La comisión ponente del proyecto de acuerdo 022 de ajuste y revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) reiteró su preocupación frente al estado en que se encuentra la iniciativa, porque ayer, después de 14 días de dar inicio las sesiones ordinarias, la Administración no había radicado el documento.

Según la concejal Linda Esperanza Perdomo, es preocupante que el tiempo de las sesiones continúe transcurriendo y el Ejecutivo aún esté a la espera de un concepto jurídico del Ministerio del Interior, para indagar si el concepto expedido por el Consejo de Estado permite que el proyecto continúe su trámite.

Pero para Perdomo, Pedro Mora y el presidente del Concejo, William Rosas, la Ley 136 es clara cuando señala que todo proyecto que no es discutido en sesiones fenece jurídicamente, por lo tanto queda archivado.

“Qué nos preocupa, un concepto es un concepto y no obliga de ninguna forma y tampoco modifica la ley y esto quiere decir que la ley 136 está vigente y en este momento el acuerdo 022 que nos presentaron está archivado”, indicó Perdomo.

El presidente de la Corporación, William Rosas, concuerda en que el concepto del Consejo de Estado no es coercitivo y como estas apreciaciones son cambiantes, no puede ser tomado para determinar si el POT continúa su trámite, que inició el pasado 5 de septiembre y culminaría el 5 de diciembre, al cumplir los 90 días que otorga la norma.

Linda Esperanza Perdomo no ve inconveniente a que nuevamente sea radicado el proyecto, pues debe ser presentado tal y como fue aprobado por parte del Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo Territorial de Planeación.

¿Aprobación por decreto?

La comisión sugiere que existen vacíos en la norma para determinar si debe continuar en discusión o no, pero para el concejal Carlos Adolfo Jiménez, el silencio del Ejecutivo ha creado un ambiente donde es posible formular que se podría estar dilatando el proceso y que sea adoptado por decreto.

Su homólogo Héber Sánchez destacó que la posición del alcalde Luis H. Rodríguez genera “la sensación de que la Administración municipal quiere aprobar el POT por decreto. Hubo 77 observaciones por parte de la comunidad. A eso hay que ponerle atención, mientras no se registre una respuesta clara frente a esas inquietudes: eso es un atentado gravísimo contra el pensamiento y sentir de la comunidad ibaguereña. Da la sensación de que se piensa hacer eso”, aseveró.

A su turno, Rosas especificó que al cierre de las extraordinarias manifestó tanto a la plenaria como a la Administración que no se podía siquiera contemplar esta posibilidad porque la Ley 368 establece que el POT es de una gran responsabilidad y es competencia de los concejos, junta administrativa de la Alcaldía, definir su trámite.

El concejal Pedro Mora señaló que existe otra razón por la cual no se puede efectuar este tipo de iniciativas, puesto que es competencia exclusiva de la Corporación definir el cambio de los usos de suelos que se contemplan en la revisión y ajuste del proyecto.

“La esencia del POT es el cambio del uso del suelo y es inherente a los concejos municipales. Cualquier razón que se tenga (para adoptarlo por decreto) no lo pueden hacer”.

Por su parte, Perdomo indicó que podría existir intereses de los propietarios de la tierra en Ibagué para que el Concejo no tome una decisión y continúe con la especulación de la tierra.

“Los tres dueños de las grandes extensiones de tierra las tienen quietas como lote de engorde esperando que no tomemos una decisión porque es mucho mejor para ellos en la medida que ellos asuman y adopten una posición de dar a cada espacio una vocación, en ese momento el precio de la tierra va a empezar a bajar y seguramente el negocio de tres o dos constructores se va a venir abajo”, argumentó la concejala.

Tiempo

Mora indicó que en los plazos para dar trámite nuevamente a la iniciativa que incluye la celebración de un nuevo cabildo se cumpliría con los tiempos que dicta la norma; sin embrago, es más engorroso y de mayor la responsabilidad que asume la corporación para dar trámite a la iniciativa.

La concejal Perdomo solicitó que este debate sea discutido con la ciudadanía, pues no es una responsabilidad solo de los concejales sino, además, de la ciudad.

Se dio trámite hasta donde se pudo

 La comisión destacó que durante las sesiones extras se cumplió con el trámite dictado por ley que fue la de convocar el cabildo y llevar a cabo la socialización de las observaciones de la comunidad, pero por factores inherentes a la Administración y vacíos en la Ley 138, se debió posponer el desarrollo de la iniciativa para los días 22 y 23 de septiembre, con el agravante de que las sesiones debían ser clausuradas a finales de mes.

De igual manera, replicaron no poder presentar ponencia debido a que la celebración de la audiencia pública era el último requisito para agotar el primer paso, que es el cabildo, y que se llevó a cabo un día antes de culminar las sesiones.

“El Concejo no se puede quedar callado a esperar a que se dilaten los tiempos y los términos. Que vamos a esperar un concepto aquí y allá y vamos a vivir de concepto en concepto cuando el concepto no obliga. Nosotros tenemos que hacer lo que diga la ley, no la interpretación de un concepto o de un abogado o del que vino de Bogotá o Miami o de la Luna”, concluyó.