Desde que los concejales Jorge Bolívar, Carlos Andrés Portela, Yuri Cuadros, Diana Jaydy Castro, Luis Alberto Lozano, Javier Mora y Ernesto Ortiz votaron afirmativo el proyecto para concesionar las fotomultas, en su primer debate, el terreno fue abonado para que la iniciativa fuera hoy acuerdo municipal.

Catorce cabildantes votaron ayer en segundo debate la inicitativa pese a las dudas de Camilo Delgado, Harold Lopera, Yuri Cuadros, Humberto Quintero y Luz Nelly Arbeláez, quienes hicieron reparos en el tema financiero y la conveniencia de implementar el sistema.

En un primer momento, Delgado expuso que el Municipio entraría a percibir solo un 26 por ciento del 65 restante que quedaría por concepto de lo recaudado en multas de tránsito, una vez se destinen los rubros concernientes al Simit y los CIA.

“Es decir, no va corresponder un 40% real a la ciudad, sino solo el 26% del total. Es esto un buen negocio para nuestra ciudad? Generará ingresos importantes para el Municipio o solo al privado?”, cuestionó.

Como segundo punto, controvirtió la idoneidad de quien efectuó el estudio de viabilidad técnica, pues no entendía por qué y con base en qué fórmula matemática propone un incremento anual (del 6.54%) de los comparendos, una inflación anual proyectada (4.50%) y la tasa de oportunidad (del 12%) al favor del contratista.

Y puso en entredicho por qué en el estudio aportado por la Secretaría de Tránsito no se entregó un sustento de por qué instalar 22 equipos en Ibagué si en ciudades como Bucaramanga, con 170 intersecciones viales, se efectuó un estudio que determinó instalar 30 cámaras de detección electrónica y en Medellín, ciudad con más de dos millones 400 mil habitantes, se implementó 40 cámaras.

Sobre los costos de los equipos, de cerca de tres mil 500 millones de pesos, indicó que obedecían a proyecciones y no a un estudio de mercado, por lo que a futuro “podría generar que se cambie el valor del contrato, la interventoría y las condiciones financieras del mismo”.

Un negocio rentable

La concejal Arbeláez propuso que mediante un crédito leasing el Municipio adquiriera los equipos y gerenciara los recursos que en un año, según las proyecciones, podrían ser solventados.

“El Municipio es una empresa donde podemos dar rentabilidad”, destacó.

¿Cultura ciudadana, dónde?

Por su parte, Lopera señaló que la ciudad no está preparada para estas iniciativas, ya que desde las anteriores administraciones no se destinó recursos para crear zonas azules, parqueaderos, cultura ciudadana y mejores vías.

“Las fotomultas entrarían a castigar a los conductores cuántas campañas se han hecho en Ibagué; no es arreglar a correa y fotomultas que se va a crear la conciencia ciudadana y la cultura en Ibagué”, expresó el cabildante.

“No hay personas idóneas ni recursos para que ibagué asuma el sistema”

La secretaria de Tránsito de Ibagué, Martha Pilonietta, inició su argumento para la concesión del sistema de fotomultas al indicar que “inafortunadamente Ibagué no tiene personas idóneas que manejen temas de fotodetección”.

Según la funcionaria, ni Medellín y Bogotá lo tuvieron, por esto licitaron el proyecto a un privado. Sumado a esto, Ibagué no podría asumir la inversión de más de cinco mil millones de pesos en equipos debido a que los tres mil 500 millones de pesos que, girados anualmente por la Administración, tienen destinación específica y la mayor parte se va en asuntos de inversión.

No se percibirán $80 mil millones

Según la funcionaria, a junio de este año se ha impuesto cerca de 16 mil comparendos y solo se han percibido dos mil 951 millones sin descuentos.

Pilonietta aseguró que en el país hay política de no pago y solo en etapa persuasiva se recupera el 20 por ciento de las multas impuestas.

La Secretaria también se escudó en decir que el 35 por ciento de lo recaudado irá al Simit y a los Cias por lo que, en el primer año, el Municipio podría percibir cuatro mil millones de pesos más, cifra nada despreciable “en donde no le veo un detrimento, o un negociazo”.

¿Pagaré en blanco?

Para los concejales Luz Nelly Arbeláez y Humberto Quintero, haber dejado que el artículo quedara de una manera tan amplia es como haber firmado un pagaré en blanco para que la Administración municipal entre a negociar directamente el porcentaje de ganancias que recibirá el Municipio por el concepto de las multas de tránsito.

Según Arbeláez, si como se establece en el informe de viabilidad, la participación del Municipio sería de un 40 por ciento y del privado de un 60 por ciento, que podría generar un posible detrimento, con el artículo aprobado el Alcalde de Ibagué podría definir que sería un 80/20, el mayor beneficio para el concesionario y el restante para las arcas del Estado.

La votación

Pese a la exposición de lo concejales que votaron negativo del proyecto, los cabildantes Ernesto Ortiz, Diana Jaidy Castro, Pedro Mora, Héber Humberto Sánchez, Yamel Rincón, Carlos Andrés Portela, Linda Esperanza Perdomo, Emiro Murillo, William Rosas, Jairo Villanueva, Luis Alberto Lozano, Jorge Bolívar, Carlos Jiménez y Javier Mora se motivaron a dar una vez más el ‘sí’ a la Administración.

Durante la votación de la ponencia, los concejales Delgado, Lopera, Arbeláez, Quintero y Cuadros votaron negativo la iniciativa, ya que no fueron aclaradas las dudas por parte de la Secretaría de Tránsito en el tema financiero, así como tampoco se cambió el tiempo para disminución de la concesión y la Secretaría de Hacienda no había avalado las proyecciones económicas del informe técnico.

Lo que causó también curiosidad y expectación fue el repentino cambio de discurso del concejal Pedro Mora, quien, a pesar de citar los contra de otras iniciativas implementadas en el país como en Medellín, terminó por aprobar, como la mayoría, el proyecto.

Catorce votos a favor y cinco en contra dio por definido que pudieron más los argumentos financieros del proyecto que las objeciones y problemas que acarreará para los conductores.

El articulado y proposiciones, ¿un salvavidas político?

Los concejales Jorge Bolívar y Carlos Andrés Portela se excusaron con que ellos propusieron reducir el tiempo de concesión a 10 años, iniciativa que al final fue abortada por los votos en contra, contando los cinco de los que siempre tuvieron coherencia con la negativa de implementar el sistema en la ciudad tal y como fue sustentado.

Por su parte, Pedro Mora se defendió al haber votado negativo el artículo tres del acuerdo, que debía establecer el porcentaje en que debían participar el Municipio y el concesionario y que fue rechazado.

Mora sugirió que el porcentaje por concepto de recaudo fuera 50 y 50, proposición que fue rechazada, pues el argumento se basó en que el cabildo no tenía las competencias legales y jurídicas para entrar a establecer un tema resorte del Ejecutivo, es decir, del alcalde Luis H. Rodríguez.