En el limbo ganancias del Municipio en concesión de las fotomultas

HÉLMER PARRA – EL NUEVO DÍA
Críticas recibió el alcalde Luis H. Rodríguez a raíz del estado financiero que sustenta el estudio de viabilidad técnica de las fotomultas. Según indicó, se está a tiempo de corregir lo que está mal.

En la socialización efectuada ayer por el alcalde Luis H. Rodríguez, en la Cámara de Comercio de Ibagué, fueron numerosos los cuestionamientos hechos por analistas financieros, abogados, periodistas y estudiosos de la academia al proyecto que dio sustento técnico a la iniciativa de las fotomultas.

El primero de ellos y que no logró desvirtuar ni argumentar la secretaria de Tránsito, Martha Pilonietta Rubio, fue el de los dineros que obtendrá el Municipio durante el primer año si se imparten 792 comparendos diarios, es decir, alrededor de 285 mil 120 anualmente.

Según la funcionaria, quien había indicado el pasado sábado que en el primer año se percibirían 12 mil millones de pesos, ayer replicó que la suma ascendería a los 17 mil 648 millones de pesos.

De acuerdo con las nuevas cuentas de la Administración, el 30 por ciento de los comparendos es desechado, es decir, 85 mil 536; de estos serían cobrables 189 mil 584, para un monto de 58 mil 827 millones de pesos, y de este valor solo el 20 por ciento se hace efectivo en cobro persuasivo, que daría una suma de 11 mil 775 millones. El cobro coactivo podría ascender a los 25 mil 777 millones.

Pero para Juan Pablo Sánchez las cifras no cuadran, porque como esta redacción lo expuso, el mismo estudio, efectuado por el ingeniero Alejandro Méndez Ramírez, señala que la cifra alcanzaría los 39 mil millones de pesos, obteniendo el contratista en un año la inversión de cinco mil 464 millones de pesos que debe ejecutar para la compra de los equipos y obteniendo unas ganancias cercanas a los 21 mil millones de pesos.

Entre tanto, para el analista político Juan Espinosa, la Secretaría de Tránsito desvirtuó y desconoció las cifras del estudio porque las maquilló en el Concejo, al cual le expuso una rentabilidad del 40 y 60 por ciento, cuando el contratista obtendría una del 382 por ciento.

Para Espinosa, es necesario que los concejales que votaron negativo la iniciativa demanden el acuerdo, no solo para reducir las facultades al Mandatario sino, además, para modificar el texto.

El abogado Manuel Arango recordó que el contratista recibirá más de un billón de pesos y lo grave es que no existe claridad y sustento en el estudio que la Administración salió a controvertir, aduciendo que se actuó de buena fé y que el mismo no es de obligatorio cumplimiento, pero sí deberá ser tomado en cuenta al momento de la construcción de los pliegos licitatorios.

¿Excusas?

La jefe de la cartera de Tránsito, pese a que defendió a capa y espada el proyecto en las últimas dos semanas, salió al paso ayer a las críticas argumentando que el escenario financiero planteado por Méndez Ramírez es demasiado positivo conforme con las cifras de recaudo actuales de la Secretaría.

Tanto la funcionaria como el Alcalde argumentaron, en su defensa, que no han sido pagados los 15 millones de pesos y que está sujeto a cambios el estudio.

Para los asistentes al debate, el soporte técnico está alejado de la realidad, por lo cual dejaría sin piso el acuerdo que otorgó las facultades pro témpore a Luis H.

“Me tomé el trabajo de revisar cifra por cifra, no estoy de acuerdo con los 39 mil millones de pesos. Actuando de buena fe, siempre en beneficio de la comunidad, y por eso nunca podría yo decir a que ese escenario es positivo”, aseveró la funcionaria.

Por su parte, el alcalde Luis H. Rodríguez, quien insiste en no creer que el contratista podría devengar casi un billón de pesos, dijo a favor de su defensa que no entregará una concesión en los mencionados términos.

“Nosotros no vamos a aprobar una APP para Ibagué si no es conveniente para la ciudad.

“Las APP no permiten este tipo de ventajas para el particular y están planteadas en la búsqueda de un equilibrio y no la aprobaría si no tiene un sustento jurídico”, dijo.

Con respecto al estudio, expresó que “acá ha quedado una serie de inquietudes. El estudio no se ha pagado, vamos a solicitar que nos aclaren todas las observaciones, si es cierto que se van a ganar un billón de pesos y si definitivamente está mal hecho y mientras no hayamos pagado, estamos en la posibilidad de decirle al contratista que lo corrija.

“Estos estudios que se contrataron es para justificar una concesión que hoy está en el camino, que es una APP, y en caso de negarlo, no habría alianza y buscaríamos otra alternativa”, concluyó.

Credito
EL NUEVO DÍA

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