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Tolimenses muestran su hartazgo social

Archivo / EL NUEVO DÍA
Crédito: Archivo / EL NUEVO DÍALas comunidades ven en las movilizaciones una forma de ser escuchados, pues los oficios que tramitan generalmente no reciben respuestas de manera oportuna
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El descontento social por diferentes hechos y la falta de soluciones a problemáticas que se mantienen en el tiempo, fueron los detonantes de una secuencia de protestas ciudadanas en el Tolima. Tras los reclamos hechos pacíficamente, la ciudadanía espera una transformación positiva de sus complejas realidades.
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Alzas en los servicios públicos, falta de transporte escolar o de docentes, vías terciarias en mal estado, proyectos mineros, la posible instalación de una avícola en el centro de una vereda y la creación de un nuevo peaje en la vía Cajamarca, fueron algunas de los detonantes de las protestas y movilizaciones ciudadanas en diferentes lugares de la región.

Este fenómeno social ha tomado mayor fuerza en municipios y áreas rurales durante lo corrido del año, debido a que los habitantes se cansaron de esperar soluciones a problemáticas que se mantienen en el tiempo y que le corresponde ser atendidas por los entes municipales, departamentales y nacionales.

Igualmente, la ciudadanía ve en la protesta un derecho que está consagrado en la Constitución Política de 1991, a través del artículo 37 se precisa que “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”, motivo por el cual  recurren a ella tras no recibir respuestas.

Un ejemplo, ocurrió el 25 de julio cuando un grupo de estudiantes de la I.E. San Isidro acompañado de padres de familia, viajó desde el Espinal a la Gobernación del Tolima en Ibagué, para exigir el nombramiento de docentes. Según los participantes del plantón pacifico, previamente buscaron respuestas en la Alcaldía, pero no lograron ser escuchados.

A manera general, algunos expertos consideran que alrededor de las movilizaciones hay un descontento generalizado o malestar social por un hecho en particular, situación de la que el departamento no es ajeno, muestra de ello es que en los últimos meses El Nuevo Día ha sido testigo de diferentes tipos de reclamos en municipios como el Guamo, Armero – Guayaba, Dolores, Planadas, Ibagué, Piedras, Ambalema, Purificación, Líbano, Alpujarra, Rovira, Falan, Lérida, Fresno, Cajamarca, Prado, entre otros.

Varias personas consultadas coincidieron en que la ciudadanía está ‘cansada’ de exponer sus necesidades, dificultades y solicitudes ante entidades del Estado que no brindan acercamientos, sin que no esté de por medio el reclamo social.

 

Aumento desmedido en la tarifa del agua en Líbano

Suministrada / El Nuevo Día

 

Los libanenses recurrieron a la protesta ciudadana desde hace 14 días por el exagerado aumento en las tarifas del servicio de agua por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Líbano, Emser. Según algunos testimonios el cobro de agosto tuvo alzas que iban entre el 100 y 300 por ciento y estaría relacionado con los problemas financieros que tiene la entidad.

Entre los casos expuestos por medios locales está el de un usuario que pagaba un promedio de $25 mil mensual, pero en agosto el recibo llegó por $86 mil, otro ciudadano dijo que pagaba $32 mil y ahora le cobran más de $300 mil y en el sector comercial el valor se triplicó. Ante la problemática, los habitantes a través de la Cámara de Representantes, solicitaron la presencia de un delegado de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que aclare cuál es la razón de la exagerada alza, asimismo, que dé a conocer la situación real de Emser.

De otro lado, según la concejal Danna Castro lo que se conoció en sesiones de la Corporación por parte de Manuel Grimaldos, gerente de la empresa, es que la entidad está atravesando por un “déficit”. Ante todos los interrogantes, los residentes se volvieron a movilizar el viernes para exigir al mandatario Jesús Antonio Giraldo soluciones y respuestas.

 

Transporte escolar, uno de los detonantes

Suministrada / El Nuevo Día

 

En lo corrido de este segundo semestre, niños y adolescentes han participado en manifestaciones para exigir el servicio de transporte escolar, pues existen zonas en las que llegar a clases se vuelve toda una odisea, a dicho requerimiento se suma la falta de docentes.

Las protestas surgieron en municipios como Guamo, Saldaña, Dolores, Espinal, Herveo, Planadas, Cajamarca, Fresno, Saldaña y Ortega. Justamente la semana anterior se volvió a registrar un paro estudiantil en Herveo, el cual incluyó bloqueo vial por parte de menores y padres de familia que solicitan una rápida contratación. Según algunos de los menores de la vereda Arenillo desde hace un mes están sin el servicio, pese a que tienen un fallo de tutela a favor.

El viernes se conoció que el convenio para esta población con la Gobernación del Tolima fue por $100 millones, con la disponibilidad del recurso los jóvenes le exigieron al Alcalde dejar por escrito la fecha en que volverán a tener este apoyo de movilidad.

Desde el Gobierno departamental, se explicó semanas atrás que el próximo año el servicio lo cubrirán el primer semestre con recursos de regalías.

 

Protección de los recursos naturales en Falan

Suministrada / El Nuevo Día

La vocación agrícola y la riqueza natural que tiene el Tolima, son parte de las razones que hicieron mover a las comunidades campesinas de poblaciones como Falan desde 2019. La defensa del medio ambiente se convirtió en el motor de diferentes expresiones sociales, con las que se busca llamar la atención sobre los posibles efectos que tendría el desarrollo de proyectos mineros a gran escala en las fuentes hídricas, por parte de una multinacional.

De forma organizada y pacífica, habitantes, ambientalistas y veedurías, mantienen las alarmas puestas para hacer seguimiento a las empresas que vienen surgiendo con el fin de adelantar procesos exploratorios. Por ejemplo, en marzo de este año una solicitud de concesión de aguas superficiales tramitada ante Cortolima, por parte de la Sociedad Minera La Fortuna sobre la quebrada Santagueda, originó un plantón en la vereda Cavanda, lugar al que llegaron residentes de Falan, Palocabildo, Casabianca y Armero – Guayabal.

Sus voces se unieron para pedir que no se entregara el permiso sobre dicha fuente hídrica. Finalmente, en mayo se conoció que la autoridad ambiental negó la petición porque La Fortuna no cumplió con los aspectos técnicos y jurídicos.

De otro lado, Liz Ávila, voluntaria del colectivo Voces del Norte del Tolima, contó que se llegó a las movilizaciones tras recurrir a diferentes vías que establece la normatividad, “lo que encontramos fue que Cortolima no responde adecuadamente, o no responde, la Alcaldía con frecuencia no responde, se nos niega información”.

Los reclamos también han recaído sobre entidades del orden nacional como ocurrió en octubre de 2021 con la Agencia Nacional de Minería, ANM, época en la que hizo una convocatoria para adelantar una audiencia pública y poner en conocimiento las propuestas de 17 contratos de concesión para actividades de exploración y explotación de recursos naturales en distintos municipios del norte. En ese momento la comunidad respondió con la Primera Marcha Carnaval y un no rotundo a cualquier interés minero.

Aunque la ANM no hizo la audiencia, según los ambientalistas, tiempo después conocieron un acta en la que se registró que sí se había adelantado. Con el paso del tiempo fueron varias las ‘gotas’ que rebosaron el vaso y las que siguieron impulsando el movimiento social. De otro lado, Ávila mencionó que tuvieron que esperar seis meses para que la CAR programara una audiencia pública en la que se discutirá sobre un aparte interés de minería artesanal en una zona que no cuenta con dicha vocación.

 

¿Inversión fallida en Armero – Guayabal?

Suministrada / El Nuevo Día

 

En junio, mientras gran parte de los municipios del Tolima celebraban las fiestas de San Juan, en Armero – Guayabal los habitantes vivían días difíciles por la falta de un servicio de agua continuo, situación que generó una serie de reclamos por parte de comunidades y veedurías, a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima, Edat, debido a que se hizo una inversión por más de $11 mil millones en la optimización del sistema de acueducto, pero a la final lo que se tenía eran problemas de abastecimiento tanto en el área urbana como rural.

La vía de hecho adoptada tras tramitar varias peticiones de forma escrita, fue una marcha por las principales calles del casco urbano el 23 de junio y el posterior bloqueo de la vía Ibagué – Mariquita. La medida que paralizó la movilidad por 12 horas en el norte del departamento, originó que el entonces gerente de la Edat, José Dayler Lasso se reuniera con los manifestantes y llegara a varios compromisos, entre ellos hacer una prueba para precisar cuál era la cantidad de agua que circulaba por el sistema de conducción del acueducto.

Con el paso de los días se conoció la renuncia de Lasso y la llegada del ingeniero Rodrigo Herrera, con quien se adelantó entre el 17 y 20 de agosto una visita de verificación sobre la línea de conducción del acueducto, para verificar si se daba cumplimiento a la circulación de 45 litros por segundo. Aunque el representante legal del consorcio contratista TMS hizo presencia, según las veedurías, no entregó explicaciones del porqué aún no se cumple el objeto del contrato.

El tema volvió a ser abordado en el Concejo el 30 de agosto, por lo que fueron citadas la Edat y el Consorcio TMS, entidades que no hicieron presencia. No obstante, la sesión se hizo con concejales, Alcaldía, gerencia de la Empresa de Servicios Públicos de Armero – Guayabal, la Personería, veedurías, presidentes de Juntas de Acción Comunal y líderes sociales.

En este espacio uno de los mensajes transmitido desde la veeduría Espag a través de pancartas fue: “El agua aparece o la protesta crece”.

 

Protegiendo la Consulta popular

Suministrada / El Nuevo Día

 

A finales de agosto los habitantes de Piedras volvieron a unirse para expresar su desacuerdo total con el otorgamiento de una licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, a la petrolera Telpico Colombia, LLC multinacional que tiene el interés de adelantar actividades exploratorias en un área de 23 mil 298 hectáreas que se ubican entre Piedras, Alvarado y Coello.

De manera pacífica pero contundente le recordaron a Telpico que existe una Consulta popular que se debe respetar. Carlos Enrique Ruiz, representante de la organización Gestión Ambiental de Piedras, GAP, opinó que los movimientos sociales que se vieron últimamente en Piedras y el Tolima, los cuales  relacionan temas de hidrocarburos, educación y minería, es una forma que tiene la ciudadanía de expresar su descontento.

“La gente ya se está viendo en la obligación de salir a las calles a protestar y a manifestarse, porque es la única forma donde el pueblo se hace presente y puede surgir cualquier efecto positivo, ante la poca preocupación de los entes gubernamentales para resolver los problemas en los territorios.

“Sería como la tendencia últimamente a la manifestación social, es lo único que de pronto digo yo, la herramienta que tenemos nosotros como ciudadanos para poder hacer valer nuestros derechos”.

La necesidad de querer proteger los recursos naturales, es lo que hace empoderar a la ciudadanía para decirle a las empresas que no quieren poner en riesgo el derecho al ambiente sano y al agua. El Gobierno nacional “no está mirando a la población como tal, sino que están irrumpiendo en los territorios a la fuerza, sin tener en cuenta lo que piense la población”.

 

En ‘Puri’ falta desarrollo a pesar de ser zona petrolera

Suministrada / El Nuevo Día

 

Allí los habitantes y presidentes de Junta de Acción Comunal de varias veredas que están en la zona de influencia de las operaciones de la petrolera Hocol, iniciaron una reclamación a través de las vías de hecho en junio, porque a pesar de la operación, su territorio tiene marcadas necesidades que no son atendidas.

Algunos de los manifestantes le dijeron a medio en julio, expusieron que llevaban más de 30 años viendo la extracción de crudo pero el desarrollo no llega, en la actualidad las veredas no cuentan con agua potable, motivo por el cual se volcaron por semanas a protestar en la zona rural.

 

Ambalema se siente en el olvido

Suministrada / El Nuevo Día

A comienzos de julio se cayó el puente que estaba ubicado en el límite de Venadillo y que daba paso a los habitantes hacía Palobayo. Desde entonces la alternativa de movilidad son rutas que aumentan tanto el tiempo de viaje como los costos, igualmente, está cruzar por el río Venadillo.

Este hecho desencadenó una serie de reclamos por parte de los ambalemunos al Gobierno departamental, pues desde hace años esperan la inversión de recursos a la carretera de acceso principal que está en alto nivel de deterioro.

Las otras preocupaciones que surgen son la casi desaparición de espacios emblemáticos y patrimoniales como la Casa Inglesa y La Factoría, a lo que se suma la remodelación del Malecón, obra que  aun no se concluye, sin dejar a un lado el ferry que parece estar en el olvido.

Todas estas ‘dolencias’ generaron plantones en los bajos de la Gobernación, al igual que movilizaciones en la población, incluso un bloqueo en la vía intermunicipal conocida como kilómetro 96, para exigir la presencia del mandatario Ricardo Orozco Valero en la población. 

El 13 de julio el Gobernador llegó allí con horas de retraso sobre la hora acordad, hecho que originó que el recibimiento fuera entre abucheos.

Tras algunos intercambios de palabras los ánimos se calmaron y se logró explicar que finalmente había adjudicado la intervención de la vía Palobayo – Ambalema y que se iba a adelantar los estudios y diseños para construir un nuevo puente.

Recientemente, la secretaria de Infraestructura del Tolima, Paola Muñoz, explicó que ya se adjudicó la interventoría de la obra, por lo que se entró hacer el respectivo trámite de legalización del contrato. Se espera iniciar la ejecución en aproximadamente dos semanas. Mientras tanto, el Departamento sigue trabajando en el mantenimiento a las vías alternas como el trayecto Delicias – Ambalema.

 

Las molestias de los cajamarcunos

Suministrada / El Nuevo Día

 

En junio habitantes de Cajamarca se volcaron a la carretera que conduce hacia el Quindío para protestar en contra de la construcción de una caseta de cobro de peaje en la vía antigua que conecta con Ibagué, específicamente, en el corregimiento de Coello – Cocora, medida que se quería adoptar desde el Gobierno nacional porque los conductores estaban evadiendo la tarifa que se cobra en la nueva calzada.

El hecho de que comunidades rurales de la capital tolimense y cajamarcunos quedaran ‘atrapadas’ entre peajes, generó diferentes manifestaciones sociales que originaron una serie de acuerdos, entre ellos, la suspensión provisional de la instalación de la caseta. Tras la insistencia de ciudadanía y autoridades locales, el ministerio de Transporte en cabeza de Guillermo Reyes, anunció recientemente que este peaje ya no se instalará.

El otro ‘dolor de cabeza’ en esta vía de orden nacional, es la falla geológica que existe en el sector Curalito (Ibagué) y que generó una serie de agrietamientos, por ello, ciudadanía en general y transportadores adelantaron una manifestación pacífica en contra del Instituto Nacional de Vías, Invías, para exigirle el respectivo mantenimiento. Aunque se hizo una intervención en su momento, la ciudadanía exige soluciones de fondo, pues serían varios los puntos que generan riesgos. 

 

Reclamos en el Suroriente

Suministrada / El Nuevo Día

 

Lo que empezó como una marcha pacífica para exigir el transporte escolar en Dolores, terminó en una protesta que se extendió por 10 días. La molestia se originó porque los menores no podían asistir a clases. En medio de la jornada y las conversaciones entre vecinos, coincidieron en otros temas como la falta de vías terciarias y secundarias en buenas condiciones, también recordaron los diferentes anuncios de inversión por parte del Gobierno departamental, pero que hasta  ahora no se ven.

A la lista se sumó la intención que tenía el mandatario César Giovanny Herrera de hacer un empréstito por $3 mil 200 millones, propuesta con la que hubo desacuerdo porque el municipio quedaría endeudado por los siguientes años, otro punto incluía la exigencia de una mejor atención de salud, entre otros.

Inicialmente, se hizo un bloqueo vial en el kilómetro tres de la vía a Dolores, pasados los días se restringió la movilidad en el sector San José. Según algunos de los participantes, en una de las jornadas se reunieron más de 600 personas.

Floricel Buitrago habitante de Dolores contó que previo a la movilización se envió mensajes al Gobernador del Tolima sobre el abandono que sienten en el oriente de la región, pero no se obtuvo alguna contestación. Este sentimiento de estar ‘desamparados’ no solo se percibe en Dolores, pues en Alpujarra un municipio ubicado al extremo sur del departamento, por primera vez en su historia salieron hacer sus reclamos con un bloqueo vial, medida que les habría permitido ser escuchados por el mandatario Albeiro Trujillo.

En el caso de Dolores, tras adelantar una serie de diálogos, las comunidades llegaron a varios acuerdos con la Administración municipal, motivo por el cual el jueves en la noche terminaron con los bloqueos y regresaron a sus veredas. Enfatizaron que estarán haciendo seguimiento al cumplimiento de los compromisos.   

 

La gota que ‘rebasó el vaso’ en Prado

Suministrada / El Nuevo Día

 

En esta población a los habitantes les colmó la paciencia el aumento en el cobro de la tarifa del gas, servicio que es prestado por la empresa Opys. Algunas personas narraron que ya existía inconformidad con la facturación de la energía, pero el tema de gasificación alteró aún más los ánimos, pues los valores tuvieron un alza que superó el 50 %. “La gente está cansada de tanta presión en los servicios públicos y de tanto abuso”, expresó una residente. 

 

Las razones de los manifestaciones en Guamo

Suministrada / El Nuevo Día

 

En esta población del sur, presidentes de Juntas de Acción Comunal de veredas y barrios, comunidades indígenas, al igual que, ciudadanía en general, se unieron en diferentes ocasiones para cerrar el paso en la variante, con el fin de exigir la construcción de un puente elevado o glorieta que diera seguridad a los habitantes que se movilizan diariamente entre el casco urbano y veredas como La Chamba.

Según las denuncias, la Concesionaria Autovía Neiva – Girardot al construir la doble calzada Espinal – Guamo – Saldaña que integra la autopista Neiva – Espinal – Girardot, no tuvo en cuenta la dinámica entre las veredas Chontaduro, La Chamba, Tovar, Serrezuela Paraíso, Chipuelo Centro, Quinto Chipuelo y Chipuelo Oriente, por lo que prácticamente las dejaron incomunicadas.

Aunque intentaron exponer la situación a través de oficios, no recibieron respuestas oportunamente, por ello, en los últimos meses optaron por manifestaciones pacíficas que incluyeron el cierre vial de forma intermitente, medida que adelantaron  hasta recibir una solución concreta.

En diálogo con William Prada, presidente de la Junta de Acción Comunal, JAC, de la vereda Serrezuela contó que junto al alcalde Rafael Monroy, lograron una reunión con Carlos Alberto García Montes, vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, en donde se habló de la viabilidad de la construcción de una glorieta en la salida norte del municipio, es decir, hacia La Chamba. Actualmente, los habitantes están a la espera del cumplimiento.

Por otra parte, en esta misma población pero en la vereda Cerrogordo, hace año y medio varias familias empezaron con una protesta pacífica para evitar la operación de una avícola, que en su perspectiva genera problemas sanitarios por los malos olores.

Aunque los afectados intentaron recurrir a las vías jurídicas para exigir el derecho a un ambiente sano, miembros de la Junta de Acción Comunal indicaron que terminaron en medio en una querella, proceso policivo que es cuestionado por presuntas irregularidades.

A pesar de los reclamos, en la actualidad sigue el interrogante entre la ciudadanía de por qué las diferentes entidades dieron permiso a la operación de la avícola que quedaría cerca de las viviendas, “cómo es posible que nosotros, que hemos vivido toda la santa vida aquí, venga un señor (propietario empresa) y llegue a desplazarnos”, igualmente, se criticó que uno de los galpones se ubicaría a 300 metros de una escuela.

 

Los desacuerdos de Asobares en Planadas

Suministrada / El Nuevo Día

 

Desde Asobares se promovió hace una semana una protesta pacífica para exigir a la Administración municipal más plazo para en la reubicación que les exige la actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Pbot, pues actualmente no existen las condiciones físicas, ni financieras para que negocios como discotecas, bares, cantinas, canchas de tejo, casas de lenocinio, entre otros negocios denominados de alto impacto, se reubiquen en suelo suburbano.

Tras los reclamos se logró una reunión con el mandatario Jhon Hueje, quien señaló que no se puede derogar el decreto, pero sí se buscarán salidas.

 

El reto es además de visibilizar el problema, lograr un compromiso con los actores involucrados

Suministrada / El Nuevo Día

 

Arnulfo Jamith Hernández Campos, docente de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué, participó en una investigación sobre las protestas y movimientos sociales que vienen surgiendo en el país y que harían parte de un contexto mundial.

Para el caso de Latinoamérica los ‘estallidos sociales’ se dieron en lugares como Chile, Ecuador, Perú y Colombia.

El investigador indicó que a nivel nacional, la protesta social ha cargado prejuicios negativos y suele ligarse a “lo que ha sido nuestra historia de violencia y conflicto armado. Como ese adoctrinamiento que se nos ha impuesto de que los movimientos de izquierda favorecen a los que son guerrillas, al socialismo, el comunismo y se empieza a satanizar cualquier forma de organización colectiva, que tenga que ver con la reivindicación de derechos”.

 Agregó, que en ocasiones los derechos fundamentales los muestran como privilegios, “cuando debe ser precisamente una garantía de algo que ni siquiera me deben regalar, sino que lo debo tener por ser simplemente un ser humano”.

En el análisis hecho a las últimas manifestaciones masivas nacionales como la del 28 de abril de 2021, de la que Ibagué hizo parte, se encontró que no había un líder, sino grupos de ciudadanos que participaron en diferentes espacios e iban construyendo propuestas.

“A diferencia de otro tipo de movilizaciones, (esta) se da a través de la experiencia, ese descontento, incluso ese antigobierno que es la sensación que tenían la mayoría de colombianos”, con el mandato del expresidente Iván Duque, el cual era visto como un gobierno que no representaba a gran parte de los colombianos y que tampoco los escuchaba.

Fue a través de las experiencias que se gestaron y fortalecieron las protestas, tanto así que la que inició el 28 de abril, según la investigación, para el caso de Ibagué fue disminuyendo su intensidad a finales de junio.

“Estamos hablando que por cerca de dos meses a diario se presentaban movilizaciones, concentraciones, plantones, entre otras actividades, eso hace que se convierta en una de las movilizaciones, que en la historia reciente de nuestro país, sea una de las más grandes y duraderas en el tiempo”.

Dicho ‘estallido social’ tuvo un lamentable costo, como fue la pérdida de vidas de civiles y policías, a lo que se le suma las denuncias de desaparecidos en el marco del paro nacional, “situación que sorprende en un país democrático como es Colombia”, precisó Hernández Campos.

Otro de los datos encontrados en la investigación, es que durante dicho periodo salió a flote la empatía por los motivos que movían la lucha social que fue liderada por los jóvenes, quienes lograron plasmar sus propuestas y elevarlas al Gobierno nacional. “Hay necesidades que tienen orígenes estructurales por la ausencia histórica del Estado en nuestros territorios”, agregó el docente.

Al preguntarle al investigador, si quizás ahora se evidencia con mayor fuerza el sentimiento de frustración de las comunidades por no acceder a ciertos derechos, indicó que una de las conclusiones a las que se llegó con el estudio se pude definir con la frase de uno de los participantes y es “luchar si sirve”.

“Efectivamente, creo que en estos últimos ciclos de protesta (nacional) la ciudadanía en general, se ha dado cuenta que acudir a la manifestación, protesta social tiene efectos positivos como por ejemplo, una atención inmediata por parte de los entes gubernamentales implicados en las problemáticas, que haya una respuesta o propuestas para solucionarlos”.

Hernández Campos señaló que la movilización social que se ha venido registrando surge como un recurso para recibir atención por parte del gobierno, sin embargo, además de buscar soluciones el ideal es lograr la transformación de la realidad.

“Para que se dé, se requiere del trabajo de los actores implicados, es decir, de los que están afectados, los medios de comunicación, sectores sociales, sectores privados que puedan aportar, el sector público y el Estado, donde haya voluntad para brindar y una respuesta.

“La transformación se da, siempre y cuando se cumpla un ciclo de la movilización social en la que logre pasar de la visibilidad del problema al compromiso de los actores”, de surtirse dicha etapa no sería necesario volver a recurrir a las vías de hecho.

 

Dato

Para el docente Arnulfo Jamith Hernández Campos, si el Gobierno nacional no atiende de manera urgente las problemáticas macro como son el hambre, la pobreza, la inflación y la crisis económica, que fueron motor del ‘estallido social’ de 2021, en aproximadamente seis meses o un poco más, podría volverse a registrar una movilización masiva en el país.

 

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XIMENA VILLALBA C.

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