Un pleito por la posesión de unos predios enfrenta hoy al abogado y exconcejal, Enrique Arango Hernández y a la señora Myriam Mancera Rivera, quien solicita al Consejo Superior de la Judicatura, se investigue al dirigente del Polo, pues considera que estaría favoreciendo a través de la Asociación Prodefensa Urbanización Villa Leidy a su compañera sentimental, Ana Lucía Ramos Méndez.

Según Mancera, el profesional pretendería apropiarse de dos de sus lotes a través de su esposa, pese a existir un proceso jurídico en curso en el Juzgado Primero Civil del Circuito desde hace 15 años.

Para la mujer, Arango sería juez y parte en el proceso, pues representa a las familias de esta asociación con la cual cursa el pleito jurídico desde 1999 y la cual le cedió en 2011 un lote como pago de sus honorarios.

El Juzgado Primero Civil del Circuito ordenó el secuestre y embargo el 18 de febrero de 1999 que aún continúa en curso. Ramos Méndez interpuso el derecho de posesión en 2011 ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito y una querella por perturbación a la posesión en contra de Dora Ligia Galvis, representante de la asociación Prodefensa de la Urbanización Villa Leidy, que presuntamente evitó que la mujer se apropiara de otro lote.

El abogado Arango señala que Mancera perdió los derechos sobre el terreno al no reclamar en su debido momento y sostuvo que lo que pretendió hacer la mujer fue estafar a las primeras 20 familias a quien les efectuó promesas de compraventa del inmueble que fue hipotecado por María Lucero Serna de Reyes por 20 millones de pesos.

La historia

A Myriam Mancera Rivera le fue heredado en 1990 el lote que se denomina hoy urbanización Villa Leidy. El terreno consta de un área cercana a los 10 mil metros cuadrados y sobre el cual inició en 1996 un proceso de loteo y urbanización para su posterior venta.

Mancera narra que para aquella época por no contar con los recursos para efectuar el loteo, solicitó un préstamo de 20 millones de pesos a María Lucero Serna de Reyes, quien posteriormente entabló un proceso de embargo ante el Juzgado Primero Civil del Circuito.

Esta diligencia surtió efecto en 1998 ante la imposibilidad de Mancera Rivera de cancelar su obligación.

La propietaria del bien sostiene que sobre el lote que consta de 60 predios, efectuó promesa de compraventa por un valor de millón 500 mil pesos a 20 personas que a penas le lograron cancelar sumas entre 250 mil y 300 mil pesos y con lo cual ella pagaría la hipoteca.

Ante el incumplimiento de sus clientes y el litigio jurídico en curso, el Juzgado Primero Civil del Circuito procedió a efectuar la diligencia de secuestre del bien el 18 de febrero de 1999 y de las mejoras que habían allí.

De acuerdo con el expediente, las personas se organizaron en la Asociación Prodefensa de la Urbanización Villa Leidy para reclamar derechos de posesión y le confirieron poder al abogado y exconcejal Enrique Arango Hernández para que los representara legalmente.

La afectada sostiene que la Inspectora de Policía negó la oposición interpuesta por Arango que pedía fueran respetados los derechos de posesión de sus defendidos, pues si bien existía promesas de compraventa no tenían ni escrituras ni el tiempo suficiente para reclamar lo descrito.

Además se vencieron los términos para apelar la decisión, por lo que el Juez ordenó el secuestre del inmueble junto con las mejoras.

Las irregularidades

Según Mancera, el secuestre Enrique Castillo Cerón, nombró como depositaria del inmueble a la entonces representante legal de la Asociación Prodefensa de la Urbanización Villa Leidy, Ana María Rozo, quien al aparecer inició un proceso de venta de lotes al adquirir los derechos litigiosos a María Lucero Serna el 9 de septiembre de 1999.

Según reposa en el expediente, Rozo pagó la hipoteca adeudada por Mancera con siete predios ubicados dentro de la misma urbanización que posteriormente fueron vendidos a terceros.

El abogado de Lucero Serna, Alfonso Bello Gaitán, certificó que “por el hecho de la negociación, la Asociación hizo entrega a mi apoderante Lucero Serna de Reyes de siete lotes ubicados dentro de la misma urbanización, lotes que se encontraban desocupados sin que hubiese habido alguna persona que los hubiese ocupado o que hubiera ejercido actos posesorios sobre los mismos, es decir, se recibieron los lotes como parte de pago de la cesión de los derechos litigiosos y como tal deber ser respetado este derecho”.

Mancera sostiene que Rozo se encontraba impedida para realizar el pago de cesión de los derechos litigiosos y a la vez para vender y pagar acreencias, con lotes que se encuentran legalmente embargados y secuestrados.

Usufructo

Mancera refirió que existe un parqueadero que fue construido en predio de la urbanización Villa Leidy que administra la Asociación P y que en promedio entrega tres mil 500 mil pesos sin que le sea reconocido dinero alguno.

De igual manera, nueve lotes que se encuentran sin invadir y cuyo avalúo está por encima de los 30 millones de pesos.

Mancera advierte que ha sido amenazada de muerte y pese a que interpuso una denuncia ante la Fiscalía en el 2000, la justicia no le prestó atención, por lo cual debió esconderse al tener tres hijos bajo su cuidado.

¿Posible negligencia?

 Mancera interpondrá una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura para que investiguen al juez, Juan Gilberto Ovalle Téllez, quien debía autorizar y efectuar las acciones necesarias para evitar que el predio continuara siendo invadido, a lo cual no dio respuesta.

En oficio a Ovalle el 18 de julio de 1999, Castillo Cerón puso en conocimiento la invasión de los opositores representados por Arango, a lo que el juez no prestó atención, pues en la actualidad existe cerca de 250 habitando el predio.

“Yo me pregunto el juzgado cómo me va a responder al entregarme el lote, un predio totalmente invadido. Quién me va responder por los daños y perjuicios, ese lote ha tenido frutos y los demás se han beneficiado, menos la propietaria”.