Situación en Dolores
En otro punto del Tolima también se padece por la finalización de servicio que estaba contratado por la Administración municipal. Allí les informaron a los padres recientemente que no contaba más con el apoyo.
El hecho generó que la madre de tres menores de 13, 15 y 17 años que viven en Ambicá, tomara la decisión de enviar a un niño por día a clases. El medio que pudo costear fue un recorrido en moto, sin embargo, el primer día el estudiante de 17 años que cursa grado décimo en la I.E. Técnica San José, se accidentó.
La madre narró que el lunes en la tarde, cuando estaba de regreso a su hogar, el motociclista perdió el control del automotor por las malas condiciones de la vía Ambicá – San José. “El golpe más duro lo tuvo el parrillero, o sea mi hijo, gracias a Dios no hubo fracturas pero sí tuvieron que llevarlo al hospital San Rafael de Dolores, allí le cogieron puntos en una rodilla”. Sufrió varios golpes.
Tras el hecho, la madre de familia informó en el colegio que esta semana sus hijos no asistirán a clases, pues teme que les suceda algo más grave ante el mal estado de la vía, percepción en la que coinciden otros progenitores.
El concejal de Dolores, Víctor Rodríguez, indicó que el mandatario César Giovanny Herrera les informó a los presidentes de Junta de Acción Comunal, JAC, que no había más recorridos porque el Municipio no contaba con recursos, motivo por el cual dependía de las transferencias del Departamento, sin embargo, sería incierto cuándo se retomaría el apoyo.
Rodríguez señaló que en el caso de Ambicá el pasaje en un vehículo costaría $8 mil, por lo que en el caso de la madre de los tres menores que cursan bachillerato, debe turnarlos y recurrir a una motocicleta.
El cabildante aseguró que el transporte escolar también es una forma de garantizar el estudio, por ello más que una estrategia es una obligación, “todos los alcaldes y gobernadores en campaña manifiestan públicamente y se comprometen a prestar el servicio escolar durante todo el año, es decir, nos están incumpliendo”.
En 2023 se utilizarán regalías
Gómez respondió que el servicio no quedó definido en el presupuesto de esta vigencia, porque se tenía incertidumbre sobre el comportamiento del Covid – 19. En cuanto a los recursos precisó que como provienen del monopolio de licores, hasta julio se tuvo mayor recaudo tras las fiestas de mitad de año.
De la misma forma, aclaró que los $3 mil 800 millones se destinarán a cubrir el servicio en municipios que ya terminaron el contrato del primer semestre y en donde se iniciaron procesos jurídicos a través de tutela.
El Secretario también informó que a comienzos de agosto se le informó a los alcaldes del proyecto para que fueran adelantando el trámite, con el fin de ganar tiempo “nosotros estamos entregando recursos para entre 40 y 50 días calendario escolar, “estamos hablando de finalizando septiembre, octubre y noviembre, eso sería lo que podríamos entregar”.
El funcionario anunció que para el 2023 la fuente de financiación será de regalías, con el fin de tener mayor agilidad.
Finalmente, el mandatario Seccional, Ricardo Orozco Valero, dijo el lunes que ya se empezó a crear los convenios con las administraciones municipales y expresó, “hay que dejar claro que la Gobernación no tiene una norma que obligue a entregar plata de transporte escolar, esta es una acción de acompañamiento a los municipios, lo estamos haciendo de la mejor manera.
“Y el año entrante hemos definido que vamos a entregar el apoyo en el primer trimestre de 2023 para quitarnos este problema que la parte financiera o administrativa nos demora un poco”.
¿Falta de planeación?
Desde el Gobierno departamental se tramitó ante la Asamblea del Tolima un proyecto de acuerdo que buscaba hacer una serie de incorporaciones presupuestales para el sector educativo, cultural, salud y ambiente.
Para transporte escolar el valor proyectado fue de $2 mil 151 millones, dinero proveniente del monopolio de licores y alcoholes, a dicho valor se le sumaron $3 mil 800 millones, recursos que corresponden a traslados presupuestales al interior de la Secretaría de Educación.
La propuesta empezó a discutirse en la Corporación el 11 de agosto y, según explicación entregada por Julián Gómez, titular de ese despacho, el presupuesto definido para esta vigencia se hizo basado en años anteriores y tiene como finalidad cubrir entre 40 y 50 días del calendario escolar.
“Lastimosamente, vamos a atender 40 o 50 días pero eso nos da un alivio a los bolsillos de los padres de familia. Como lo digo siempre, puede sonar odioso, pero la responsabilidad de nosotros como padres de familia es el transporte y la alimentación de los niños, este es un acompañamiento, una estrategia de apoyo”, dijo Gómez en una de sus intervenciones ante la Asamblea.
Varios de los asambleístas expresaron diferentes preocupaciones con respecto al tema, por el ejemplo, Renzo García, expresó “creo que les cogió la tarde para presentar esta ordenanza y sobre todo la incorporación de recursos que nos permitan garantizar el transporte escolar”.
Llamó la atención en que la propuesta se presentó un mes después de que iniciaran las clases del segundo semestre. “Quisiera preguntar al respecto por qué la demora, si sabe año a año que la Gobernación responde por este asunto, qué pasa, por qué no se hace a tiempo”.
García contó que la ordenanza finalmente fue aprobada, pero la votó negativa para dejar un precedente en un procedimiento “lento” que dejó a miles de niños y niñas caminando extensos trayectos en medio del sol o la lluvia.
“Los recursos del transporte escolar deben estar garantizados desde el primer día de cada año y mandato en temas administrativos, es inaceptable que esta Gobernación no planifique como se debe”.
El asambleísta William Mahecha, opinó que es preocupante los tiempos que se manejaron para analizar la ordenanza pues venía acompañada de otro tipo de incorporaciones, “fuera de eso cuando lleguen los dineros a la alcaldía, mientras hacen todo el proceso de contratación puede durar 20 o 25 días, o sea que estos dineros van a llegar para el transporte en octubre. Muy duro”.
Mahecha coincidió en que la falta de condiciones para que los jóvenes lleguen a los centros educativos genera riesgo de deserción.
Otros diputados preguntaron concretamente, cuál es el tiempo estimado en que el servicio regrese a los territorios, por ello, hizo un llamado al Gobierno departamental en cuanto a planeación, pues al final los reclamos recayeron en la Asamblea, en el sentido de que desde los municipios se exigía celeridad en la aprobación.
Dato
En San Antonio, Mariquita, Flandes, Ortega, Ataco y Melgar, tienen el servicio asegurado hasta diciembre por parte de las alcaldías. En el caso de Piedras, también se financiará con recursos propios y se empezó a tener cobertura desde el anterior lunes.
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