Acualterno acudiría a instancias judiciales para dirimir conflicto jurídico en 'A. Complementario'

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
El Ibal y Acualterno aún no se ponen de acuerdo sobre cómo se van a ejecutar las obras que hacen falta en la fase uno del proyecto.

El consorcio Acualterno liquidaría unilateralmente el contrato para la instalación de los 4.7 kilómetros de tubería, en la fase Uno del Acueducto Complementario y acudiría a instancias judiciales para reclamar el cumplimiento del acto contractual y el desequilibrio económico.

Según dio a conocer el Ibal, ayer en sesión del Concejo, la Junta Directiva de la empresa le propuso a los contratistas una adición del 50 por ciento del contrato de seis mil 290 millones, es decir unos tres mil 148 millones de pesos, pero Acualterno no lo aceptó. ¿Por qué?

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Orlando Arciniegas, apoderado del mencionado consorcio refirió que no están pidiendo una adición del contrato, sino que la reclamación se encamina al cumplimiento del objeto contractual pactado. 

Especialmente en aquellos asteriscos que dentro del acto quedaron con un precio informativo. 

Pero, ¿por qué razón Ibal y Acualterno no se han puesto de acuerdo? 

En el acta de la Junta Directiva del Ibal, efectuada en septiembre, se discutió el tema jurídico, técnico y económico del contrato 060 de 2001, (instalación de los 4.7 kilómetros).

En esa oportunidad Arciniegas, argumentó que “el contrato era uno solo y cuesta 16 mil millones de pesos (…) y se exige una posición por parte de la Junta”. 

En esa ocasión, Félix García Motta, miembro de la Junta también intervino, “es peligroso tomar una decisión frente a la situación planteada sin la suficiente claridad jurídica, porque personalmente no voy a autorizar al gerente a que supere los montos de adición actualmente permitidos por la ley y el manual de contratación de rige a la empresa”.

Entonces surge la inquietud sobre esta evidente diferencia de conceptos jurídicos. 

Sin embargo, Arciniegas sostiene que ”Los abogados del Ibal no tienen ni idea donde están parados. Porque ellos, vienen diciéndole a la Junta que en el Ibal se aplica la Ley 80 y ese es el primer gran error”.
Mencionó: “Los contratistas no se pueden supeditar a que el Ibal le cambie las condiciones al contrato.

“Además que se ve el desconocimiento en materia jurídica frente al mismo alcance del contrato y las cláusulas que se pactaron”.

En cuanto a la posible liquidación del contrato 060, el abogado refirió que “si no existe un acuerdo frente a lo que se pactó, el Ibal está incumpliendo y el contratista tiene derecho a acudir a las instancias judiciales, pero estamos esperando la respuesta de la empresa”.  

En la sesión 

En su intervención durante la sesión del concejo, el cabildante Camilo Delgado leyó los tres planteamientos expuestos por el abogado Orlando Arciniegas en la reunión de Junta Directiva del Ibal, celebrada en septiembre.

“Yo pensé que los buenos oficios del abogado Arciniegas habían surtido efecto y logrado ese 50 por ciento adicional, pero no (…).

Y agregó: “El valor del contrato se incrementó por cuenta de unos errores en los ítem que fueron incluidos allí, porque entre otras cosas, no existían unos diseños de detalle; pero curiosamente, los gestores de esa situación, los que promovieron la adjudicación de un contrato con estas irregularidades ahora le están haciendo veeduría”. 
 ¿Y la interventoría?

Las obras en la fase Uno del Acueducto están paralizadas por falta de interventoría (responsable es Fonade), no obstante, en un informe presentando por el Ibal al Concejo se menciona que “teniendo en cuenta la adhesión al convenio 197045, mediante el cual el Municipio garantizó los recursos para interventoría, Fonade contrató por la metodología de fábrica de interventoría al consorcio MSD.

“Y se firmará acta de inicio una vez aprobada la reformulación 04, presentada ante el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico”.

Liquidar el contrato o cumplir con el objeto contractual como lo reclama Acualterno es una decisión que tendrá que anunciar el Ibal, sin embargo, algunos concejales en diálogo con EL NUEVO DÍA, expresaron su preocupación ante un posible detrimento patrimonial. 

Credito
ANA LUCÍA RIVERA Q.

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