PUBLICIDAD
Luego de conocerse que el proyecto de hidrocarburos ‘Perforación Exploratoria VSM3’ de la sociedad Telpico Colombia LLC, el cual se ubica entre los municipios de Alvarado, Piedras y Coello; cuenta con licencia ambiental desde hace un año, siguen sonando las voces de rechazo porque no se informó oportunamente a las comunidades.
Este caso llamó la atención de varios sectores sociales, pues actualmente existen dos bloques exploratorios más que se cruzan con las poblaciones en donde está ubicado el Acuífero Fluvio – Volcánico de Ibagué, conocido también como el ‘abanico de Ibagué’, considerada la cuarta reserva más importantes de agua que tiene el país.
Latente intranquilidad
Los vientos de agosto además de traer tregua a un prolongado periodo de invierno, también llegaron con la noticia de que el bloque conocido como VSM3 de Telpico había recibido el 13 de septiembre de 2021, por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, el permiso para iniciar actividades exploratorias en una área de 23 mil 298 hectáreas.
La información cayó como un ‘balde de agua fría’ en Piedras, pues lo último que se conocía era que a la empresa le habían negado la solicitud dos veces años atrás, asimismo, que en diferentes veredas se le había cerrado la puerta a las socializaciones, como una forma de hacer respetar la Consulta Popular de 2013.
Camilo Cifuentes, ambientalista e integrante de la Asociación de Productores Campesinos Despertar, Aprocade, contó que en los últimos años la petrolera buscó diferentes formas para llegar a Piedras, con el fin de hacer cartografías y recoger datos, “las reuniones siempre intentaron hacerlas, pero nunca se lograron desarrollar porque siempre hubo una contraposición por parte de la comunidad”.
Recordó que en época de pandemia, un medio de acercamiento fue entregar la información digitalmente a algunos presidentes de Junta de Acción Comunal, JAC, pero esto no contó como socialización y menos como una aceptación del proyecto.
Además, ante el reiterado ‘no’ que se viene expresando en Piedras desde el 2013 a cualquier intervención extractiva, se tenía la confianza de que empresas como Telpico habían entendido la decisión, sin embargo, la tranquilidad una vez más se transformó en preocupación con la licencia ambiental que se entregó bajo la pasada administración del Gobierno nacional.
“Fue como un ‘baldado de agua fría’, nosotros de una vez nos pusimos en sintonía de documentarnos, de tratar de movilizar la comunidad. Conseguimos el archivo de la licencia y hay varias inconsistencias”.
En un primer análisis hecho al documento de 301 páginas, se encontró que en la realización de reuniones con las comunidades de Alvarado, Piedras y Coello, se incluyen encuentros que se hicieron entre el 2014 y 2020, es decir, fechas en las que para algunos ciudadanos se recogió información que iba destinada a los dos trámites anteriores en los que la licencia fue negada, “están tomando esas reuniones de 2014 como parte de este nuevo proceso”, expuso Cifuentes.
Otro de los datos que llamó la atención, es que se habría relacionado socializaciones con funcionarios de la administración municipal en fechas que corresponden a un lunes, día de la semana en el que las alcaldías no laboran.
Las presuntas fallas se están recolectando para iniciar acciones jurídicas por parte de las comunidades que se sienten vulneradas. “Nosotros creemos en la voluntad de la nueva administración territorial del país, porque hay muchas inconsistencias.
“Además, nunca se tuvo en cuenta la declaratoria por parte de la Asamblea Departamental de emergencia climática en 2020 para emitir esta licencia”.
¿Autoridades ignoradas?
De otra parte, en diálogo con autoridades de Alvarado, Coello y Piedras, coincidieron en que Telpico no les informó con anterioridad que ya contaban con licencia, tampoco fueron notificados por la Anla, aunque en la resolución 1620 del 13 de septiembre de 2021 en sus últimos artículos ordena notificar de dicho acto administrativo a Cortolima, a las respectivas alcaldías y al Procurador Judicial II Ambiental y Agrario del Tolima.
Algunos conocedores del tema, opinaron que se no se tuvo oportunidad de iniciar acciones en pro del medio ambiente, asimismo, que se desconoce los parámetros en que fue entregado el permiso.
El diputado Renzo García señaló que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no tuvo en cuenta la voz de la ciudadanía e incluso que en Piedras no se está reconociendo la Consulta Popular.
“En esa medida necesitamos que la Anla, Cortolima, el Ministerio de Minas y Energías y el Ministerio de Ambiente, reconozcan la autonomía de los territorios, la participación de la ciudadanía y la posibilidad de que podamos construir un modelo de desarrollo que no afecte el derecho colectivo al ambiente sano”.
Añadió que el expresidente Iván Duque en sus últimos días hizo diferentes autorizaciones “que están por encima de la participación ciudadana, vimos como Duque no quiso reconocer el acuerdo de Escazú que fue un compromiso del paro nacional”.
Y en cuanto a si jurídicamente se puede adelantar alguna acción jurídica, el asambleísta explicó “lo que hay que hacer es interponer las respectivas acciones jurídicas porque el proceso en sí mismo es ilegítimo, es ilegal”.
García agregó que es necesario que los ibaguereños comprendan que hay dos bloques de exploración que se cruzan con el acuífero, considerada “la reserva hídrica más importante para nuestros hijos y nietos”.
Otra de las personas entrevistadas fue el alcalde de Coello, Evelio Caro, al preguntarle si conocía con anterioridad que el proyecto de Telpico contaba con licencia respondió “no teníamos conocimiento hasta la semana anterior, el viernes (agosto) nos llegó una invitación en el Concejo con Telpico, es lo único que conocemos”.
Contó que en el periodo anterior fue cabildante de Coello y en 2018 hubo una reunión con la petrolera, en ese entonces se hablaba del trámite de licencia, luego en “2020 nos reunimos con ellos y aun no era aprobada, ahora con gran sorpresa nos damos cuenta que hace un año fue aprobada y los municipios no sabíamos de ese tema”.
Agregó que la mayor preocupación es que se utilice la técnica de fracking, por lo que espera que el 9 de septiembre, fecha en la que Telpico tiene programada una reunión en el Concejo, se pueda tener claridad.
“Las comunidades y los mandatarios locales son los últimos que se enteran de todos los procedimientos o todas las actuaciones que hace el Gobierno nacional en cabeza de sus diferentes entidades, en este caso la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales”.
Mientras que el mandatario de Piedras, Julio Góngora, expresó que se tenía conocimiento de la adjudicación de los bloques por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, “pero nunca nos han hablado de licencia porque tenemos entendido que las licencias se hacen primero socializando con la comunidad.
“Pidieron un espacio de la Administración (en agosto) pero se les contestó que no podíamos darlo, que primero socializaran con los habitantes y después de la respuesta de la comunidad, nosotros podríamos brindarle el espacio, de lo contrario no”.
Coincidió en que con estas decisiones se estaría pasando por encima de los territorios, a pesar de que en el caso de Piedras cuenta con la Consulta Popular. Mencionó que en su municipio ya tienen experiencia con una petrolera y no fue buena.
Motivos para desconfiar
Los reparos hacia la petrolera crecieron aún más, porque el viernes 26 de agosto se iba a socializar el proyecto en la Ludoteca de Alvarado, mismo lugar en el que también estaban citados los beneficiarios del programa ‘Familias en Acción’.
Según denuncias ciudadanas y como quedó registrado a través de redes sociales, las firmas de la socialización del proyecto petrolero se iban a recoger en un formato que tenía logos de programa estatal, en este mismo aparecía como encargada una dependencia de la Alcaldía y además en el asunto, en letra similar al estilo marca de agua, se hacía referencia a la ‘socialización sobre la exploración de hidrocarburos en la región’.
Este hecho fue visto como un ‘engaño’ y alteró aún más los ánimos de la ciudadanía, “ellos rompen las hojas, nosotros logramos recuperarla, las unimos y ahí tenemos las copias”.
Ese mismo viernes pero en la tarde, estaba agendada la misma socialización pero en Piedras. A la convocatoria que se hizo en un lugar privado asistió un centenar de personas, sin embargo, no les permitieron el ingreso. Tras varios intentos los habitantes accedieron, pero luego llegaron uniformados de la Policía y los hicieron salir del sitio.
“Esas socializaciones se suponen son de interés público, deberían hacerse en lugares públicos para que no se presenten estas situaciones”, dijo el ambientalista.
Sin embargo, lo que pudieron deducir los habitantes es que la empresa con estos encuentros ya no buscan un permiso social, sino contactar a los propietarios de predios para entrar a negociar los espacios de servidumbre y terrenos que se requieren para la instalación de las plataformas.
“En muchas ocasiones van a ser en sitios donde hay habitantes, en ese mapeo es en el que estamos, (para) tratar de saber dónde están”, en este punto se teme que las exploraciones sean cercanas a áreas de abastecimiento de agua comunitarios o residenciales.
“Lastimosamente, como humanidad no hemos entendido cuál es la verdadera riqueza, qué es lo que nos da vida, qué es lo que nos puede salvar, inclusive en estos días lo decíamos, el acuífero tiene un caudal mucho mayor a los afluentes como el Combeima o el Chipalo y Opia juntos, no hemos visto la gran riqueza que tenemos bajo nuestros pies”, precisó Cifuentes.
Panorama en Alvarado
En este municipio también se expresó molestia por el desconocimiento que se tenía de la licencia, pues el proyecto abarca las veredas Hatico Tamarindo y la Tebaida, en el caso de la primera se caracteriza por tener una población mayoritariamente de la tercera edad y se proyecta como área ecoturística, sin olvidar que es de tradición ganadera.
Otro hecho que resaltan algunos conocedores de la zona, es que entre Hatico Tamarindo y la Tebaida existen diferentes yacimientos y fuentes hídricas, por lo que la apuesta es lograr consolidar dicho corredor como un lugar turístico.
Katherine Lozano, líder y habitante de esta población, corroboró lo sucedido el viernes 26 de agosto en la Ludoteca Municipal, asimismo, mencionó que para el sábado 27 Telpico hizo una convocatoria en el salón comunal de la Tebaida a las 8 a.m. y a las 3 p.m. en el salón Comunal del casco urbano.
Sin embargo, a pesar de la importancia del tema “nunca hubo un perifoneo, volantes o invitación a la comunidad por una red social o medio informativo, la gente no lo sabía”, no obstante, en la Tebaida si hubo asistencia.
A la par de que la empresa adelantó su exposición, los ambientalistas que lograron llegar allí también expusieron sus argumentos de desacuerdo a los lugareños. Y en la tarde, aunque el salón Comunal estaba listo, no se adelantó la agenda debido a las manifestaciones que hicieron los defensores del medio ambiente.
Lozano llamó la atención pues en ocasiones es difícil hacer seguimiento a estas reuniones, toda vez que las haría una empresa diferente a Telpico, que no usa elementos distintivos, situación que aumenta la desconfianza.
Por otra parte, en lo que respecta a las socializaciones previas y requisito para obtener la licencia, se cuentan cinco momentos. Para el caso de Alvarado el primero se hizo con la comunidad en noviembre de 2014 en las veredas Hatico Tamarindo y La Tebaida, el segundo se registró en diciembre de ese año nuevamente con las veredas y la Alcaldía.
Una tercera socialización se hizo en 2015 con Alcaldía, Concejo y comunidades, en 2019 se volvió a este municipio y en ese entonces se incluyó la Personería y el quinto encuentro se registró el 23 de septiembre de 2020. Debido a la pandemia, en este último año se informó a las comunidades notificaciones escritas, visitas, llamadas telefónicas, sistemas virtuales, entre otros.
Otros de los datos que resalta Lozano es que la Anla hizo verificación de la información entregada por la petrolera entre el 1° y 4 de marzo de 2021 de forma virtual, y presencialmente entre el 8 y 11 de marzo.
Según se lee en la Licencia en total fueron 32 reuniones presenciales adelantadas por el grupo evaluador en la cual “se pudo verificar que las personas entrevistadas conocen el proyecto con respecto a las actividades solicitadas y a los impactos que se pueden generar en su territorio”, igualmente, se describe que los consultados expresaron sus temores por la oferta de recurso hídrico “y la posible intervención del abanico de Ibagué”, se precisa en el documento.
En dichos encuentros se cuentan comunidades veredales en Coello, Piedras y Alvarado, alcaldías, haciendas arroceras, un cabildo indígena e inclusive Cortolima. “Me pregunto si ellos vinieron el año pasado para marzo, es decir que la Administración (municipal) actual tuvo que haber recibido a la Anla y haberse enterado desde marzo de la licencia”.
Ante el marcado desacuerdo con el otorgamiento de la licencia, habitantes y ambientalistas de los tres municipios están trabajando en la conformación del colectivo ‘Defensa del acuífero de Ibagué, el agua, la vida y el territorio de Piedras, Ibagué, Alvarado, Coello y San Luis’.
‘Abanico de Ibagué’ en riesgo
Según el mapa de tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, en el centro del Tolima hay tres bloques petroleros en exploración, uno es el VSM3 de Telpico adjudicado en 2010. Inicialmente, se hablaba de un área de 42 mil hectáreas ubicadas entre Tocaima, Nariño, Girardot y Ricaurte por el lado de Cundinamarca. Igualmente, Alvarado, Piedras, Ibagué, Coello, Flandes y Espinal en el Tolima.
Finalmente, la licencia ambiental fue entregada sobre 23 mil 298 hectáreas que se distribuyen entre Alvarado, Piedras y Coello.
El segundo es el VSM25 asignado a Parex Resources Colombia Ltda en 2019 con un área de 27 mil 608 hectáreas que abarcan Alvarado, Coello, Ibagué, Piedras y San Luis. A mediados de este, la ANH indicó que el bloque se encontraba suspendido.
Las otras tranquilidades
Julián Viña Viscaíno fue productor de arroz durante más de 30 años, por lo que desde su rol de agricultor expresó gran inquietud por el traslape de los bloques exploratorios con sectores como la Meseta de Ibagué lugar en el que se produce uno de los ocho arroces que tienen denominación de origen en el mundo.
“Es preocupante porque se pondría en riesgo la producción de más de 14 mil hectáreas arroceras en la Meseta, hay estudios y soportes científicos de la Universidad Nacional de Colombia que establecen que alrededor de donde hay plataformas y extracción de hidrocarburos, los pastizales, los cultivos, cauces y animales para el consumo humano, están contaminados con metales pesados”.
Otra de las precisiones hechas es que existe una gran diferencia entre la empleabilidad que genera la minería y los hidrocarburos con el agro.
“A quien se le ocurre, en ninguna parte del mundo yo creo que hubieran dado una licencia ambiental a una empresa o inclusive hubieran adjudicado un bloque encima del tercer acuífero más importante del país”.
Viña Vizcaíno también llamó la atención en que hasta el momento alcaldes y concejales no se han pronunciado sobre este tema.
Además, recordó que en las solicitudes anteriores fue reconocido como tercer interviniente por lo que le informaban las decisiones, pero en esta ocasión la Anla no lo hizo. “nos venimos a dar cuenta hasta ahora cuando la empresa llega a empezar hacer acciones con la comunidad, entonces a qué está jugando la Anla”.
El arrocero coincidió en que las citaciones adelantadas por la empresa buscan los permisos de propietarios de predios para vías y servidumbres.
En cuanto a las acciones a seguir, tras conocerse la información, se recibió el apoyo de abogados que ofrecieron asumir la defensa “inicialmente vamos a interponer una tutela para intentar revertir esta adjudicación de la licencia ambiental e ir hasta las últimas consecuencias, eso si lo tenemos claro, así como hemos venido defendiendo la Consulta que en este momento está en revisión para casación para revertir lo que hicieron los magistrados del Tolima”.
Finalmente, el hombre recordó que desde el 2018 la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno nacional en el término de dos años, crear un mecanismo de concertación, concurrencia y subsidiaridad, “estamos en 2022 y el Gobierno nacional nunca presentó un mecanismo de participación”.
Por su parte, Angela Rojas, ambientalista tolimense, indicó que se generan varias dudas por los tiempos que se señalan en el documento de la licencia, coincidió en que las petroleras no dejan beneficios en las veredas y que hay varios ejemplos en donde se extrae crudo pero no hay agua, como es el caso de Piedras.
“La gente desconoce en el mismo Doima que hay familias que cargan con burros baldados de agua desde que se hicieron las primeras exploraciones para saber si había petróleo, las exploraciones causan daños terribles en los territorios”.
En cuanto al acuífero de Ibagué, indicó que se debe buscar la forma para declararla sujeto de derechos, pues este ecosistema confluye con otros abastecimientos de agua que son de menor escala y se conectan subterráneamente, “tan extraño que coinciden con polígonos petroleros que ofrecieron sin consultar con las comunidades de aquí en el Tolima”.
Y en enero de este año, la ANH entregó a Maurel and Prom Colombia B.V. el bloque VSM4 para exploración sobre 97 mil 051 hectáreas que están en Coello, Espinal, Guamo, Ibagué, Ortega, Rovira, San Luis y Valle de San Juan.
La ubicación geográfica de estas asignaciones desde hace varios años encendió las alarmas pues inevitablemente se cruzan con el ‘abanico de Ibagué’.
Por ejemplo, en agosto de 2019 tras conocerse la existencia del VSM25 Cortolima junto a los alcaldes de Ibagué, Piedras y Coello, oficiaron a la ANH para expresar una oposición unánime a la adjudicación que abarca la mitad de Ibagué y se traslapa con el 33 % del acuífero.
En agosto de ese año, las autoridades de ese entonces explicaron que a comienzos de 2019 la petrolera solicitó reuniones con los mandatarios de las cuatro poblaciones por donde cruza el bloque para hablar sobre las áreas que estaban libres y tenían expectativa en hidrocarburos, pero al parecer dichas reuniones se hicieron ver como procesos de concertación con las autoridades municipales.
Otro de los argumentos de desacuerdo es que la exploración terminaría alterando los ríos Opia, Totare, Coello, cuencas que mostrarían altos índices de escasez, asimismo, genera riesgos en la Meseta de Ibagué, zona altamente productiva y de potencial de cultivos de arroz de alta calidad.
Para entender la importancia del acuífero cabe recordar que tiene una extensión de 67 mil 056 hectáreas. El 50 % está en Ibagué específicamente bajo 13 comunas y 38 veredas.
En Piedras está el 28 % se ubica en la cabecera municipal y 13 veredas entre ellas están Estación Doima, Campoalegre, Las Cabras, Ventanillas y Paradero Chipalo.
Y según información conocida, el bloque de exploración VSM3 estaría en nueve veredas, hecho que es visto como un riesgo para la reserva de agua.
Asimismo, en Alvarado se tiene un 16 % en 10 veredas, en San Luis el 6 % bajo seis veredas y en Coello, el 0,03 % en el corregimiento de Gualanday.
Según información del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero establecido por Cortolima, este ‘abanico’ se formó y definió a partir de factores estructurales como la falla de Ibagué y la falla de Buenos Aires.
Asimismo, expertos consideran que este es una especie de depósito que hay en el centro del departamento para atender, de llegarse a registrar, algún déficit hídrico en la región.
¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!
Lo invitamos a seguir leyendo aquí
Comentarios