La polémica ‘auditoría’ de Arciniegas sobre el Acueducto Complementario

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
Un contrato del 2007, que no se ha liquidado por un supuesto desequilibrio contractual, presuntas irregularidades en las convocatorias y en la ejecución de algunos contratos para el Acueducto Complementario de Ibagué, son algunos de los aspectos mencionados en la ‘auditoría’ entregada a EL NUEVO DÍA por parte del abogado Orlando Arciniegas Lagos.

El punto de partida del documento presentado por Orlando Arciniegas fue la reclamación de desequilibrio contractual, por parte del consorcio Bocatoma 2007, el cual suscribió un contrato con el Ibal para las obras de ingeniería y desarenador del río Cocora.

“No se encontró la liquidación de este contrato, entonces se interrogó al ingeniero Pedro Germán Contreras, representante legal del consorcio, quien expresó que la liquidación no se ha realizado porque cursa una reclamación ante el Ibal, por un desequilibrio económico causado por una situación ajena al contratista, por la inestabilidad de la vía de acceso al sitio de obra”, dice el escrito.

La información fue rectificada por la Secretaría General del Ibal. “Si existe una reclamación de este contrato, corresponde al reconocimiento de la ecuación contractual. Este fue sometido a un comité de conciliación prejudicial, pero se negó el reconocimiento”, sostuvo Ricardo Arroyo.

El presupuesto

El otro tema en el que se basó gran parte del documento tiene relación con los contratos de estudios para el Acueducto; partiendo por la presentación del presupuesto que el Ibal hizo en 2006, donde se dijo que la etapa uno (ver recuadro de presupuesto 2006) costaría $33.511.095.370 millones de pesos, y la segunda casi $30.941.819.630, para un costo total del proyecto de $64.452.915.

“Si tomamos la cifra correspondiente a las obras de bocatoma, desarenador y conducción del k0 + 000 al k12 + 700, por $16.600.216.350 y le restamos el costo de la reparación de la bocatoma y desarenador de 2007, (contrato 160) por valor de $1.584.747.284, obtenemos que para esa fecha el valor previsto para la conducción de 12.7 kilómetros era de $15.015.469.066, sin incluir los costos de las obras de mitigación y protección.

“De los $15.015.469.066, le restamos el valor de la tubería de $10.100.000.000 (contrato 087), quedan $4.915.469.066 para la conducción de los 12.7 kilómetros. A esta cifra debería agregársele el valor de todos los accesorios para los 12.7 kilómetros estimados hoy en $4.477.559.395, lo que significa que lo presupuestado inicialmente tendría un alcance tan solo para la compra de la tubería, accesorios y no para realizar la instalación de la misma y las obras de protección y mitigación”, indica el escrito.

Entonces, ¿Se hicieron mal los cálculos? ¿Por qué no se incluyeron las obras de mitigación? y ¿Quiénes fueron los responsables de proyectar el presupuesto?

En una recopilación de documentos que están en poder de EL NUEVO DÍA, se evidencia que en el documento que se le presentó al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, (periodo del exalcalde Rubén Darío Rodríguez), el Ibal en cabeza de Ancízar Carrillo Reyes, mencionó un presupuesto de $59.778.518.379, proyección que fue firmada por Aristóbulo Justinico Ortíz, entonces Jefe de Planeación del Ibal.

No obstante, el Director Operativo del Ibal, Ricardo Salcedo dijo que el proyecto del Acueducto Complementario con fuente alterna del río Cocora se formuló en 2007, pero que a la fecha se ha reformulado cuatro veces, basados en presuntos análisis técnicos y financieros, por eso en este momento el valor total de las obras superan los 64 mil millones de pesos.

En cuanto a las obras de mitigación de impacto ambiental, Salcedo indicó que, “en mesas de trabajo con Fonade (el interventor), se definió que las obras de mitigación e impacto ambiental las tenía que ejecutar directamente el Municipio”.

De todas formas, se recuerda que el 20 de diciembre de 2010, el Ministerio de Ambiente en una carta enviada al exalcalde Jesús María Botero, le advirtió que el Municipio entregó un documento muy general, donde se describían las posibles justificaciones en el aumento del presupuesto con relación al avalado inicialmente por el Gobierno nacional.

“No nos parece prudente el incremento propuesto”.

Contrato por contrato

En 1994 en la gerencia de Heriberto Hernández Contreras, la firma Estudios Técnicos SA, firmó con el Ibal el contrato 380 por $389.938.647, pero de acuerdo con el estudio del ingeniero Germán Orlando Rivera; el objeto del contrato no se cumplió a cabalidad.

“La empresa requería que los planos se establecieran a nivel de diseño para las obras de captación, desarenador y conducción, pero a pesar de ello, esta auditoría en el análisis técnico debe señalar que los estudios geológicos fueron superficiales, además no se contemplaron obras de protección y mitigación a la evidente amenaza geológica de los flujos de lodos, movimientos en masa y derrumbes en las laderas del cañón del río Cócora”.

y agrega el escrito: “Para agilizar la evaluación técnica de los estudios fijaré mi atención en tres temas, geología, hidrología e hidráulica”.

“En el diseño hidráulico, los planos que Estudios Técnicos S.A. entregó para la construcción, carecían de detalles para el diseño de codos y accesorios necesarios para la debida compra de la tubería, tramos rectos, tubos largos, tubos cortos, codos, chaflanes; en la parte geológica se hizo una descripción muy general de la cuenca del río Cócora, no se tuvo en cuenta las condiciones de estabilidad de taludes, movimientos en masas.

En este punto, el Director Operativo del Ibal respondió que entre 1994 y 1997 Estudios Técnicos ejecutó el contrato, “pero que los diseños se tuvieron que actualizar a las normas RAS 2.000 Y NSR 98”. En cuanto a la presunta carencia de detalle en los diseños para la compra de los codos y accesorios, Salcedo refirió: “Desconozco por completo el proceso”.

Aquí existiría un ‘choque’ de conceptos, pues vale recordar que el 16 de febrero de 2007, la entonces ministra Leyla Rojas Molano, en un oficio enviado al exalcalde, Rubén Darío Rodríguez informó sobre la viabilidad del Acueducto Complementario, en sus aspectos técnico, económico, financiero, ambiental, social e institucional.

Lo que a juicio de algunos conocedores del proyecto, iría en contra vía del concepto del la ‘auditoría’ en mención, “pues si el proyecto se hubiera presentado incompleto, no se hubiera viabilizado”. En la ‘auditoría’ también se dijo que los estudios realizados por Estudios Técnicos, no eran idóneos para la compra de tubería ni para la construcción de las obras.

“La calificación de la firmas Estudios Técnicos S.A. e Hidrotec, en 1995, influyó en gran medida en el Ingeniero José Alberto Girón Rojas, quien ha defendido vehementemente la calidad de ellos. Sea la oportunidad de invitarlo a releer el informe de Ingeomeinas de 1998, que califica los estudios como incompletos y superficiales”.

¿Qué dice el estudio de Ingeominas?

Ingeominas en abril de 1998 le entregó al Ibal un documento titulado: “Concepto técnico sobre los estudios de factibilidad y diseño para el Acueducto Complementario de Ibagué.

En dicho escrito, se indica que el trabajo elaborado por la firma Estudios Técnicos SAS, no estuvo suficientemente documentado en aspectos de geología, hidrología, geomorfología, geotecnia y amenaza geológica.

Incluso, señala que la descripción geológica fue “extremadamente pobre”, al igual que la parte geomorfológica tectónica.

Contrato de Inpro

En 2005 el Ibal en gerencia de Alfredo Bocanegra firmó un contrato con Inpro Ltda, y según el acta de revisión de adjudicación, que cita la ‘interventoría’, “Mario Alfredo Díaz Granados, en la oferta de Inpro aparecía como Ingeniero hidrólogo, pero en la otra oferta, de la firma Gradex aparecía como socio.

“Debieron ser anuladas las dos ofertas, pero extrañamente no se presentaron observaciones del otro oferente Cipresa, en cuanto a las inhabilidades de Inpro y de Gradex. El comité de evaluación despreció esta notable irregularidad”.

En lo que respecta a la ejecución del contrato, las actas y cuentas de pago parciales, se mencionó que carecieron del debido soporte.

Contrato 065

En 1997 durante la gerencia de Jaime Corredor Arjona, el Ibal adjudicó un contrato con Hidroelectric de Colombia Ltda. para la construcción de la bocatoma, obras de protección laterales sobre taludes, caseta y obras para la operación del sistema.

“La auditoría encontró que el contrato no se ejecutó totalmente, debido a una creciente del río Cócora que causó socavación a la bocatoma y desarenadores, por esto y de común acuerdo entre el contratista e Ibal decidieron liquidarlo en el estado en que se encontraba a la fecha del 24 de febrero 1998.

Además, “se evidencia en documentos por parte del contratista, la errada localización de la bocatoma y desarenador en un sector colindante con una antigua falla que llega hasta la cima de la montaña y afecta las estructuras en construcción, esto obligó a suspender el contrato y diseñar las obras de protección requeridas”. Frente a este concepto, el ingeniero Salcedo dijo no saber nada sobre dicho contrato con Hidroelectric.
 

“En la orden de pago número 81 de 01/02/2006 y la número 1370 de 13/12/2005, cuyos originales reposan en el archivo de la Secretaria General,  se comprueba la falta de soportes para los pagos parciales y final.

“No hay evidencia de la supervisión del contrato, el ingeniero Aristóbulo Justinico Ortiz  aprobaba,  firmaba actas y ordenaba el pago sin verificar los requisitos de ley y establecido en el contrato en la cláusula sexta donde establece claramente los requisitos para el pago de las cuentas”.

Aunque, la Secretaría General del Ibal no esclareció este punto: “En esta dependencia no reposan órdenes de pago correspondientes a las vigencias 2005 y 2006”. Esta pregunta también se le trasladó al Director Operativo, pero en el derecho de petición, la duda no fue resuelta. 

Posteriormente, a este contrato (065), se le  hizo una adición  por cerca de 75 millones de pesos. “El análisis de conveniencia es claro al definir la necesidad de ajustar los diseños a la norma Nsr 98”. 

Sin embargo, el objeto del contrato adicional tuvo por objeto una revisión en cuanto a su cuenca, a las curvas hidrológicas, a las condiciones geomorfológicas, de las estructuras diseñadas  para el transporte de agua cruda  por la zona del cañón del río Coello-cócora, a los caudales de aportes en épocas de estiaje, la escorrentía superficial y subterránea y las aportaciones de aguas a la fuente superficial.

“En el informe del interventor se menciona una sucinta descripción de actividades del contratista en cinco o seis párrafos, (…), no indica nombres y tiempos laborados por profesionales, técnicos y auxiliares, equipo empleado y demás detalles de soporte para justificar el valor del acta  y el pago de la cuenta”, afirmó el documento.

El  interventor  fue José Alberto Girón, quien  en diálogo con esta redacción sostuvo  “esta es una afirmación faláz y mentirosa”. 

“Mi función era revisar que el contratista ejecutara los trabajos y entregara los productos respectivos, con el aval del supervisor que estaba en un nivel superior al mío (…) pero en esta carpeta del contrato 088 hay un acta que dice que efectivamente entregaron los soportes. 

“Es que como interventor cumplí con mi deber de presentar las actas y aprobarlas conforme se solicitaba con relación al contrato. Además, las actas de liquidación fueron firmadas por el gerente de la época, Ancízar Carrillo”. 

La ‘auditoría’ también menciona  que “teniendo en cuenta el concepto de Ingeominas el Ibal debió establecer como objeto del contrato 088/2005, estudio geológicos locales, zonales detallados y la geomorfología, con el objeto de localizar y definir las zonas de movimientos en masa, inestables, derrumbes y demás, así mismo dimensionar y diseñar las obras correctivas.

“A la fecha de liquidación del contrato 088/2005 no existen estudios a nivel de diseño que permitan iniciar trámites de compra o construcción de obras. Revisados los archivos y el  centro de documentación del Ibal, los estudios no se encuentran en la Empresa. 

“Conforme a las actas de recibo y liquidación los ingenieros Aristóbulo Justinico Ortiz, en su calidad de supervisor y José Alberto Girón Rojas, como interventor, son las únicas personas que tuvieron contacto con los documentos supuestamente entregados por la firma Inpro Ltda.

Frente a la pregunta sobre el acta de pago del contrato 088 de 2005, el Ibal no respondió nada en el cuestionario enviado.

Pero, ¿Qué interés pudo tener  Justinico o Girón en desaperecer los estudios?, o ¿Acaso la responsabilidad es del Ibal porque existieron intereses de volver a invertir recursos en el pago de estudios?

Segundo contrato de Inpro 

En 2007 el Ibal firmó otro contrato con Inpro, en esta oportunidad José Alberto Girón inició como interventor y luego pasó a ser el gerente de la empresa.

La ‘auditoría’ mencionó en cuanto al objeto del contrato: “Es de advertir que no se cumplió con el mismo pues sin lugar a equívocos quienes deberían estar hoy al frente del proyecto es el contratista Inpro Ltda.

“Además no  cumplió con las obligaciones pactadas en la cláusula décima tercera obligaciones del contratista, que señalan las siguientes actividades: elaborar los estudios necesarios para llevar a cabo los procesos pre-contractuales, en los cuales se  deberán  precisar las siguientes informaciones y entregar los siguientes productos: cantidades de obra, presupuesto oficial, rediseño (elaboración de planos modelaje a escala del rediseño, rediseño de la bocatoma modelaje o escala de la conducción y del bombeo si fuere el caso y las conducciones.

Así como: “planta de tratamiento, estructuras de bombeo si fuere el caso (junto con las memorias de cálculo y planos), rediseño del desarenador, rediseño de la línea de conducción, si fuere necesario previo visto bueno del diseñador, modelaje a escala del desarenador, estudios geotécnicos y geofísicos relativos a la estabilidad geológica de la bocatoma, planta de tratamiento y conducción, con sus recomendaciones sobre sismoresistencia”. 

En esta parte, Girón refirió: “el contrato  074 tenía un término y como yo era interventor, cuando pasé a ser gerente,  por ética delegué en la Secretaría General de la empresa como gerente ad hoc para que se entendiera de ese contrato. 

“De eso hay unas actas de recibo y de liquidación no firmadas por José Alberto Girón, sino por los funcionarios que se delegaron en su momento. Eso tenía un término de cuatro meses y que se alargó a  seis, además,  la concepción de la gerencia era para la etapa precontractual, para preparar pliegos, hacer la valoración de ingeniería predial, eso se cumplió, con base en eso, es que se pudieron sacar las licitaciones públicas”.

¿Existen o no existen los estudios de Inpro?

Es claro que el Ibal firmó dos contratos con Inpro, uno en el 2005 (071) y otro en el 2007 (088). Para el caso del acto contractual 071, la ‘auditoría’, concluyó: “ninguno de los tres proponentes cumplía con los requisitos de la experiencia específica, relacionada con estudios. El Ibal adjudicó violando la contratación y los principios de transparencia. Inpro no cumplió con lo pactado en el contrato”.

Y en caso del contrato 088, refirió: “Desde la convocatoria, el proceso estaba dirigido a que Inpro se lo ganara. Y el estudio de conveniencia no obedeció a la necesidad que arrojó la revisión planteada en el informe de Ingeonimas. No hubo interventoría, ni supervisión del Ibal”.

¿Qué tan acertadas son estas conclusiones?, al preguntarle a Ricardo Salcedo sobre la existencia de los estudios de Inpro, dijo “conozco algunos de los estudios que ejecutó Inpro, (estudio hidrológico, planta de tratamiento Boquerón), entre otros”.

En la dirección de Control Interno del Ibal, ante el mismo cuestionamiento refirió: “Según indagaciones que se realizaron por parte de esta oficina sí existen, se conocieron oficios mediante los cuales se relacionan estudios realizados por Inpro en 2005 y 2007, y se encuentran bajo custodia de la Secretaría General, se anexa oficios”.

Sin embargo, en el anexo que hizo esta dependencia se indica que los cálculos de presupuesto para contratación de obras y suministros, así como los pre-pliegos para suministro de tubería están sin planos. (Ver foto documento oficial -estudios de Inpro). En el otro anexo, se indica que el estudio de Inpro del 2005 está pero sin planos. 

Aquí vale la pena reseñar, una serie de documentos, por ejemplo; el 4 de junio de 2007, Aristóbulo Justinico Ortía, jefe de la División de Planeación, en un escrito dirigido a José Alberto Girón, le decía: “Le solicito que entregue la totalidad del proyecto realizado por la firma, Inpro, en el cual usted fue interventor, ya que dicho proyecto no aparece en el Centro de Documentación ni recibido en esta Dirección”.

Pero, en la resolución 630 del 26 de agosto de 2010, el Ibal mencionó la existencia de los estudios de Inpro, además, el 8 de octubre de 2009, en un informe de seguimiento de la Contraloría municipal, se volvieron a citar, pero recomendaron: “El estudio realizado por Inpro en el 2007 debió ser una extensión del estudio realizado por Estudios Técnicos de 1997, y no volver a ejecutar un estudio completo que ya se tenía”.

Y en  la citación que el 3 de julio de 2009, el Concejo de Ibagué le hizo a José Alberto Girón, en cuestionario de respuesta, figura el anexo de los estudio de Inpro, aunque sin especificar si los de 2005 o 2007.

Ante este panorama de cruce de documentos es difícil establecer si los dos estudios de Inpro, se entregaron en su totalidad al Ibal. Esa deberá ser una tarea de los órganos de control. 

De otro lado, esta redacción ha intentado establecer  el monto total, que tanto Ibal, Municipio y Gobierno nacional ha invertido en un proyecto, que hoy brilla por su atraso. Pero esa es una duda que se intentará despejar en la edición de mañana. 

La tubería 

En 2009 se contrató el suministro de tubería y la ‘auditoría’ menciona que “Estudios  Técnicos S.A. no realizó un diseño hidráulico, solamente hizo un trazado planta perfil, Inpro Ltda debía realizar un diseño detallado para licitar la adquisición de la tubería, no lo hizo. Luego es claro que el Ibal desconocía el número y valor de los codos y accesorios.

“Con repetitivas mentiras, respuestas evasivas y falacias técnicas, el Ibal adquirió un bloque de tuberías rectas, sin accesorios, que hoy son motivos de sobrecosto”.

En este aspecto, el ingeniero Ricardo Salcedo respondió que en el 2010, se reunieron los documentos necesarios para iniciar al proceso licitatorio de los primeros 4.7 kilómetros de conducción entre la bocatoma y la planta de Boquerón, por no encontrase un estudio hidráulico y topográfico completo y actualizado, “por ello, se procedió a contratar dicho estudio y formó parte de los estudios de soporte del contrato 060”.

Y agregó: “Para realizar la compra de la tubería, los planos que se entregaron fueron los que describen la conducción, elaborados por Estudios Técnicos. En cuanto a los diseños de Inpro, se encontraron unos planos en planta, faltando los planos de perfil de conducción.“Sumado a ello, para la compra de la tubería, sirvieron como base para su presupuesto, el inicio y terminación del proceso de compra, planos elaborados por Estudios Técnicos. 

Mientras que los diseños que debía ejecutar Inpro y específicamente, los relacionados a la conducción, solo se encontró el plano en planta”.

Presuntas irregularidades del contrato con Inpro del 2007.

1 En la licitación de 2007 Inpro, presentó un RUP del 23 de octubre del 2006, vencido a la fecha de presentación. La licitación debió declararse desierta. Del folio 1235 al 1246 y del folio 1275 al 1250, amerita una revisión jurídica a los actos proferidos por el Ibal. 

2 Esta auditoría (dice el documento de Arciniegas) encuentra que el Ibal deliberadamente modificó el cronograma buscando habilitar a la firma Inpro Ltda, le adjudicó el contrato a pesar de no cumplir con los requisitos de experiencia mínima específica. Los documentos aportados por Inpro como experiencia específica (folios 784 a 794) ninguno cumple con los requisitos de los pliegos. 

3 Revisando la historia del archivo (refiere el escrito entregado por Arciniegas), se encontró que el archivo fue creado el 27 de noviembre de 1996, fecha que corresponde a la liquidación del contrato 380/1994 con Estudios Técnicos, “luego las cantidades corresponden a un proyecto con serias deficiencias técnicas, que Inpro Ltda, debió corregir en los contratos 088/2004 y 074/2007 y no lo hizo, incumplió, sin embargo el Ibal continuó con el proceso utilizando información falsa”.

Credito
ANA LUCÍA RIVERA Q.

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