“No tenemos nada que decir y responderemos ante las autoridades competentes”, así respondió el gerente del Ibal, Carlos José Corral, con respecto a las comunicaciones radicadas ante la entidad por las empresas Urbes S.A.S, AP Inreco y Proactiva Colombia S.A., y que alertan sobre un posible direccionamiento del contrato para la operación de la Gestión Comercial para los próximos tres años.

Según la solicitud del representante legal de Urbes S.A.S, Milton Charry Alcalá, son múltiples las fallas y objeciones que se presentan en los pliegos de condiciones que no cumplen con unos requerimentos claros, transparentes y objetivos para llevar a cabo la licitación.

Urbes S.A advierte que dentro de los aspectos concernientes a la experiencia, en el cual el Ibal exige acreditar como mínimo la atención en 100 mil usuarios y máximo en dos contratos, es demasiado sesgado y, mucho más, si se exige que el personal directivo debe tener como mínimo una experiencia de 10 años.

“Concluimos que están siendo excluyentes con mano de obra del Tolima, y así permitirían que solamente participaran personas que hayan trabajo como contratistas, por ejemplo en las Empresas de Servicios Públicos de Bogotá, Barranquilla, Cali o Medellín, para poder cumplir con este requisito.

“¿Será que cualquier Directivo Actual del Ibal tenía en su hoja de vida toda esta experiencia para desempeñar este cargo?”, señala la comunicación.

Por su parte, Inreco, solicitó reconsiderar en su totalidad el anexo cuatro, pues violaría el derecho a la libre competencia, al solicitar que solo participen empresas que hayan laborado para empresas de servicios públicos domiciliarios, en el área de acueducto y alcantarillado, pues se estarían excluyendo a sectores y prestadores de servicios públicos como gas, energía y telecomunicaciones, que tienen procesos similares o de mayor efectividad y tecnología.

Dentro de los pliegos de condiciones, el Ibal exige que el proponente debe certificar una facturación anual, igual o superior a los cinco mil salarios mínimos legales vigentes ($3.080 millones), demostrar una efectividad del recaudo igual o superior al 92 por ciento (indicador mínimo de eficiencia de la CRA) en por lo menos dos contratos y tener mínimo un laboratorio de medidores acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, entre otros.

Sobre estos ítems, Charry sostiene que en primera instancia la Comisión de Regulación de Agua Potable CRA, establece el índice de eficiencia en un 85 por ciento, afirmación que sería falsa y además, sería innecesario otro banco de prueba, porque se podría poner a disposición el del Ibal.

“Aquí es preciso preguntar cuántos medidores se pretenden instalar durante los tres años de ejecución del contrato ¿serán más de 100.000?, o será que el Banco de Pruebas del Ibal quedaría como un monumento a la desidia para seguir ‘favoreciendo a proponentes’?”.

Por último, la firma Urbes solicita que la experiencia debe ser propia, específica y puntal del proponente para no dar pie a que se vincule a un contratista que no tenga la experiencia para esta clase de proyectos.

Es de resaltar que dentro de los pliegos se establece que cuando se presente consorcio o unión temporal, la experiencia se obtendrá de la sumatoria de experiencias de todos los integrantes. En todo caso, para efectos de evaluación solamente se tendrá en cuenta el número de proyectos definidos.