Obras de Acueducto Complementario generan presunto detrimento

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
El órgano de control concluye que la actuación de la Administración municipal violó los principios de planeación, transparencia, responsabilidad, selección objetiva y eficiencia de la contratación estatal.

La Contraloría General de la República determinó cuatro hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria, dos con presunta responsabilidad fiscal por valor de 658.4 millones de pesos y uno con incidencia penal por la firma del contrato 060 entre el Ibal y el consorcio Acualterno el 8 de noviembre de 2011.

El informe emitido, expone que una de las faltas graves fue la adjudicación del contrato sin los estudios y diseños para la instalación de los 4.7 kilómetros de tubería que incluye un túnel de 90 metros y accesorios de 36 pulgadas.

Según la Contraloría, los estudios previos constituyen un deber que la Alcaldía de Ibagué debió cumplir antes de la apertura del proceso licitatorio, con el objetivo de dar certeza a la relación contractual y la disponibilidad de recursos.

Señala que no debe generar duda, y que la situación presentada por la falta de los diseños generó inconvenientes en la ejecución de la totalidad de las obras.

Además, el no incluir los precios reales de los insumos permitió la ejecución de trabajos no contemplados, modificaciones en cantidad de obra y en las condiciones técnicas pactadas en un 290 por ciento.

Así, el órgano de control determinó que con estas irregularidades el costo total de ejecución de la primera fase pasó de seis mil 296 millones de pesos a costar 18 mil 289 millones.

La Contraloría General señala una primera alerta, ya que los recursos involucrados que aún hacen falta por girar podrían ser destinados al pago de actas de obra sin ejecutar los trabajos, los costos resultantes por la inclusión de los asteriscos en el contrato que aumenta en cerca de 12 mil millones de pesos el proyecto y de no culminarse, un detrimento por la totalidad de los recursos ya invertidos.

Fonade

La Contraloría establece que Fonade tenía la obligación de llevar a cabo el acompañamiento a los procesos precontractuales y la ejecución de la interventoría que no efectuó de forma adecuada.

Resalta que la interventoría inició el 9 de junio de 2008 y sin embargo, solo empezó labores el 2 de diciembre de 2011.

Y añade que el residente de obra de interventoría no cumplía con la experiencia específica mínima de cuatro años y tampoco la dedicación 100 por ciento a las labores de supervisión tal y como esta redacción lo hizo público.

Falta de Gestión

En el informe se resalta que los recursos girados por el Viceministerio de Agua dejaron de ser ejecutados de forma oportuna, reformulando el proyecto en tres oportunidades y estando a punto de una cuarta por falta de planeación y ausencia de un diseño definitivo.

La obra que fue viabilizada en 2007, suscribió contrato en diciembre de 2011 con inicio de ejecución en 2012 y a la fecha no se han culminado los trabajos.

La Contraloría señala que existe un saldo en la fiducia administrada por la Previsora de dos mil 409 millones de pesos, ejecutándose a la fecha tres mil 942 millones, recursos que son propios del Ministerio de Medio Ambiente.

Según el informe, el presunto detrimento se genera debido al costo de oportunidad en que el dinero permaneció inactivo y, a pesar que generó rendimiento, no cubre los gastos que el Estado debe asumir en el mercado de capitales ni el costo social de postergar las satisfacción de las necesidades básicas.

IBAGUÉ

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