La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República hizo un llamado al alcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez, para que tenga en cuenta la legislación presente antes de concesionar la administración de los recursos de las fotomultas a un tercero.

De acuerdo con la misiva firmada por el jefe de la cartera, Rafael María Merchán, con la entrada en vigencia de la Ley 1386 de 2010 las entidades territoriales no podrán delegar bajo ninguna modalidad en los particulares la administración, fiscalización, la liquidación, el cobro coactivo, la discusión, las devoluciones y la imposición de sanciones de los tributos por ellos administrados.

Y advierte que la norma deroga lo dispuesto en los artículos 7 y 160 de la Ley 769 de 2002, por la que el Concejo de Ibagué lo facultó para entregar a un privado la operación y administración de los recursos por concepto de comparendos por 20 años.

De igual manera, señala que la única forma de contratación que puede efectuarse es a través de proceso licitatorio y no otro, tal y como lo establece el estatuto de contratación.

Así, con esta directriz, se descartaría la suscripción y adjudicación del contrato mediante Alianza Público Privada, como en diversas oportunidades Rodríguez lo ha mencionado y estado a favor del convenio.

De otra parte, el documento revela a su vez las cifras presentadas en el informe técnico de viabilidad, entregado como soporte de la exposición de motivos, y los valores de recaudo expuestos por la Secretaría de Tránsito, el pasado 12 de julio, es decir, en la aprobación del acuerdo por parte del Concejo; se encontró inconsistencias por más de 26 mil millones de pesos.

Y agrega que en el estudio no se contiene el sustento que de razón a la distribución de las utilidades entre el 60 por ciento para el privado y el 40 restante para el Municipio, situación que podría generar un detrimento para el erario como lo expresó la Contraloría municipal en su función de control de advertencia.

La entidad del Gobierno nacional indica que si bien el Alcalde podrá actuar dentro de su autonomía administrativa, es necesario poner en consideración estas inquietudes expuestas, en aras de la transparencia y del control social tal como lo establece el estatuto Anticorrupción.