Los 202 millones 200 mil pesos invertidos en la compra del carro para el programa interinstitucional denominado 'Justicia Móvil', que se implementó durante la administración del exalcalde, Jesús María Botero, está arrumado.

El programa, según datos suministrados a EL NUEVO DÍA, funcionó hasta el 31 de diciembre de 2011, porque no se renovó el contrato entre la Administración municipal y la Policía. 
Desde entonces, el vehículo ha permanecido estacionado al “sol y al agua” en las instalaciones de la Policía de Carabineros.

¿Qué es Justicia Móvil?

El programa de Justicia móvil en Ibagué comenzó con la adquisición de una buseta, por parte de la Policía nacional, la cual se le entregó a la Alcaldía en comodato, a través de la secretaría de Gobierno (para ese entonces Edward Amaya Márquez era el titular).

El proyecto buscaba “hacer justicia en la ciudad, prestando servicios de comisaría de familia, jueces de paz, conciliadores, quienes recorrerían los barrios ofreciendo a los ibaguereños el servicio y la oportunidad de mejorar la convivencia.
“Además, los ciudadanos recibirían toda clase de servicios por parte del Ejército, DAS, Fiscalía, entre otros”, informó en esa época (2010), la Alcaldía a través de un comunicado de prensa.

Información que confirmó un exfuncionario, que pidió reserva del nombre.
”El programa estaba concebido para efectos de solucionar problemas de la ciudad. Para que las comisarias, las inspecciones de Policía pudieran trabajar en los problemas familiares, esto era un proyecto integral, en el que se articulaban todos los programas del Municipio.

“Pero, es una pena que una inversión de este tipo esté abandonada y que el carro lo tengan al sol y al agua”.

¿Qué pasó con el programa? 

De acuerdo con el coronel Fernando Murillo, comandante de la Policía Metropolitana, durante 2012 “no hubo oportunidad de legalizar el sistema, para el funcionamiento del vehículo”, ya que los elementos de movilidad de la Policía no se pueden entregar en comodato a la Alcaldía, ni mucho menos los pueden conducir personas que no pertenezcan a la institución.

“Yo, como comandante de la Policía Metropolitana conocí ese programa, pero tenemos que organizarlo, porque el carro se había puesto en comodato a la Alcaldía y eso no se puede hacer; es diferente cuando la Alcaldía o alguna institución pone en comodato un elemento de movilidad a la Policía nacional”.

El Coronel explicó que la Secretaría General de Bogotá está estudiando el caso.
“Estamos revisando el programa, porque sabemos que es bueno e importante, pero hay que darle una reorganización. 

“Primero debemos garantizar la legalidad, y segundo nos comprometemos a que este año nos vamos a sentar con la Alcaldía para que vuelva a implementar el programa”, dijo Murillo.

Y agregó: ”Tenemos que mirar con la Administración municipal cuál era la funcionalidad del carro, qué funcionarios eran los que lo utilizaban, cómo se trabajaba y cuál era el impacto que se estaba generando a nivel Ibagué”.

¿Qué dice la Alcaldía?

Según explicó, Germán Mesa, director de Justicia, existía un convenio entre Alcaldía y Policía, pero este no se renovó por varías razones, entre ellas, porque la batería de la buseta no servía. 

“La Policía nos informó que ellos la iban a arreglar. No obstante, todos los implementos y el equipamiento de por dentro, los tenemos nosotros.

“Pero, se debe hacer un nuevo convenio para el funcionamiento de la buseta, la idea es que se retome este año con la nueva contratación. Pues, muy seguramente, la gasolina estará a cargo de la Secretaría y el conductor, me imagino, será alguien de la Policía”.