Se buscan los diseños pagados a Inpro para el acueducto complementario

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
La justificación a las modificaciones y adición en 34 millones de pesos, se firmo después de que el Ibal expidiera el certificado de disponibilidad presupuestal para hacerle este ajuste al contrato.

¿Se perdieron los 118 millones de pesos pagados a Inpro Ltda. para el acueducto complementario? 

Esa es la pregunta que surge tras revisar el expediente completo del contrato firmado en 2007 entre el Ibal y el mencionado grupo de ingeniería y proyectos.  

En la empresa de acueducto y alcantarillado  (Ibal) no aparecen los resultados de tales estudios, a pesar de que sí existe acta de liquidación del acto contractual.   

Pero ¿en qué incide la desaparición de estos documentos en el proyecto del acueducto?  

Para el abogado Orlando Arciniegas, apoderado legal del Consorcio Acualterno, si existieran tales estudios en el contrato firmado por seis mil 296 millones de pesos, para la instalación de los 4.7 kilómetros de tubería, se tendría que haber omitido los ítems de ajustes y diseños de obra.  

“Los resultados de la consultoría firmada con Inpro no están en el Ibal, pero si estuvieran sencillamente no se habrían incluido en el contrato con Acualterno, el tema de ajustes y diseños.

Incluso, no se tendría que haber contratado estudios para la segunda fase.  

“Además, Inpro debería estar en este momento gerenciando el proyecto, haciendo lo que está ejecutando Acualterno en cuento a rediseños y el Ibal en lo que respecta a la compra de predios y legalización de servidumbres”.

El ‘paso a paso’ del acto contractual 

El 19 de julio de 2007 el Ibal firmó un contrato por tres meses con Ingeniería y Proyectos Regionales Limitada - Inpro Ltda. 

El objeto es “gerencia, asesoría y estructuración legal, técnica y económica precontractual, contractual y poscontractual de los procesos de contratación para el proyecto Acueducto Complementario del Ibal, para garantizar la autonomía e idoneidad técnica del macroproyecto”. 

El contrato firmado por el entonces gerente, José Adolfo Gómez González; Reynaldo Prieto Mendoza, gerente de Inpro Ltda.; y José Alberto Girón Rojas, como interventor, fijó como obligaciones del contratista: 

“Elaborar los estudios necesarios para llevar a cabo los procesos precontractuales, en los cuales se deberá precisar cantidades de obra, presupuesto oficial, rediseños de la bocatoma, desarenador y escala de conducción del bombeo, si fueran necesarios. 

“Estudios geotécnicos y geofísicos relativos a la estabilidad geológica de la bocatoma, planta de tratamiento y conducciones, con sus recomendaciones sobre sismorresistencia.  

Igualmente: “Trámites pertinentes para la legalización de servidumbres y compra de predios a intervenir en el proyecto, que implica actos administrativos que declaren la utilidad pública, y ordene la expropiación administrativa si fuera el caso. Escrituras públicas de compraventa de los predios comprados o donados y el trazado completo de la línea de conducción y sus respectivos inventarios de bienes afectados”.  

El acta de inicio se firmó el primero de agosto de 2007 y en dicho documento se fijó que el contrato terminaría el primero de noviembre.  

El 13 de septiembre se expidió la primera acta parcial.  

“Se reunieron la jefe de la División de Planeación, Sandra Milena Rubio como supervisor del contrato; Reynaldo Prieto, representante legal de Inpro; y José Alberto Girón, como interventor del contrato, con el propósito de suscribir la presente acta parcial, cumpliendo con los requisitos establecidos en el parágrafo tercero de la cláusula Quinta (...)”, dice el documento y hacen un resumen del contrato donde mencionan el valor del mismo, el balance del anticipo y el valor neto a cancelar, que, según el informe, fue de $24.986.508.75. 

Sin embargo, en esta acta parcial no se describe qué trabajos llevaban a la fecha. El 5 de octubre de 2007, 23 días después del acta Uno, se reúnen las mismas personas y expiden el acta dos. Pero, en esta tampoco se mencionan los trabajos ejecutados y nuevamente autorizan el pago de 24 millones 986 mil 508 pesos. (ver documentos escaneados). 

El 23 de octubre, a 10 días de finalizar el contrato, se suspende por problemas de orden público y difícil acceso al terreno. 

“El invierno no ha dejado ejecutar los trabajos de inventario y valoración predial”, alude el texto firmado por la supervisora, el representante de Inpro y el interventor.

“La plata no alcanzó” 

Para febrero de 2008, aparece un análisis de conveniencia para adicionar el contrato de consultoría en 34 millones de pesos, y un mes más, amparados en “la necesidad de completar los trabajos de levantamiento predial a nivel de campo para cada uno de los lotes en las fincas de propiedad privada, que serán cruzadas por la línea de conducción del proyecto. 

“Igualmente, se requiere elaborar el plan de manejo ambiental del proyecto específico de construcción, que constituirá la guía de protección y mitigación ambiental para los contratos de ejecución de obra civil del proyecto”. 

Pero, ¿acaso eso no hacía parte de las obligaciones del contratista? (ver recuadro objeto del contrato).  

Se presume que el Ibal en su momento no lo consideró así. 

Efectivamente, el 18 de febrero José Alberto Girón, quien dejó de ser el interventor del contrato y pasó a ser el nuevo gerente de la entidad, pidió al Jefe de la División Financiera una disponibilidad presupuestal para la adición. 

La solicitud se aprobó el mismo día, pero sólo hasta el 26 de ese mes se certificó por parte de la División financiera la respuesta favorable para la adición.  

No obstante, el 21 de febrero se firmó el acta de reiniciación, es decir que la adición se aprobó mientras el contrato estaba paralizado, lo que, a juicio del abogado Arciniegas, “no se podía hacer”. 

Este documento fue firmado por Harold R. Rodríguez, como jefe de la División de Planeación (e), y Reinaldo Prieto de Inpro, pero no por el gerente ni por el interventor.

“Vuelve y juega” 

El 17 de marzo se suspendió nuevamente el contrato por problemas en las mediciones y suministro de información en terreno, por parte de la comunidad involucrada en el proyecto. 

“En los lotes de propiedad privada donde se cruzarán las líneas de conducción del proyecto”. 

El 3 de junio se firmó el acta parcial número tres, pero en esa oportunidad tampoco se anexó los trabajos efectuados, pero se autorizó el pago de 52 millones de pesos.  

Al día siguiente, nuevamente suspendieron el contrato, esta vez por problemas en los permisos de servidumbres.  

El 7 de julio se reiniciaron los trabajos  y el día 11, José Alfredo Cabrera, jefe de División de Planeación, interventor – supervisor, y Reynaldo Prieto, de Inpro, firmaron el acta final. 

Sin embargo, ni en este escrito ni en el acta de entrega y recibo de obra, aparecen anexos o informes sobre la consultoría hecha. 

En el acta de liquidación del 6 de octubre de 2008, se hizo un resumen de las actas, y en reemplazo del gerente José Alberto Girón, firmó Jenny Madeleine Pomar Castaño, como gerente delegada.  

Y refirieron en el escrito: “La suscrita gerente delegada firma soportada en el informe técnico suscrito por el contratista del Ibal e interventor”. 

Y ¿qué pasó con el resultado de la consultoría contratada?. Según confirmó el ingeniero Ricardo Salcedo, jefe Operativo del Ibal, estos no aparecieron. 

“Este es un tema muy complicado, porque no teníamos la topografía del terreno, sin eso no podíamos tener las servidumbres ni instalar la tubería. Además, si se hubieran encontrado los estudios de esta consultoría, Acualterno no tendría que haber ejecutado rediseños”, puntualizó.

Documentos adicionales 

El 25 de julio de 2007, el Ibal expidió el certificado de registro presupuestal favorable para Inpro Ltda., y lo firmó José Ricardo Carraco Bachiller, como jefe de la División Financiera.El 26 de julio de 2007, el Ibal aprobó la póliza de garantía, expedida el 23 de julio por la compañía Liberty Seguros S.A., documento que firmó Germán Darío Fonseca, como secretario general. Esa póliza cubría el cumplimiento del contrato, manejo de anticipo, salarios, prestaciones sociales y calidad de servicio.

El 18 de febrero de 2008, el análisis de conveniencia de la adición indicó: “Es oportuno realizar la modificación 01 del contrato 074”, refirió el documento firmado por Harold Rosembert Rodríguez, jefe de la División de Planeación (e) de la época.El 22 de febrero de 2008, después de aprobada la adición firmaron las modificaciones del contrato. 

Y dejaron una nota: “El suscrito gerente firma soportado en la manifestación del interventor y el supervisor del Ibal”, pero el análisis de conveniencia no apareció firmado por el interventor.

Obligaciones del contratista

1. Elaborar los estudios necesarios para llevar a cabo los procesos pre-contractuales, en los cuales se deberá precisar, cantidades de obra, presupuesto oficial, rediseños de la bocatoma, desarenador, escala de conducción del bombeo, si fuera necesario.

2. Entregar los estudios geotécnicos y geofísicos relativos a la estabilidad geológica de la bocatoma, planta de tratamiento y conducciones, con sus recomendaciones sobre sismo resistencia. 

3. Trámitar pertinentes para la legalización de servidumbres y compra de predios a intervenir en el proyecto, que implica actos administrativos que declaren la utilidad pública y ordene la expropiación administrativa si fuera el caso. Escrituras públicas de compra venta de los predios comprados o donados, y el trazado completo de la línea de conducción y sus respectivos inventarios de bienes afectados.

Credito
ANA LUCÍA RIVERA Q. REDACCIÓN EL NUEVO DÍA

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