Luego de cinco meses de agonía, por el cierre de 10 fábricas de ladrillo artesanal, el gremio de ladrilleros de Ibagué se reunió ayer en la Defensoría del Pueblo con el director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, y con el concejal Camilo Delgado para buscar una pronta solución.

El gremio fabricante se queja de que la Policía Ambiental obró irregularmente al sellar las instalaciones, puesto que según sus propietarios, la documentación está completa.

“Yo tengo mis papeles al día y la funcionaría que fue, junto con la Policía Ambiental me dijo 'usted no tiene licencia ambiental' y por eso procedió a realizar el cierre”, señaló Luis Dueñas, uno de los afectado por el cierre.

“Un cierre injusto”
Hace tres meses, Luis Dueñas, propietario de dos ladrilleras, ubicadas en el barrio La Florida y La Martinica, recibió la visita de integrantes de la Policía Ambiental, quienes le dijeron que el proceso de fabricación del ladrillo era contaminante para la naturaleza y procedieron a cerrar de manera preventiva las instalaciones.

“Como la mía son  más de 80 familias afectadas, que dependemos de este que es nuestro único sustento de vida”, indicó Dueñas.

El afectado también informó que existe inconformismo frente al manejo que se les da a las ladrilleras, puesto que ellos tienen títulos y el Ministerio de Minas y Energía llevó a cabo una delimitación que no corresponde a su predio.

Los mediadores
“Por una serie de problemas que desde el año pasado se le habían notificado a la Defensoría del Pueblo por parte de este grupo de fabricantes, se acordó una reunión con los diferentes estamentos, con los cuales se analizaron varios temas: Se escuchó a los mineros y después el director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, explicó los aspectos jurídicos, llegando a unas conclusiones y compromisos”, informó el Defensor del Pueblo, Santiago Ramírez.
 
Por su parte, Nubia Russi, directora de la Mesa Defensora de los Derechos Humanos, quien estaba acompañando a la Asociación de ladrilleros de Ibagué, Asoladrillo, pidió que se revisaran los procesos, puesto que la Policía Ambiental efectuó el cierre de las fábricas y decomisó equipos sin el debido proceso.

Russi resaltó que en esta labor que se lleva a cabo cada 20 días, la contaminación es muy baja, puesto que la elaboración del producto se hace de manera artesanal.

Los compromisos
1. Revisión de los actos administrativos de medidas preventivas de los 10 casos específicos en Ibagué.
2. Solicitar a la agencia minera copia de los títulos mineros en espera de PMA y confirmar los integrantes del plan de formalización.
3. Abrir la mesa de legalización conforme a la legislación nueva de la actividad ladrillera.
4. Discutir en el POT del municipio para fortalecer el plan de transición.
5. Suscribir un convenio de producción más limpia con todas las entidades.
6. Actualizar los títulos mineros con coordenadas erradas y solicitar corrección a la agencia de minas.

    “Ademas, se pretende entablar relación directa para iniciar un proceso de formalización con el ánimo de regularizar la productividad y lograr que se pueda ejercer la minería de forma más amigable con el medio ambiente”, resaltó el defensor del Pueblo, Santiago Ramírez.


Es un cierre preventivo para el beneficio de la comunidad
Un vocero de la Policía Ambiental informó que ellos no están autorizados para clausurar definitivamente una fábrica que genere contaminación atmosférica, como es el caso de las ladrilleras.
 
Lo que ocurrió en este caso fue una suspensión temporal de actividades, puesto que las operaciones generan un impacto directo al ambiente, debido a que en la quema de ladrillo se produce una gran nube negra de gran carga contaminante, que afecta a la población aledaña.

Además, el portavoz del ente de control indicó que a la par con la suspensión, se hizo un requerimiento a la Corporación Autónoma del Tolima para que verifique y sea esta quien tome las medidas correspondientes.

Dato

La mayoría de las ladrilleras están ubicadas en el Sur de la ciudad, Salado, La Florida, y la mayoría tienen título minero.


"La Policía Ambiental sin llegar a una conciliación, sin respetar un debido proceso, sin hablar con los afectados, quienes tenían la documentación, procedió a cerrar las ladrilleras".  Nubia Russi

Cifra

10 mil ladrillos al mes se han dejado de fabricar por el cierre temporal.