La Alcaldía decidió por cuarta vez consecutiva suspender el proceso de la licitación 024, para mantenimiento de vías en la ciudad.

La primera ocasión, se frenó para atender un requerimiento de la Procuraduría; luego vinieron dos suspensiones de la audiencia de adjudicación y su reinicio programado para ayer, lo aplazaron ahora para el próximo lunes, a las 8:00 de la mañana, en el despacho de la Alcaldía.

No es claro si la dilación tendría relación con la extensión de la respuesta a las observaciones publicadas recientemente, o para conjurar el señalamiento más delicado sobre la licitación, elevado por el consorcio Vías Ibagué 2011, a través del abogado Orlando Arciniégas.

Este pidió al Gobierno local que remitiera copia a la Fiscalía de las actuaciones del proceso contractual, al existir una presunta confabulación entre varios contratistas.

Primero, Arciniégas trajo documentos que relacionan a varios de los consorcios participantes, entre ellos los más opcionados, al certificar todos con un formato igual la propiedad de una máquina “finisher”, propiedad de la misma persona.

Segundo, explicó que para incidir en la calificación de las propuestas, los interesados suelen dejar documentos sin anexar, para poder hacerse descalificar y que cambie la fórmula porcentual, para beneficiar a uno de ellos.

Negó solicitud

En un segundo documento de respuesta de la anterior audiencia de adjudicación, fechado el 13 de septiembre, la Alcaldía  niega la petición de Orlando Arciniégas, sobre remitir copia del proceso a los entes de investigación al no existir, para el Municipio, ninguna anomalía.

Señala que si bien es cierto que en los pliegos de condiciones no estableció un formato único para la disponibilidad de maquinaria, esto no impedía “el ofrecimiento de una misma maquinaria por diferentes proponentes”.

La Administración además alega que es de conocimiento público la escasa disponibilidad del aparato en la zona.

Califica la situación como una “confusión” que se desprende de una causal de rechazo del pliego de condiciones.

Dice que cuando se compruebe confabulación entre los interesados, entendida esta como el acto de ponerse de acuerdo dos o más de ellos “para perjudicar a terceros” o al Municipio.

“Los miembros del comité no consideran que la presentación de documentos similares o iguales entre proponentes, como el caso del formato de disponibilidad de maquinaria, se constituya en un documento que perjudique a aquellos que ofrecieron la maquinaria en un formato diferente”, contestó la Alcaldía.

Tampoco piensa que la situación vaya en contra del estatuto anticorrupción, al hablar este de alteraciones ilícitas del procedimiento contractual lo cual, dice, “no se evidencia”, por lo que, para el Municipio, no hay conductas penales, que ameriten correr traslado del proceso a la Fiscalía.

No obstante, le indican a Orlando Arciniégas que puede instaurar directamente las denuncias pertinentes, lo que el abogado ya había anunciado que haría, indicando ayer a EL NUEVO DÍA que el próximo lunes, en la audiencia, revelerá nueva información sobre la licitación.

EN SÍNTESIS

La 024 hace parte de un paquete con otros dos procesos, el 025 y 026, de las últimas obras de reparación vial de la actual Administración, a la que le resta cuatro meses para terminar su periodo. Todas han recibido cuestionamientos y se han presentado a las mismas prácticamente los mismos ingenieros que conforman los consorcios proponentes. Los tres proyectos suman aproximadamente tres mil millones de pesos y el Gobierno local debe ejecutarlos en los cuatro meses que restan de periodo, es decir, el declinar estas e iniciar otras licitaciones implicaría una demora, lo cual hace difícil de descifrar si la Alcaldía se arriesgaría a no adjudicarlas la próxima semana.

DATO CURIOSO

Dos nombres llaman poderosamente la atención dentro de la lista de proponentes de la licitación 024. Uno es Luis Fernando Botero Londoño, y el otro, José Ricardo Peñaloza, los dos contratistas del fracasado proyecto Corredor Cultural de la calle 10, que hoy sigue en litigio por defectos en su construcción. Botero Londoño fungió como administrador delegado de la obra y Peñaloza como su interventor.