En el espacio que es compartido por los residentes para guardar sus vehículos funciona un establecimiento comercial, separado por una reja de hierro de la zona de parqueo, que está destinado a la venta de llamadas telefónicas, Internet y papelería.   

De acuerdo con Salazar, la inconformidad se genera porque los copropietarios del edificio no han dado autorización alguna para instalar el local ya que es una zona residencial. En un documento dirigido al Inspector Segundo de Policía el pasado 23 de julio, el quejoso dio a conocer la situación y solicitó “realizar las diligencias pertinentes con el fin de lograr el cierre del establecimiento”.

EL NUEVO DÍA intentó conocer el pronunciamiento del Inspector correspondiente para establecer qué medidas se tomarán al respecto; sin embargo, no se pudo lograr comunicación.