El mal presagio que diversas veedurías ciudadanas sentían en Armero - Guayabal, con respecto a la vigilancia fiscal realizada por la Contraloría General - Gerencia Departamental Colegiada del Tolima, se terminó de agudizar en las últimas semanas, cuando se hizo pública una denuncia que involucra a la alcaldesa encargada Cristina María Perdomo Cuéllar y a la Gerente de la Departamental Colegiada del ente de control.

El escándalo estalló cuando la Veeduría Comunal Ciudadana, la Veeduría Agua para Ibagué (Vapi), y la Veeduría Auditoria Visible, dieron a conocer que el 24 de octubre, la Alcaldía de Armero - Guayabal adjudicó un contrato al ingeniero civil Jorge Mario Hernández Gómez, quien resultó ser nada más que el esposo de Lina María Laguna Bermeo, que funge actualmente como la Gerente de la Contraloría Colegiada del Tolima.

El contrato se da por un valor de $11.500.000, con un plazo de ejecución de 65 días calendario, con el objetivo de “brindar asesoría en la planeación, ejecución y seguimiento de las obras públicas municipales y el cumplimiento de éstas conforme al Plan de Desarrollo 2020 - 2023”. 

Según explicaron las veedurías, lo grave del hecho radica en que no es pertinente que se le adjudique el contrato al esposo de una persona que vigila fiscalmente los recursos del Gobierno Nacional y que se invierten en el ente territorial en el que ella ejerce control; situación que “de por sí sola amerita la más pronta y meridiana claridad”, pues en el convenio que se firmó bajo gravedad de juramento, nunca se mencionó esta posible causal de inhabilidad.  

Orlando Sepúlveda, presidente de la veeduría Auditoría Visible, explicó que la denuncia es incluso más preocupante si se tiene en cuenta que en el municipio existen y han existido unas actuaciones de la Contraloría General sobre el contrato No. 128 de 2018 celebrado por la Edat, para la optimización del acueducto. Actuaciones que, según el veedor, pueden llegar a ser direccionadas para expiar responsabilidades de la mala ejecución de las obras, por medio de las cercanías del esposo de Perdomo, con la Alcaldía de Armero - Guayabal.

“Esto sucede en el contexto de lucha que llevamos desde hace cuatro años por el buen funcionamiento del nuevo acueducto, en el que en reiteradas ocasiones le hemos solicitado a la Administración municipal y la Contraloría Colegiada ponerle la atención requerida. 

“Pero lo que ahora vemos es que aparece un ingeniero civil que se encuentra comprometido con unos proyectos y que tiene relaciones con la Gerente departamental del ente de control”, aseveró.

Sepúlveda comentó que, ante esta situación, han decidido acudir ante Carlos Hernán Rodríguez, Contralor General de la República, con la esperanza de que éste resuelva los problemas que los funcionarios, que hasta la fecha han intervenido en la revisión del contrato del acueducto, no habrían podido resolver.

Aseguran las veedurías que esta no sería la primera vez que Hernández ejecuta obras por el beneplácito de la alcaldía, pues en el 2020, bajo el mandato de Medardo Ortega Fonseca, detenido en agosto por presunta participación en una red de corrupción, habría colaborado en el mantenimiento de unas canchas sintéticas.

Por su parte, dos aspectos adicionales llamaron la atención de las veedurías. La primera tiene que ver con el ‘objeto’ o el motivo por el cual la Alcaldía decide trabajar con Hernández, puesto que, mientras que en el inicio del contrato se puede leer que sus funciones están relacionadas con el ejercicio de la ingeniería, en lo que corresponde al asesoramiento en la planeación, ejecución y seguimiento de las obras públicas municipales, más adelante se dice que lo que se necesita es un abogado especialista en derecho administrativo.

Por último, ellos argumentan que existe una irregularidad relacionada con la presunta falsificación de la firma de Hernández. Ello lo sostienen al decir que existe otro contrato en el que el ingeniero firma de otra forma completamente diferente. “Esto no es algo que mejore el ambiente, pero definitivamente será obligación de los organismos de control determinar a qué se debe, y cual de las dos firmas es la verdadera”, afirmó Sepúlveda.

EL NUEVO DÍA se contactó vía WhatsApp con Cristina María Perdomo Cuéllar, alcaldesa (e) de Armero - Guayabal y Lina Laguna, Gerente Departamental Colegiada de la CGR, para conocer sus respectivas versiones de los hechos, pero tras varios días, no fue posible obtener respuesta.

¿El origen de los problemas?

Luego de la tragedia de 1985, que cumplió el pasado domingo 37 años, los habitantes de lo que hoy es Armero - Guayabal se dotaron de un acueducto, con el cual se abastecieron eficientemente del preciado líquido.

Sin embargo, dicha situación cambió cuando el Ministerio de Vivienda y la  Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Tolima, Edat, hicieron una inversión de aproximadamente 11 mil millones de pesos, la cual, pese a la cuantiosa cifra, habría dejado al municipio con problemas de agua.

Las veedurías, que desde un primer momento estuvieron alertas de las obras, detectaron unas posibles falencias que hacían prever que la intermitencia en el servicio, o la poca presión del agua saliendo por los grifos, llegarían a suceder. 

Sepúlveda comenta que, en reiteradas ocasiones, le han hecho saber a la Gerencia Departamental de la Contraloría que la nueva línea de conducción no lleva el volumen de agua que prometían los diseños. Sin embargo, asegura que no han sido escuchados, por lo que, tras bastante tiempo, no dudan en calificar el control ejercido por la entidad como “amañado y permisivo”.

En el derecho de petición que las veedurías hicieron llegar al Contralor Rodríguez, se exponen una serie de presuntas malas praxis, que la Contraloría Departamental Colegiada habría cometido a la hora de hacer la Indagación Preliminar (que está en curso), por las obras del acueducto en Armero - Guayabal.

“Tenemos el fundamentado temor que la Indagación Preliminar esté siendo direccionada para que no se llegue a tener la claridad largamente demandada por estas comunidades que vienen siendo cruelmente atropelladas por el concurso de estos funcionarios”, se puede leer en el documento.

Según exponen ellos, lo que se estaría intentando hacer, es atribuirle la responsabilidad por la presunta ineficiencia del acueducto a un derrumbe ocurrido en abril, el cual dejó sin agua al municipio, y provocó prolongadas manifestaciones en las que personas cerraron la vía Ibagué – Mariquita por varias horas.

“Con esto, se pretende omitir que desde mucho antes de la presentación de ese alud de tierra y el colapso de las dos líneas de conducción, tanto la nueva como la vieja, ya era evidente que la nueva línea de conducción no llevaba el volumen de agua requerido en los diseños. Esa inocultable realidad fue muchas veces denunciada por las veedurías ciudadanas”, afirmaron.

Por su parte, también se denuncia que las actuales falencias del acueducto, se deben a que los diseños fueron “alterados, modificados y adulterados”, según la versión de las veedurías, por un acuerdo entre el contratista - Consorcio TMS, la interventoría y la Edat.

 Entre las presuntas adulteraciones realizadas, estaría el cambiar el diámetro de la línea de tubería que se instaló, por uno menor, pasando de 10 pulgadas de diámetro interior a uno de 8.5.

Asimismo, ellos argumentan que en pasadas ocasiones, cuando se realizó la medición del caudal que transportaba la nueva línea de conducción, esta se hizo con la interferencia de la antigua línea. “Falsamente, se nos llegó a afirmar que sí se había hecho, cuando en el informe de los auditores no hay ninguna prueba de ello, y tan solo se limitaron a reportar un caudal superior a 5.0 l/s”, dijeron.

¿Promesas incumplidas?

Luego de que por más de 12 horas los habitantes de Armero – Guayabal bloquearan la vía Ibagué – Mariquita, el pasado mes de junio, por falta del suministro de agua, el entonces Gerente de la Edat, el alcalde Medardo Ortega, concejales y representantes de la comunidad, acordaron una serie de compromisos para arreglar el tubo dañado por el derrumbe y para devolverle el servicio a los habitantes.

En instalaciones del municipio se acordó que, como el contratista consorcio Acueducto TMS no estaba obligado hacer intervenciones, porque la obra ya había sido recibida por el Departamento, la reparación del daño en la tubería nueva correría por cuenta de la Alcaldía. 

Una vez realizado el arreglo, se adelantaría una prueba para evaluar si la cantidad de agua que realmente circula por el sistema del nuevo acueducto es la esperada, que en la práctica debería ser de 45 l/s. En caso de que las pruebas hidráulicas arrojasen un resultado menor, se procedería a reclamar las pólizas de cumplimiento de estabilidad de la obra.

Según las veedurías, ya hay posibles evidencias que apuntan a que se estaría captando menos de los       45 l/s, pues acorde a una visita de evaluación y seguimiento a la concesión de aguas superficiales, realizada por Cortolima el 29 de julio de 2022, un mes después de acordados los compromisos, la autoridad ambiental del Tolima determinó que ese día hubo un caudal de 30.5867 l/s.

“Se han hecho las pruebas y esos 45 l/s no han llegado (...), así pues, es compromiso del Edat y el municipio, solicitar la aplicación de las garantías de las pólizas, pero nos siguen dando vueltas y vueltas”, concluyó Sepúlveda.

Una Inesperada visita 

Los contratos que enredan al esposo de la gerente de la Contraloría Colegiada del Tolima, solo terminaron de profundizar aún más la desconfianza existente de un sector de la población hacia el órgano de control, como fue el caso de una visita ‘inesperada’ realizada por un funcionario que, si bien en un principio se identificó como ingeniero de la Contraloría General de la República (CGR), de la sede central en Bogotá, hace unos días se conoció que dicho trabajador respondía a la Gerencia Colegiada.

El 3 de noviembre, comentan las veedurías del municipio que se realizó un recorrido con una persona que, ante ellos, se habría presentado como trabajador del nivel central, para exponerle las presuntas fallas del nuevo acueducto, optimistas de que, al no responder ante Laguna, pudiera realizar una mejor actuación.

“Nosotros no teníamos conocimiento que esa persona iba a venir, pero por casualidad nos enteramos de su presencia; así que aprovechamos y fuimos con él a la planta de tratamiento, a la captación, a la línea de conducción y pudimos explicarle nuestras inquietudes”, dijo Sepúlveda.

El veedor relató que el funcionario, al escuchar todo ello, decidió por iniciativa propia, visitar la comunidad y corroborar la situación: “en ese sentido estuvimos en la Urbanización Juanal, en el Parque Minuto de Dios, en Bosque Popular, en La Esperanza, en Las Victorias y por la vía nacional, donde se encuentran los restaurantes, los cuales manifestaron su inconformismo por la falta de agua”.

Según aseguraron varias personas a EL NUEVO DÍA, en esa ocasión, a diferencia de otras, se pudo hacer una adecuada medición del caudal, ya que la misma fue realizada mientras operaba únicamente la nueva línea de conducción, sin la interferencia de la vieja línea de asbesto cemento. De esa forma, dice Sepúlveda, se pudo constatar que el litraje por segundo fue menor del que se había prometido en los diseños, lo que implicaría que tan pronto se obligue a usar exclusivamente el nuevo acueducto, los armeritas guayabalences se verán expuestos a una emergencia por falta del líquido.

“El funcionario se pudo dar cuenta que esos 45 litros por segundo (l/s) prometidos y diseñados, no llegan a la planta de tratamiento, y esa tubería, que supuestamente es una optimizada con diseños hidráulicos y con una consultoría, no cumple con las expectativas, pues cuando nosotros volvimos en la tarde a la planta de tratamiento, se volvió a verificar y el caudal marcaba 27.28 l/s”.

No obstante, el optimismo y la expectativa que sintieron por el buen accionar del funcionario, se convirtió rápidamente en indignación, pues según su versión, días después descubrieron que el ingeniero viviría en Ibagué y trabajaría para la Contraloría Colegiada del Departamento. 

“Quiero que quede claro que esa persona nos dijo mentiras, afirmando que venía de la CGR (Bogotá). Ahora estamos indignados, ya que fue un abuso de confianza el que cometió con nosotros. Resulta que en realidad era mandado por Lina Laguna para que arreglara todas las cosas de la forma en que siempre las han arreglado, es decir, sesgadamente”, aseveró Benjamín Castañeda, veedor de Auditoría Visible.

Por último, Castañeda asegura que el Informe que la entidad viene adelantando desde hace un tiempo, aún estaría entre ‘Apertura’, y la opción que él considera más probable: ‘Archivado’.

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