Y que la recibida por los afluentes de Peñaranda son una fuente alterna, continúan sin convencer al grupo de la Veeduría Agua para Ibagué (VAPI).

En un nuevo comunicado la veeduría advierte que aún con los 30 litros por segundos que se captarán, la infraestructura nueva y antigua no es suficiente, pues se requiere tratar 42 litros por segundo, sin tener en cuenta la cantidad de población que no será de mil 100, sino que se duplicará.

“El problema de fondo de este proyecto es que la oferta hídrica actual con toda su infraestructura antigua y nueva (30 L./seg.) no es suficiente para suplir la demanda actual (42 L./seg.) de los pobladores de este sector incluidos los usuarios antiguos y los nuevos usuarios, porque la diferencia como déficit de la oferta asciende a 12 L./seg. en condiciones actuales, obviando las proyecciones del incremento de la población y el crecimiento del sistema para atender las demandas futuras que conforme al R.A.S. deben proyectarse a 25 años”, advierte.

De igual manera resalta que “se está tratando de desviar la atención del suministro de agua potable de los multifamiliares El Tejar sobre variables que no tienen discusión, como son la cantidad de agua de las quebradas La Cristalina, El Rincón y Pontezuela, que en efecto suministrarán la cantidad de agua debidamente concesionada por Cortolima, que asciende a 19.8 L./seg., cuando la situación de fondo es que el proyecto aún con esta adición no supera los 30 L./seg., caudal insuficiente para la población total a atender tanto de los barrios Boquerón, Miramar y Ricaurte, como de El Tejar.

Para los voceros de la veeduría, “el proyecto continúa con todos los errores técnicos en cuanto a proyección de oferta y demanda, capacidad limitante del sistema, construcción de la línea de conducción de refuerzo, demanda neta y bruta de agua, pérdidas del sistema (que rondan el 60 por ciento, según lo informó la Superintendencia de Servicios Públicos para éste tipo de acueductos), redes de distribución, sistemas de macro y micromedición, tanques y capacidad de almacenamiento del sistema”.

Qué resta

La Veeduría Agua para Ibagué hizo un llamado a a la Administración Municipal para que en el menor tiempo posible se tome todas las acciones para corregir las falencias del proyecto puesto que de continuar en corto, mediano y largo plazos, el mismo está llamado al fracaso.

“Se continúa de frente al problema, tantas veces anunciado, sin que se tome las medidas urgentes y necesarias para corregir las inconsistencias y errores que esta veeduría ha denunciado, con el único propósito de que se corrija y se tome las decisiones técnicas y administrativas para que el proyecto realmente funcione y se le quite a la comunidad del barrio Boquerón semejante hecatombe ocasionada por la negligencia y la falta de atención institucional, a lo que se ha venido reiterando VAPI de manera respetuosa y con todos los sustentos técnicos”, concluye la misiva.

La responsabilidad de Acuaboquerón

La Superservicios indicó esta semana a través de su delegado, Leonardo Rojas, que la junta administradora del barrio Boquerón debe garantizar el suministro de agua que se comprometió a concesionar mediante la firma de disponibilidad hidrosanitaria que otorgó el pasado mes de abril. Además, agregó que el Estado no puede estar doblegado a un particular porque el interés general prima.

Pero para VAPI “no es más alejado de la verdad que se busque justificaciones inadecuadas endilgando la responsabilidad a terceros en éste caso a Acuaboquerón, a sabiendas que la Constitución Política de Colombia en su artículo 365 y siguientes establece que es responsabilidad del estado suministrar agua potable y administrar los servicios públicos domiciliarios, situación que le ha correspondido a Acuaboquerón atender debido a la negligencia y la falta de planificación de la Administración municipal, Cortolima, la Superintendencia de Servicios Públicos, entes de control y demás intervinientes institucionales del orden local”.

Para VAPI no es posible que en menos de un año se haya incluido a Acuaboquerón una estructura de carácter institucional “sin antes haber socializado, diseñado, planificado, estudiado y asignado los recursos para la solución definitiva de suministro de agua potable para toda la comunidad del sector incluyendo el nuevo proyecto de vivienda”.

“No se puede exigir a Acuaboquerón capacidad técnica, científica, institucional, operativa, comercial, ambiental, económica y financiera, entre otros, cuando son los entes locales que tienen estas capacidades para planificar y llevar a cabo este proyecto de manera ordenada, eficiente y eficaz”, advierte el comunicado.