Continúa el pulso entre un grupo de contratistas de la ciudad y la ordenadora del gasto y secretaria de apoyo a la Gestión, Martha Peña, por la adjudicación de los últimos tres contratos de vías en medio de señalamientos de supuestas irregularidades.

La funcionaria suspendió la firma del inicio de todos los contratos, por cerca de tres mil millones de pesos, argumentando que la decisión sobre la petición de revocatoria de la adjudicación interpuesta contra el proceso 024 afectaría a las otras dos licitaciones 025 y 026.

La batalla sostenida por la Alcaldía y los ingenieros, en últimas, está arrojando como única víctima a la comunidad, que en el mejor de los casos verá en 2012 sus calles pavimentadas, por los atrasos en los procesos contractuales.

La licitación 024, por mil 301 millones 551 mil 288 pesos, fue adjudicada al consorcio RR, de Juan Carlos Ramírez, bajo los cuestionamientos del ingeniero con el segundo mayor puntaje, Manuel Ovalle, quien entabló el recurso.

Este último quedó fuera al momento en que la Alcaldía le aceptó subsanar a RR la documentación pendiente, según lo denunció Ovalle, después de que iniciara la audiencia de adjudicación, cuando dicho trámite debería hacerse antes.

La posibilidad de subsanar hasta justo antes del pronunciamiento de adjudicación lo defendió Martha Peña durante la última audiencia, pero abrió la posibilidad de que pudiera darse el mismo tratamiento en las otras dos licitaciones 025 y 026.

En estas resultaron ganadores quienes no figuraban como los más opcionados, pues pudieron subsanar documentación a último minuto.  Es así como la 025 quedó en manos del consorcio Vial Ibagué 2011, representado por Magally Reyes Patiño, y el 026 a Torregom 26, representado legalmente por Héctor Torres Suárez.  

Ambos cuestionaron también el manejo que la había dado la Alcaldía al proceso 024.


La apoderada del consorcio Vías Ibagué del ingeniero Manuel Ovalle, negó que fuera su intención que con base en la petición de revocatoria directa del contrato 024, la Alcaldía decidiera suspender el 025 y 026. 


Explicó que las razones para controvertir la adjudicación del 024 fue que el representante legal del consorcio ganador, RR no presentó la documentación completa sobre personal y seguridad social.


“Demostramos que Juan Carlos Ramírez tenía 80 empleados a su cargo y subsanó sólo documentos de nueve de estos; por consiguiente faltaban 71 personas por acreditar sus pagos al día que corresponde”, indicó. 

De otro lado, manifestó que las actas de las últimas audiencias no reflejan lo que realmente pasó en las mismas, y pidió la copia de las grabaciones. “Allí podemos encontrar que contrario a lo que ocurrió con el consorcio RR, que sí fue habilitado con documentos incompletos, fueron rechazados por esta misma razón tres propuestas más, pero no lo refleja el documento publicado”, indicó. 

Al preguntársele cómo interpretaba la actuación de la Alcaldía en la suspensión de los otros contratos, manifestó que en un término de 10 días hábiles debía el Municipio llamar a los consorcios a firmar su inicio. 

“Ocurrió que la Alcaldía no se pronunció, simplemente no esperaba la solicitud de revocatoria y necesitaba salir de algún lado avante con la posición que adoptó durante las tres licitaciones. Entonces, ¿qué hicieron? Nadie supo dar razón durante los 10 días siguientes a la adjudicación pero el 11, vencido el plazo, se pronunció la Alcaldía y miró si la revocatoria de la 024 afectaba la decisión de la 025 y la 026 pero son procesos totalmente independientes y la administración los tuvo en una misma cadena”, finalizó.    


En trámite

La secretaria de Apoyo a la Gestión, Martha Peña, dijo que la solicitud de revocatoria directa del acto administrativo de adjudicación de la licitación 024 sigue en trámite. 

“Se necesita dar traslado al directo perjudicado, el consorcio RR. Cuenta con cinco días hábiles para pronunciarse y el documento debe ser analizado por parte del equipo jurídico, con el resto de argumentos que ya se están esbozando, en la oficina de contratación para tomar una decisión”, dijo.
 La funcionaria agregó que el pasado viernes, cuando vencía el término para que el representante del consorcio RR presentara las observaciones, encontraron que el jueves en la tarde la apoderada del consorcio Vías Ibagué, había radicado nuevamente un escrito adicional a la solicitud de revocatoria. “Toca correr de nuevo traslado al consorcio RR para que presente sus observaciones, y estamos nuevamente en términos”, afirmó.

¿Efecto colateral?

Al respecto de la suspensión de la firma de los contratos 025 y 026, la funcionaria dijo que el documento que aporta la abogada como prueba para solicitar la revocatoria abre la posibilidad de tener que obligar al retiro de la propuesta del consorcio RR de las licitaciones 025 y 026, y que, llegado el caso, obligaría a un nuevo cálculo de las fórmulas de calificación para determinar el ganador. 

Martha Peña negó categóricamente que la decisión sobre los otros dos contratos fuera una maniobra para incidir en los consorcios que cuestionaron la 024, pero se quedaron con la 025 y 026. 

“La palabra maniobra no está en mi vocabulario. Sencillamente, si hay un representante legal representado por un apoderado judicial que está poniendo en consideración de la ordenación del gasto y el comité evaluador un documento que afecta el cumplimiento de los requisitos de un oferente, que en este caso se benefició con el acto de adjudicación, mal haría el comité evaluador en mantener ese documento en las otras dos licitaciones; en ese caso estaríamos rayando contra el Estatuto Anticorrupción, cuando se nos pone de presente un documento que nos lleva a verificar el incumplimiento de los requisitos solicitados en los pliegos, que son la ley dentro de la licitación, y pasar el suceso de agache”, afirmó. 

Agregó que espera que por “el bien del Municipio”, que es el mejoramiento de la malla vial de los barrios, que los documentos portados por Sandra Magally Leal no correspondan a lo solicitado y los procesos puedan continuar su curso, para que  las obras arranquen “sin importar que sea A, B ó C el oferente al que le sea adjudicada la licitación”. Martha Peña comentó que recibieron una nota de la comunidad solicitando que las obras inicien de manera rápida. “Nuestro objetivo era que para diciembre, la mayoría de los barrios beneficiados estuvieran estrenando un entorno distinto, pero lamentablemente hay procedimientos del orden legal que no podemos vulnerar y apresurar sino que debíamos cumplir como señala la obra”, finalizó.

RECORDAR

El próximo martes, el Gobierno local anunció que se pronunciará sobre la revocatoria. Sea cual fuere el desenlace de la situación, los contratos tienen un plazo de ejecución de aproximadamente cuatro meses, y estamos a menos de tres meses de terminar el año. 

Es decir, sin contar el posible atraso de las pavimentaciones que podría originar la lluvia, los trabajos podrían extenderse más allá de enero de 2012, corriendo riesgo de que se desactualice el precio de las obras y la Alcaldía necesite adicionar dinero a los contratos.