Las comparaciones suelen ser odiosas, pero en el caso de hacer un paralelo entre las obras de la plaza Murillo Toro y las de los Nule en Bogotá, aunque suene increíble estos célebres primos saldrían bien librados.

Mientras un 50 por ciento en el incumplimiento de la ejecución del proyecto de la calle 26 fue excusa suficiente para declararse la caducidad del contrato, la Gobernación del Tolima no ha tomado acciones contra los contratistas, pese a que el consorcio Megaparques sumaría un incumplimiento del 85 por ciento.

El hecho del avance de los trabajos en sólo un 15 por ciento se lo advirtió el contralor del Tolima, Freddy Camacho Díaz, al gobernador Óscar Barreto Quiroga el pasado 23 de agosto.

El memorando lo emitió seis días antes de que la directora de Planeación departamental, Elvia María Garzón, citara a una rueda de prensa el pasado lunes.

Allí la funcionaria no aclaró la situación ni reveló detalles de la complicada realidad, pero sí dejó en el aire muchas más preguntas sobre el proyecto (ver recuadro), del que ya EL NUEVO DÍA había denunciado en reiteradas ocasiones su parálisis.

El resultado de los cálculos de la Contraloría del Tolima no son los mejores. Entre el inicio de obra el 5 de enero de 2011, y el 22 de agosto, “han transcurrido 230 días calendario, de los cuales 87 días, un 38 por ciento”, han estado suspendidas las obras.

El plazo del contrato es de 150 días, por lo que a esa fecha ya estaba agotado el 95 por ciento del plazo, con 143 días.

Precisa el órgano de control departamental que según el informe de interventoría número 03, del 15 por ciento de avance de los trabajos una fracción de 8.7 por ciento se trata de labores preliminares.

Es de recordar que EL NUEVO DÍA informó en ediciones anteriores sobre el estancamiento del proyecto en la ejecución de movimientos de tierra.

Quedó registrada la gran cantidad de los mismos en los recibos de entrada de escombros al Botadero municipal, de los cuales remitió copia a este medio de comunicación la Gobernación mediante un derecho de petición.
Ahora se sabe también que uno de los ítems no previstos era el pago por la disposición final de escombros y para solventar este y otros problemas con los precios de obra habrían efectuado una reformulación del proyecto.


Maniobra poco clara
 

La Contraloría pidió al Gobernador que implementara acciones correctivas para evitar la pérdida de los recursos invertidos, pero en la anterior rueda de prensa a la que citó la Administración seccional Elvia María Garzón Pacheco, directora de Planeación departamental, no aclaró la maniobra utilizada para salvar el que no se sabe aún si fue un presunto incumplimiento por parte de una de las firmas que conforman el consorcio Magaparques.

Entonces es incierto si, como se ha rumorado, el Departamento permitió que el socio incumplido le cediera a los otros el proyecto, lo cual sería complejo, pues de ser cierto significaría que la capacidad de contratación actual del consorcio podría ser menor a la que inicialmente demostró al licitar, al ya no contar con el patrimonio de una de las partes.

Las alternativas
 

A esta altura de incumplimiento por parte del consorcio la Gobernación podría tener la alternativa de declarar la caducidad del contrato e iniciar otro, con las demoras que representaría, pero con la garantía que significaría castigar a los contratistas con la inhabilidad para comprar pólizas y firmar otros actos contractuales.

Es de recordar que el mal manejo del anticipo podría tener otras implicaciones para los contratantes, pues pese a no ser funcionarios públicos podrían verse inmersos en un proceso disciplinario, al ser particulares que cumplen funciones públicas.

No obstante, según conoció EL NUEVO DÍA, la vía más usual de los entes territoriales para manejar estos desaguisados es apelar a un trámite administrativo para reclamar los dineros haciendo valer la póliza de garantía del buen manejo del anticipo.

Sin embargo, en caso de declararse un contratista insolvente los dineros serían prácticamente irrecuperables. Lo inquietante para el caso de la obra en el parque Murillo Toro es que la directora de Planeación y ordenadora del gasto, Elvia María Garzón, no planteó ni la caducidad ni la vía administrativa como salidas, pero anunció en rueda de prensa que aprobaría una adición presupuestal al consorcio Magaparques.

“Esta semana vamos a conocer los requerimientos de los nuevos adicionales a cargo de la interventoría”, expresó a los medios de comunicación. La responsabilidad del atraso la achacaron de manera única al representante legal de Magaparques, Julio César Moro Bustos, como si este actuara como un ente desligado del consorcio, pese a que hace parte integral del mismo.

En Megaparques figuran la compañía Invercor, William Parra Olaya, Pedro Julio Garzón, Faber Chavarro y Luis Fernando Hoyos, quienes habrían firmado para terminar las obras un nuevo compromiso del que no se conocen los pormenores, y nombraron al ingeniero Fernando Hoyos como nuevo representante legal. Al grupo le aprobaron un plazo adicional de 90 días calendario para concluir el proyecto.


En juego dinero de regalías
 

El contralor del Tolima, Freddy Camacho Díaz, confirmó que el ciento por ciento del dinero con que la Gobernación financia la renovación de la plaza Murillo Toro proviene de los giros por regalías de la Nación, lo cual hace desde ahora el tema es de resorte de otras instancias del control fiscal, dando traslado de los hechos, el pasado miércoles, al despacho de Myriam Socorro Montoya, gerenta Regional de la Contraloría General de la República.

“Iniciamos diligencias por las inconformidades públicas que se hicieron por las obras del Murillo Toro que están al frente a nuestros despachos. Hicimos una visita de naturaleza fiscal y en la diligencia nos dimos cuenta de que los más de mil millones de pesos son de regalías y de competencia de la Contraloría General”, puntualizó.  


La voz

La directora de Planeación departamental, Elvia María Garzón, se mostró reacia a hablar sobre el presunto incumplimiento del contratista y el arreglo con este para seguir con las obras. 

“Yo di una rueda de prensa el lunes en la oficina y expliqué todas las causales por las cuales el proyecto se había suspendido”, afirmó.

Luego de que este medio insistiera para que hiciera precisión sobre los hechos, dijo que el memorando de la Contraloría departamental era con relación al anticipo. “La obra que esté incumplida en un 85 por ciento, no sé, no lo he leído hasta ahora, porque el memorando de advertencia que envió la Contraloría habla del anticipo y ya está legalizado y no entiendo de lo que me está hablando”, aseveró. Negó que, como aparece en el memorando, el avance de obra sea del 15 por ciento, para ella es “del 36 por ciento”.  

Presidente de Cámara de Comercio, ¿”tranquilo”?
 

El presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Guillermo Espinosa, afirmó quedar “muy  tranquilo” frente a la obra y no mostró mayor preocupación por el aparente incumplimiento del 85 por ciento de la ejecución de las obras, en las cuales la entidad participó aportando los diseños y coadyuvando en la iniciativa.

No se refirió a los perjuicios que la demora está causando a los comerciantes del sector, incluída la misma Cámara de Comercio, cuyo edificio está justo al lado de las obras. No obstante, Espinosa sí justificó los retrasos en supuestos sucesos técnicos que acaecen en un contrato de ese tipo.

“La gente de Bogotá (el contratista) se ve que tiene experiencia y son serios”, aseveró. Respecto del informe de la Contraloría departamental dijo que “hay que leerlo un poquito con cuidado”.

“Los procesos de obra tienen unas bases y uno no puede poner la baldosa, que puede ser lo más caro del proceso constructivo de la plaza, hasta tanto no se hubiera hecho el alistamiento. Desde el piso de mi oficina tengo la oportunidad de mirar todos los días el avance y la plaza está casi en su integridad alistada para colocar la baldosa. Nosotros le hicimos el pedido al constructor para que nos habilitara para hacer la feria Maquila y Moda y nos dijo que no era que no quisiera entregar la obra, sino que para echar el baldosín me explicaron que no es que uno pueda alistar un pedazo e ir poniendo las baldosas porque no se puede. Yo  lo que creo es que esto tiene una explicación técnica”, finalizó.

 Estas son algunas ‘perlas’ en el desarrollo de la obra:

1 La suspendieron 24 horas después de iniciada: el 5 de enero de 2011 la Gobernación y el contratista firman el acta de inicio de obras y al otro día, el 6, acepta el Departamento suspenderlas porque no tenían información acerca del estado de las redes de servicios públicos

2. Sin licencia: el informe de interventoría 1409 de 2010 reseñó que no contaba con los permisos necesarios y aunque nombra la necesidad de licencia de construcción, la misma no aplicaría para obras en el espacio público, para lo cual sí necesitaría de otros avales como los emitidos por las secretarías de Planeación municipal y Tránsito. No obstante, la falta de licencia de construcción fue usada de excusa para la primera suspensión del contrato

3. Sin capacitar: la Contraloría no encontró registros de algún programa de capacitación para el personal del contratista. Así mismo, el campamento y los empleados no tenían la dotación completa, al parecer, al inicio del contrato  

4. Falta de planeación: otra observación que retoma la Contraloría de la interventoría es que requirió al contratista porque los niveles de las plazoletas se debían corregir y ajustar las placas y requería el lugar de rampas para discapacitados.

Este es el memorando de advertencia sobre las obras realizadas en la plaza Murillo Toro: