Las relaciones de empalme financiero entre la saliente presidenta del Cabildo, Linda Esperanza Perdomo, y la llegada del concejal William Rosas aún no está establecida, pero en documentos obtenidos por EL NUEVO DÍA a junio de este año, el 86 por ciento del total de los recursos había sido ejecutado. 

Es decir, mil 593 millones 726 mil pesos fueron girados para asumir gastos de funcionamiento y generales.

Pero llaman la atención algunos contratos firmados a casi un mes de entregar la Presidencia hasta finalizar el año, la no compra de la póliza de salud y vida para los calbidantes y la destinación presupuestal para algunos rubros como el mantenimiento de muebles del recinto, que podrían poner en tela de juicio su gestión.

Las cuentas

La Alcaldía giró, para la actual vigencia, dos mil 706 millones 19 mil pesos. Efectuando un ánalisis comparativo con la gestión de enero a junio de 2013, la concejal Luz Nelly Arbeláez destinó 850 millones 640 mil pesos para el pago de la nómina de prestación de servicios técnicos y profesionales y efectuando un crédito por 55 millones de pesos, para un total de 906 millones de pesos.

Perdomo destinó una partida de 960 millones 623 mil pesos para el pago de órdenes de prestación de servicios. Con corte a junio se celebró 67 contratos que ascendieron a 861 millones 842 mil pesos. De acuerdo con las cifras, habría dejado alrededor de 99 millones de pesos para la ejecución de su sucesor.

Llama la atención el pago de honorarios para asesorar en temas administrativos a la Presidencia y a la Secretaría General, siendo que este puesto es asumido por Doris Caviedes, quien es abogada y ha ejercido en el cargo por tres años. Por este contrato que fue suscrito a término de seis meses, el Concejo asumió el pago de 24 millones de pesos a favor del profesional José Luis Moreno Lozano, quien desempeñó labores durante la administración de Luis Eduardo Garzón como alcalde de Bogotá.

Pero hay más. Según los contratos celebrados durante la gestión desempeñada por Perdomo, se suscribieron, entre los más onerosos, siete órdenes de prestación de servicio para prestar apoyo jurídico por cerca de 138 millones de pesos para hacer control a las labores de la Gestora Urbana, las secretarías de Bienestar Social, Planeación e Infraestructura y el Ibal para el desarrollo de un eventual y posible control político, además de prestar asesoría a las comisiones del Concejo.

Pero para el cabildante Humberto Quintero, esto supuestamente evidenciaría un exceso en la contratación de abogados, cuando por lo general quien firma los conceptos jurídicos y resuelve las dudas del personal de la coporación es el abogado Juan Guillermo González Zota. Durante esta vigencia, no solo se le extendió el contrato hasta el 9 de noviembre de 2014, sino que devengará 35 millones de pesos anuales, contados a partir del pasado 10 de enero.

“Por qué el exceso de contratación de abogados si hay un asesor jurídico que es el que define todo el proceso de las dificultades del Concejo. El Presidente es autónomo de contratar, pero lo que él tiene que contratar es lo que se necesita. No se puede contratar por varias cosas para un solo objeto”, advirtió Quintero.

¿Lo pagado y lo efectuado son acordes?

Linda Esperanza Perdomo autorizó la contratación de una persona con el fin de actualizar y ajustar el reglamento interno del Concejo conforme a las exigencias de la Ley 136 de 1994 y demás normas concordantes, que podría traducirse en una irregularidad, ya que aparantemente no fue socializado en el cabildo. La concejala Perdomo autorizó el pago de 11 millones de pesos para el cumplimiento del estudio, que tardó seis meses.

Así mismo, la firma de una orden por prestación de servicios para “prestar apoyo a la gestión con el próposito de efectuar el seguimiento a las gestiones ejecutadas por las veedurías ciudadanas y prestar apoyo a temas relacionados con la vigilancia sobre la gestión pública respecto de autoridades administrativas (...) con el propósito de efectuar control político”. Perdomo autorizó esta contratación por 25 millones de pesos.

Para Quintero, es cuestionable esta acción pues son los veedores quienes los miércoles comunitarios se quejan por el poco apoyo prestado y esta función la ejerce la Contraloría municipal.

De igual forma, la contratación de una persona, a través del contrato 75, que finalizó el 13 de julio de 2014 por valor de ocho millones 925 mil pesos y suscrito por un mes, para asesorar y prestar apoyo logístico para el desarrollo de actividades de bienestar social a través de actividades ecológicas, intelectuales, lúdicas, recreativas y socioculturales, y un taller de habilidades preventivas, fundamentales para fortalecer los factores de prevención del consumo de drogas y alcohol para los nueve funcionarios de planta del Concejo.

El cabildante Quintero cuestiono cuáles son los resultados, especialmente de estos dos contratos.

La destinación

Aunque la concejal Perdomo ha cuestionado la destinación que efectuó su colega Arbeláez para la compra del mobiliario, que ascendió a los 88 millones de pesos, el NUEVO DÍA, en un análisis comparativo entre el presupuesto asignado por cada una de las cabildantes, pudo establecer algunas diferencias sustanciales entre los valores.

Un ejemplo de ellos es que durante el periodo presidencial de Arbeláez fueron destinados tres millones de pesos para el mantenimiento de muebles e inmuebles, y por el contrario, Perdomo dejó como partida 17 millones de pesos, según un informe emitido por Luz Amparo Galeano Triana, jefe de contabilidad adscrita al Concejo. En menos de un año de haber sido adquirido y modernizado el mobiliario de la corporación, ¿sería necesaria la ejecución de estos recursos?

Por concepto de bienestar social de los nueve empleados de planta, en 2013, se dispuso de cinco millones de pesos, mientras que la actual vigencia, 10 millones.

De igual manera, continuando con el respectivo orden, en 2013 se destinó tres millones de pesos para impresión y publicaciones de la corporación y por lo cual es investigada Arbeláez, el total de los recursos fueron ejecutados. Por su parte, Perdomo, asignó cuatro millones de pesos para el mismo fin.

Pero lo que más llama la atención es que por concepto de viáticos y gastos de viaje las cifras difieren sustancialmente en monto. Arbeláez presupuestó cinco millones de pesos, más cuatro millones por capacitaciones, y de los cuales solo se ejecutó 150 mil pesos durante su gestión.

Por su parte, la concejala Linda Esperanza Perdomo dejó una partida por los mismos conceptos de 20 millones de pesos, aunque se deconoce qué monto ha sido ejecutado y qué cabildantes han tomado los beneficios.

¿Debería asumirla el Municipio?

EL NUEVO DÍA consultó con varios concejales, entre ellos Luz Nelly Arbeláez, Humberto Quintero y Javier Mora, quienes han ejercido el cargo en anteriores oportunidades, y concordaron en que este rubro ha sido asumido por el cabildo y viene inmerso dentro del presupuesto anual girado por la Alcaldía a principios de año. Además, en razón del artículo 68 de la Ley 136 de 1994, por lo que se entendería que la Administración ya giró el monto por estos conceptos.Sin embargo, al consultar al secretario Administrativo, José Adrián Monroy, que asume el pago de seguros de los empleados de la Administración municipal, la solicitud efectuada por Perdomo se basa en el decreto 3171 de 2004, por el que se dicta que los municipios deberán incluir dentro del presupuesto las partidas necesarias para la vinculación de los miembros del concejo a una póliza de salud o efectuar su afiliación al régimen contributivo y contemplar la coberturta familiar. Según el profesional en leyes Rodolfo Palomino, la Alcaldía podría incurrir en un posible detrimento al cancelar o girar nuevamente recursos para pagos de pólizas de salud y vida, que se incluye en el presupuesto anual girados para gastos de funcionamiento pero que tienen una destinación específica. Esta redacción intentó consultar al Secretario de Hacienda, Oswaldo Mestre, sobre si las partidas fueron giradas a inicios de la actual vigencia o en su efecto se girarían por primera vez. El funcionario aseguró que debía estudiar el tema, con el fin de pronunciarse con respecto al mismo. Esta redacción obtuvo acceso a un pronunciamiento efectuado por el Ministerio de Hacienda mediante radicado 016508-26-05-11 y dirigido a la secretaria de Hacienda municipal de Santa Marta, Manira Guerra, que explica que el decreto 3171 establece que los municipios deberán pagar con cargo al presupuesto municipal las primas por los seguros de vida de los concejales. Sin embargo, es necesario precisar que cuando la norma se refiere al presupuesto lo hace para referirse a su ejecución, en la cual se deben tener en cuenta los principios presupuestales, dentro del cual figura el de la especialización del gasto, según lo establecido en el artículo 18 del Decreto 111 de 1996.Posteriormente, a través del artículo tercero de la Ley 1148 de 2007, el legislador efectuó una excepción al principio de especialización del gasto, pero solamente para municipios de cuarta, quinta y sexta categorías.“Los alcaldes de municipios pertenecientes a categorías cuarta, quinta y sexta contratarán, con cargo a la sección presupuestal del sector central del municipio, la póliza de seguro de vida y de salud para los concejales de que trata el artículo 68 de la Ley 136 de 1994”.Y agrega que “en relación con la contratación de la póliza de seguro de vida para los concejales, en los municipios de categorías especial, primera, segunda y tercera (entre los que se encuentra Ibagué), se conserva todavía la ejecución del gasto atendiendo el principio de especialización”.Como conclusión, la Alcaldía debió girar los recursos correspondientes a la Corporación a inicios de año, y por lo cual no debería asumir la contratación de la misma con cargo al presupuesto.

Pólizas de salud y vida de cabildantes: ¿Alcaldía podría incurrir en detrimento?

Durante su período presidencial, Luz Nelly Arbeláez asignó la partida de la contratación del costo total de las pólizas de salud y vida de los concejales durante todo el año. Sin embargo, para la actual vigencia, la Presidencia autorizó la adición del contrato con la aseguradora Mapfre y Seguros del Estado, que asumieron los servicios en abril de 2013 y hasta el mismo mes de esta vigencia.

Por cada adición y extensión del contrato que se ha efectuado por dos meses, se ha pagado un promedio entre nueve millones de pesos. Y llama la atención que por primera vez la misma se extendió a los familiares de los cabildantes. Aunque según versiones de algunos concejales, este cambio no fue socializado.

En un oficio remitido por Perdomo al alcalde Luis H. Rodríguez, el 13 de junio de 2014, se pide a la Administración “en virtud de su amable propuesta que realizara esta corporación en el sentido de suministrar las pólizas de salud y vida para los integrantes de este, informar el estado actual de proceso de selección para la adquisición de las mismas, fecha de apertura del proceso y fecha probable de su destinación”.

La misiva fue enviada en aras a que suspuestamente Rodríguez se comprometió a financiar el cubrimiento de las pólizas para los cabildantes.

A través de una licitación por miníma cuantía, la Alcaldía entró a licitar y asumir este rubro junto con la de los ediles que debía haber sido adjudicada desde enero, el 8 de agosto del presente año.

El proceso fue declarado desierto, debido a que Mapfre no cumplía con la capacidad organizacional, pues el indicador de rentabilidad sobre los activos era inferior a 0.07.

Pero lo que llama la atención, es que la aseguradora no cumplió con los requisitos del pliego de condiciones y, aún así, el contrato fue adicionado en dos oportunidades.