El polémico ingeniero Alejandro Méndez Ramírez, quien ha estado en el ojo del huracán por la realización del estudio técnico que le dio sustento jurídico a las fotomultas y ser el interventor del contrato adjudicado al consorcio Presea, vuelve a ser noticia, esta vez, por ser quien supervisará la ejecución de los trabajos para la recuperación de la señalización vial en la capital.

La secretaria de Tránsito, Martha Pilonietta, confirmó que Méndez fue el único oferente que se presentó a la convocatoria licitada, antes de entregar el contrato para la ejecución de los trabajos a la Unión Temporal Seguridad Vial, integrada por Protección y Gestión del Tráfico y Protección Industrial, esta última, investigada y cuestionada por incumplir un contrato millonario en Bogotá.

EL NUEVO DÍA indagó con el director de Contratación, Jaime Daniel Salazar, quien argumentó que la licitación de la interventoría se efectuó mediante concurso de méritos y cuyo valor no superó los 60 millones de pesos.

Agregó el funcionario que este contrato había sido adjudicado el año anterior y está suspendido, debido a que la licitación de señalización fue declarada desierta en dos oportunidades.

Luego de indagar en el Portál único de Contratación, se evidenció que la única interventoría adjudicada y que cumpliría con el objeto del contrato adjudicado a la Unión Temporal Seguridad Vial para la demarcación vial, suministro, aplicación e instalación de la señalización horizontal y vertical y dispositivos de tránsito, fue adjudicada el 10 de diciembre de 2013 a favor del consorcio Interseñalización, mediante contratación de mínima cuantía. El valor del contrato no supera los 20 millones 800 mil pesos, pese a que la cuantía de las obras equivale a los mil millones.

¿Un ‘calachín’?

Tal y como aparece registrado en el Secop, el representante legal de Interseñalización es Albeiro Enrique Díaz Valera. Llama la atención que este registra la misma dirección de domicilio que la descrita por Méndez Ramírez, el 5 de agosto de 2013, para prestar la interventoría a las obras de adecuación y mantenimiento a todo costo al Centro de Comercio y Servicios, del Sena (Ver fotos).

Según lo expuesto por Pilonietta, “la interventoría se la ganó una empresa que está representada por el ingeniero Alejandro Méndez”. ¿A la funcionaria se le pudo escapar el nombre de Méndez Ramírez o Díaz Valera sería otro eslabón del ingeniero polémico de las fotomultas?

“Hoy me entero de que están siendo investigados”

La secretaria Pilonietta defendió el proceso de licitación que se adjudicó a Protección y Gestión del Tráfico y Protección Industrial, que fue sancionada a pagar cerca de mil 200 millones de pesos al Distrito por incumplimiento en el contrato para reponer más de 26 mil bombillas LED a la red semáforica de Bogotá.

“Hoy (viernes) me entero de que ellos están siendo investigados por la red semáforica de Bogotá; están investigados, mas no sancionados, hasta hoy toda la documentación de la empresa está habilitada para contratar y verifico con la noticia que leí en EL NUEVO DÍA que ellos están siendo investigados por un tema diferente, que es de semáforos. La administración ha actuado con toda la diligencia y la evaluación técnica que se presentó fue la adecuada y no podemos decir que fue un solo proponente porque se presentaron cinco empresas”, dijo la funcionaria.

Con respecto a la denuncia efectuada por un veedor, quien argumentó que uno de los cinco proponentes expuso los inconvenientes de Protección Industrial y que pese a esto le fue adjudicado el contrato, Pilonietta se defendió al decir que como vocera de la Secretaría de Tránsito no asistió al proceso de verificación.

“Cuando hacen la evaluación técnica y van los proponentes la Secretaría no asiste, nosotros asistimos ya a la adjudicación y no escuché en esta que se haya establecido algún tipo de investigación, pero a lo que sí se va es que si alguno denunció es normal que en los procesos de licitación quien pierda y crea que cumpla con los requisitos tiene toda la libertad de denunciar, es el ente de control el que determinará”.

“No hemos empezado ni el contrato. No hay ningún incumplimiento para la administración, hay muchos contratistas que tienen incumplimiento en otros contratos y no por eso, si no le han hecho efectivo el incumplimiento, no por eso no pueden seguir en el momento en que los inhabiliten para contratar con el Estado, pues ya sería peligroso que llegaríamos a adjudicar pero hoy tiene sus requisitos habilitantes para poder contratar”, concluyó Pilonietta.

La Voz del Experto

EL NUEVO DÍA consultó con una experta, quien aseguró que si la sanción impuesta es solo de carácter pecuniario y no penal, la empresa no tendría inconvenientes aún para contratar. Sin embargo, señaló que habría que revisar la decisión por la que la empresa fue sancionada y si se especifica su inhabilidad para contratar con el Estado.

Esta redacción consultó el Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio, donde se avierte que Protección Industrial SAS, inscrita desde 2009, registra la sanción en firme emitida por la Secretaría de Movilidad del Distrito el 14 de agosto de 2012 y que ordenó hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, declarar la ocurrencia del siniestro de incumplimiento total del contrato y ordenar el pago de emolumentos, así como retirar los módulos LED. La sanción fue pagada