Mediante resolución del 8 de octubre, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), formuló pliego de cargos contra la Alcaldía de Ibagué por presuntamente infringir la normatividad ambiental y dar vía libre para la construcción de la nueva sede del centro de rehabilitación al menor infractor, Politécnico Luis A. Rengifo.

Según la entidad no se tuvo en cuenta las disposiciones sobre el manejo de la cuenca del río Totare y la vocación del suelo del predio denominado La Granja, vereda La Palmilla, inminentemente agropecuaria y ganadera.

La Corporación señala que antes de la aprobación del acuerdo 031 de 2012 por parte del Concejo, advirtió de esta situación a la Administración, y argumentó que el cambio de uso de suelo rural al institucional debía llevarse a cabo mediante el ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial.

“El Concejo de Ibagué expidió el acuerdo 031 de 2012 autorizando la adición del uso del suelo institucional en los predios donde se encuentra localizado el Centro de atención especializada; sin embargo, la normatividad vigente establece que la única manera de realizar cambios de usos del suelo, es a través de la revisión y ajuste del POT del municipio de Ibagué, para lo cual se debe tener en cuenta el Decreto 3600 de 2007, el Decreto 1640 de 2012 y el Pomca del río Totare, éste último como norma de superior jerarquía y determinante ambiental para la revisión mencionada”.

De acuerdo con Cortolima, debido a que el uso principal de las áreas donde se lleva a cabo la construcción del proyecto, es de producción y mejoramiento de ganado de doble propósito, esta actividad puede generar afectaciones ambientales y a la salud de las personas que habiten en el Centro de Atención Especializada”.’

Se reitera en la resolución, que lo que busca la Corporación es que se realice el ajuste del uso del suelo a la luz del POT, e insiste en que en primera instancia se debe considerar el Pomca de la cuenca del Totare como norma de superior jerarquía y una determinante ambiental al momento de formular, revisar y adoptar el mismo.

La decisión de Cortolima establece que el alcalde Luis H. Rodríguez dispone de un término de 10 días hábiles para que, personalmente o a través de apoderado, rinda los descargos y aporte o solicite pruebas y, controvierta las que dieron razón a la resolución.