Poco queda del lote baldío lleno de maleza que hace cerca de 16 meses era la vista posterior de los internos del centro penitenciario de Picaleña (Coiba).

Ahora se observan viviendas en esterilla y hasta en obra negra, siendo la nueva cara de este terreno que hoy es disputa del Gobierno nacional (Inpec) y al menos 260 familias que dicen ser los beneficiarios de un alma caritativa, Julio Newton Villa, un anciano que en sus últimos meses de vida vendió y parceló pequeños lotes de ocho de frente por 20 metros de fondo a personas necesitadas y carentes de vivienda.

Las personas que habitan en este lugar viven en la zozobra por la negativa, según ellos, de algunos funcionarios de la Administración municipal que se niegan a entrar a negociar el lote sobre el cual pesa una deuda por más de 80 millones de pesos.

Todo un ‘barrio’

Manuel Quiñones, quien puede ser calificado el albacea de Julio Newton Villa, hace aproximadamente dos años tomó posesión de una porción de este terreno.

Su casa cuenta con los servicios de energía, agua y alcantarillado. Como él, ya son casi 100 las familias que gozan de los mismos servicios.

De acuerdo con este hombre, con el Ibal se llegó a un acuerdo para la instalación de micromedidores y hasta el momento cancelan por el servicio de agua y alcantarillado como cualquier ciudadano de la ciudad.

“Nosotros excavamos, metimos la tubería y nos conectamos al tubo madre y a la caja que viene desde la cárcel, así es que muchas familias cuentan con el servicio de alcantarillado”, agregó Quiñones.

Orlando Medina es otro de los habitantes que dice haber comprado por 100 mil pesos a don Julio los derechos para adquirir un predio y construir su vivienda.

Según Medina, este mes Enertolima se habría comprometido a instalar los postes para legalizar las conexiones fraudulentas de las cuales gozan la mayoría de familias, para así iniciar con el pago de este servicio.

De acuerdo con los voceros de esta “invasión”, saben que este predio no es un regalo y que por tan poco dinero no pueden ser calificados propietarios del mismo.

Sin embargo, la solución que proponen es asumir entre todas las familias el pago del impuesto que adeuda el terreno y que a través del Gobierno municipal se llegue a un acuerdo para que se les entreguen escrituras y continuar con la construcción de sus viviendas.

Las labores que desempeñan las mujeres y hombres que habitan en este sector, van desde vendedores independientes hasta conductores de transporte público.

De acuerdo con los vecinos, es mentira que sean personas de mal vivir, es decir, que algunas de las mujeres se dediquen a la prostitución o sea intransitable por los denominados ‘viciosos’.

Las labores que desempeñan les permiten ir mejorando sus viviendas. De hecho, algunas ya cuentan con el levantamiento de paredes en ladrillo, pisos de cemento y hasta con antena de Direct TV para ver los partidos de fútbol y las tradicionales novelas.

Quiñones, cuya casa cuenta con teja de zinc, piso en cemento y paredes en madera ha invertido cerca de 10 millones de pesos en su mejoramiento.

Y así muchas personas han estado invirtiendo recursos para mejorar sus humildes casas.

Los caminos, aunque son rústicos, cuentan con asfalto o gravilla. Cuentan con tiendas y otros negocios para la subsistencia diaria.

Herederos vs. invasores

Las familias que habitan en el predio, ubicado en la parte posterior de la cárcel, dicen ser herederos de don Julio Villa. Sin embargo, solo 69 familias contarían con el recibo que el anciano, ya difunto, les entregó para poder tomar posesión del bien.

‘Milagro de Dios’ la componen dos asociaciones, Villa L, los verdaderos ‘herederos’ y la segunda que lleva el mismo nombre del barrio, pero cuyas personas lucharon contra los primeros desalojos de la Fuerza Pública y se han quedado para tomar posesión.

Algunos dicen habitar más de año y medio en el predio, otros menos meses, y al menos 48 familias llegaron hace aproximadamente 60 días, ubicándose en las primeras viviendas que colindan con el centro penitenciario de Picaleña.

Según Quiñones, el Inpec reclama 270 metros del bien, es decir, las primeras viviendas serían las que deben ser desalojadas.

Pero, de acuerdo con el secretario de Gobierno, William Castro, el predio pertenece al Inpec, por lo cual las autoridades deben retomar el inmueble. Así mismo, dejó claro que en su momento se les advirtió a estas personas quién era el titular del bien, por lo cual no debieron cancelar rubro alguno por el mismo.