En el marco del conversatorio denominado ‘Minería, territorio, y contexto’, organizado por la Red de Coordinación Ambiental y el Colectivo Ambiental de Rovira, que se llevó a cabo el pasado viernes en el auditorio Los Ocobos de la Universidad del Tolima, en la capital tolimense, afloró, entre los presentes, preocupación en torno a lo que podría acarrear el contrato de Exploración y Producción (E&P) que suscribió el Gobierno del entonces presidente Iván Duque con la multinacional francesa Maurel & Prom Colombia B.V.

¿Cómo se gestó el contrato? 

Es de mencionar que el 18 de enero del presente año, el Gobierno nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y el Ministerio de Minas y Energía, firmó 30 contratos de la Ronda Colombia 2021.

Tal espacio correspondía al cuarto ciclo del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA), y derivó en la adjudicación de 30 áreas a siete empresas interesadas en adelantar actividades de exploración y producción de petróleo y gas en el país, asunto que representa una inversión de más de 148 millones de dólares.  

Así pues, Ecopetrol, Parex Resources, Lewis Energy, Frontera Energy, CNE Oil 6 Gas, Hocol y Maurel & Prom Amérique Latine, lograron adjudicarse áreas ubicadas en zonas como Arauca, Cauca, Huila, Cesar, Boyacá, Magdalena, Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Vichada, Sucre, Córdoba, Casanare, Meta, Bolívar, Norte de Santander, Santander y Tolima.

En el radar

Durante la visita realizada por Diego Mesa Puyo, entonces ministro de Minas y Energía, al departamento, a principios de julio de este año, no solo comentó a EL NUEVO DÍA que “cuando llegamos en 2018 el país llevaba cinco años sin firmar nuevos contratos petroleros; en estos cuatro años hemos firmado 69 nuevos contratos”, sino que trajo a colación, a grandes rasgos, el área localizada en la ‘Tierra Firme’.      

 “Incluso en Ibagué esta semana hubo una socialización de la ANH con los alcaldes, porque uno de los bloques asignados de la Ronda Colombia 2021 queda en Tolima”, mencionó en su momento el exfuncionario.

Partiendo de tal afirmación, este medio envió un cuestionario a la Agencia Nacional de Hidrocarburos con el ánimo de conocer más detalles al respecto. Fue así como la entidad indicó que: “Durante la Ronda Colombia 2021 la ANH adjudicó a Maurel & Prom Colombia B.V., el área denominada VSM 4 con una superficie de 97.051 hectáreas (ha), en la que se adelantará un contrato de exploración y producción (E&P)”.

Asimismo, señaló que el valor aproximado de inversión en dicho proyecto, que tendrá incidencia en municipios como Ibagué, Ortega, Espinal, Guamo, Valle de San Juan, San Luis, Rovira y Coello, es de US$3.764.660.

Vale recordar que el área está localizada en la cuenca del Valle Superior del Magdalena, situada en el valle que forman las cordilleras Oriental y Central, y sus recursos prospectivos estimados son de 580 millones de barriles, según la ANH.

‘Vistazo’ al contrato en cuestión

En el portal web de la Agencia Nacional de Hidrocarburos reposa un documento referente al contrato de exploración y producción de hidrocarburos para el área VSM 4, donde aparece Iván Villegas Trujillo en condición de Apoderado Especial de la multinacional francesa, con fecha de firma del 21 de enero de 2022.

En tal oficio, en el capítulo I, en relación al objeto del mismo, se manifiesta que el contratista adquiere el derecho a explotar los yacimientos de hidrocarburos de propiedad del Estado que se encuentren en el subsuelo del área contratada y (....) a producir los hidrocarburos (...)”.

Igualmente, se advierte que si durante el periodo de exploración, o en la ejecución del programa de evaluación, se llega a la conclusión que en el área existe prospectividad para acumulaciones de hidrocarburos en rocas generadoras, el contratista “debe informarlo por escrito a la ANH, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha en que concluya tal prospectividad, y acompañar los estudios que soporten sus conclusiones”.

Etapas

La fase preliminar tiene una duración de hasta 24 meses, que se cuentan a partir de la fecha de suscripción del contrato y hasta la fecha efectiva. Entre las obligaciones durante la fase, descritas en el Anexo C del documento, está el hecho de iniciar, dentro de los primeros noventa días calendario o comunes, a partir de la suscripción del contrato, los trámites de verificación y certificación sobre la posible presencia de grupos o comunidades étnicas en la zona de influencia de las actividades de exploración.

En caso de resultar afirmativo, la multinacional debe adelantar las consultas previas a que haya lugar. A su vez, tiene un plazo de quince días calendarios tras la obtención de la certificación de presencia de comunidades étnicas, para “someter a la ANH a un cronograma con el detalle de las actividades” que se plantean desarrollar durante la fase preliminar, así como los tiempos previstos para adelantarlas.    

En cuanto al periodo de exploración, este será de seis años, contados desde la fecha efectiva. Además, se divide en dos fases de 36 meses cada una. Para ello es necesario que presente un plan que indique las actividades e inversiones asociadas a estas.

Entretanto, el periodo de producción tendrá una duración de 24 años, a partir de la fecha en que la Agencia reciba de la compañía la declaración de comercialidad. Igualmente, dentro de los tres meses siguientes a la presentación de dicha declaración, Maurel & Prom Colombia B.V. entregará a la ANH el plan de desarrollo inicial que contendrá, entre otros, “el mapa con las coordenadas del área de producción; el cálculo de reservas y de la producción acumulada de hidrocarburos”.

Como también el “el esquema general proyectado para el desarrollo del campo, que incluya una descripción del programa de perforación de pozos de desarrollo, de los métodos de extracción; el pronóstico de producción anual de hidrocarburos y sus sensibilidades”.

¿Qué pasa en caso de un hallazgo?

El aviso de descubrimiento, conforme a lo establecido en el oficio, debe acompañarse de un informe técnico, el cual estará integrado por “los resultados de las pruebas practicadas, la descripción de los aspectos geológicos y los análisis efectuados a fluidos y a rocas (...)”.

En caso que el contratista considere que tal descubrimiento tiene potencial comercial, podrá llevar a cabo un programa de evaluación.  

¿Qué hay de la comunidad?

En el anexo A del oficio se indica que el contratista debe diseñar y desarrollar Programas en Beneficio de las Comunidades (BPC). Así las cosas, los recursos para el desarrollo de dicha cuestión deberán “corresponder como mínimo, a suma equivalente del uno por ciento de las inversiones detalladas en el Plan de Exploración para el periodo de exploración, de sus modificaciones y prórrogas”, reza en el documento.

Responsabilidad ambiental

Solicitar y conseguir las licencias ambientales para la realización de las operaciones de exploración, evaluación, desarrollo y producción, corresponde a la compañía. Toda vez que sin la “aprobación de los estudios de impacto ambiental y expedición de las licencias ambientales correspondientes (...) el contratista no podrá iniciar la respectiva actividad”, señala el oficio.

Las inquietudes

De acuerdo con Alcira Tavera Luna, integrante del Colectivo Ambiental de Rovira, se llevó una ‘gran sorpresa’ al conocer, a través de la nota publicada por este medio el 10 de julio, que Rovira hacía parte del bloque petrolero que había sido adjudicado.

Con el ánimo de conocer más sobre el proyecto, contó que recurrieron a un derecho de petición. Así lograron que el mandatario Diego Andrés Guerra, quien les habría manifestado que no asistió al evento de socialización del proceso que adelantó la ANH, compartiera el documento que habría presentado en aquel momento la multinacional Maurel & Prom Colombia B.V.

Precisamente uno de los puntos que hace parte de tal documento consiste en la fase exploratoria, particularmente el Programa en Beneficio de las Comunidades. Allí se habla de reuniones de presentación de la multinacional como operador del contrato ante un área de influencia que definen como: Juntas de Acción Comunal, organizaciones de base y ONG’s.

A su vez, se plantean tres fases para el PBC. La primera, de diagnóstico participativo, la siguiente en relación a planeación participativa y la última concerniente a formulación y aprobación del PBC. 

No obstante, en su concepto, hay cierta inquietud, pues en lo que respecta a Rovira, por ejemplo, no tienen conocimiento que ya se haya efectuado un diálogo con respecto a esos temas con la comunidad. 

En cuanto a si ya se han llevado a cabo acciones en el terreno, acotó que en el caso de Rovira “aún no, hemos estado pendientes de esas zonas, que son las colindancias con Ibagué, Valle de San Juan y Ortega”.

Y agregó: “Rovira es encanto de manantiales, es decir, hay mucha agua, y cualquier exploración de esta dimensión pues va afectar las aguas subterráneas, todo lo que hay en el municipio en riqueza ambiental”.

En ese orden de ideas, destacó que espacios como el conversatorio terminan por generar conclusiones que permiten analizar qué acciones poner en marcha ante el polígono. “En Coello están a la espera de la respuesta a un derecho de petición sobre ese tema”, apostilló.

Sin embargo, expresó que en los otros municipios donde tiene incidencia el proyecto, en su concepto, al parecer “están más bien quietos”, frente a ello. Adicionalmente, dijo que existe temor en caso de que el proyecto se realice por medio de fracturación hidráulica, también conocida como fracking.

Según reseña en su página web, Maurel & Prom es una compañía francesa de exploración y producción de petróleo y gas con actividades en África, Asia, Europa y América.

Conforme a información del portal web de la ANH el contrato ya está en ejecución y se encuentra en la fase preliminar.  

“Estamos frente a ese ‘monstruo’ que nos va a dejar las aguas envenenadas, la biodiversidad y todo lo que está dentro de ese contexto van a desaparecer” - ALCIRA TAVERA LUNA. Integrante del Colectivo Ambiental de Rovira.

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