Tribunal admite demanda de Cajamarca contra Mintransporte y la ANI

Crédito: Archivo - EL NUEVO DÍA En mayo la vía mostró varios agrietamientos tanto en el centro como en los bordes, en uno de los casos fue atendido de forma prioritaria con bultos.
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Con una acción popular, el Municipio busca que el Gobierno nacional y el Consorcio APP Gica intervengan los puntos más críticos en la vía a Ibagué, asimismo, se solicita que el peaje que deberá tener una tarifa diferencial se cobre cuando la doble calzada que unirá los dos municipios esté totalmente terminada.

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El Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima admitió una acción popular que interpuso el Municipio de Cajamarca en contra del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y el Consorcio APP Gica, con el fin de exigir una intervención de fondo en los puntos más críticos de la vía que conecta a la ‘Despensa agrícola’ con la capital tolimense. 

El mandatario Julio Roberto Vargas Malagón explicó que la decisión se tomó debido a que se estaría vulnerando varios derechos de los cajamarcunos, teniendo en cuenta que a pesar de que hay una importante inversión del Gobierno nacional para la segunda calzada Ibagué – Cajamarca, existe un tramo en la conexión antigua que tiene cuatro puntos críticos que generan riesgos. 

“Uno es el de Curalito que es el más conocido porque paralizó el país hace pocas semanas, hay otros que también están afectando y deben prestarle rápida atención, pues si no se hace oportunamente, va a volver a ocurrir lo que ya vimos”, es decir falta de movilidad entre el centro y occidente del país.

El hecho de no contar con una carretera en buenas condiciones ‘golpea’ varios sectores de la población como el agrícola. Según datos de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria y Ambiental, Umata, hubo una reducción considerable del número de familias compradoras que viajaban desde Ibagué a mercar cada semana, por las “pésimas condiciones de la vía Ibagué – Cajamarca y el viacrucis que significa trasegar por esta vía”, se expone en la demanda. 

Igualmente, se ha evidenciado un desequilibrio en la oferta de productos pues los comerciantes  aumentaron los precios aduciendo “crisis en la logística e incremento de los costos en la cadena de comercialización, debido al mal estado de la vía”.

De la misma forma, se dificulta la salida de alimentos a los principales centros de abastecimientos del país como es el caso de Corabastos en Bogotá y del ingreso de productos básicos que llegan de otras regiones. 

En el tema de salud, también se altera tanto para las personas como la atención veterinaria, pues varios de los servicios especializados están en Ibagué. 

Asimismo, los proyectos de agroturismo y avistamiento de aves están decayendo porque hay empresas que terminaron suprimiendo a Cajamarca como destino. Pero la lista de afectaciones no termina allí, pues no tener una carretera en buenas condiciones y con  cierres constantes, impide garantizar a los habitantes servicios públicos esenciales como el de la recolección de basuras a tiempo y el suministro de gas domiciliario.

‘Encarcelados’ entre dos peajes

 

A dicho panorama se le suma otra preocupación, “nosotros ya contamos con un peaje hacia el Alto de la Línea con Invías y un nuevo peaje haría que quedemos como un pueblo encarcelado por dos peajes y no es justo, entonces lo que se pide es que se garantice el derecho a la tarifa diferencial para la comunidad cajamarcuna”, precisó Vargas Malagón.

En este tema se busca que el cobro se haga solamente hasta que se termine en un 100 % la construcción de la segunda calzada entre Ibagué y Cajamarca, “a partir de ahí se podría hablar de esa tarifa diferencial, mientras tanto no se podría cobrar algún tipo de peaje, porque es injusto, porque no existe la segunda calzada para nosotros”.

Dicha apreciación surge porque los habitantes de esta población deben transitar por la vía antigua, es decir, la conocida como ‘Curalito’.

El Alcalde manifestó que la Acción Popular se interpuso en medio de la crisis vial ocurrida en mayo, época en la que hubo agrietamientos en el pavimento surgidos de una falla geológica, hecho que obligó hacer un cierre.

“En este nuevo Gobierno (nacional) el Tribunal Administrativo aceptó la acción popular que es justa para el Municipio (la cual) le permite constitucional y jurídicamente, mejor capacidad de negociación con las instituciones nacionales”.

Con la acción jurídica se busca amparar derechos colectivos como acceso a una infraestructura, a los servicios públicos en el sentido de prestarlos de forma eficiente y oportuna, defensa al patrimonio público, prevención de desastres previsibles técnicamente, entre otros.

Finalmente, el burgomaestre mencionó que se espera contar con una buena voluntad por parte de la nueva dirección de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, al igual que del Ministerio de Transporte cuyo titular estará mañana en Cajamarca y con el cual se buscará hablar sobre estas problemáticas.  

REDACCIÓN TOLIMA

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