De acuerdo con el organismo de control, el presunto detrimento se derivó al liquidar mayor valor por prestaciones sociales a un funcionario que entabló un proceso laboral en contra del Ibal y a la cual se había vinculado por intermedio de una cooperativa de trabajo asociado.

Según la Contraloría, el cargo está sujeto bajo la presunta responsabilidad del Grupo Financiero, asesor externo y Secretario General para la vigencia 2013.

De la misma forma, estableció que al violar los principios de gestión fiscal y función administrativa, eficiencia y economía se remitió cinco procesos a la Procuraduría Provincial y dos a la Personería para posterior investigación.

El hallazgo penal

Por otro lado, la Contraloría estableció que dentro de los expedientes de los contratos de servicios ocho y nueve del 23 de enero de 2013, se encontraron de manera incompleta los soportes de actividades diarias del personal contratado por las uniones temporales Procesos Integrales y Servicios Comerciales.

La Contraloría municipal advierte que si bien, de acuerdo con lo manifestado por los interventores y supervisores de los contratos, las planillas de actividades diarias les sirvieron de soporte para certificar el cumplimiento de las obligaciones de los contratista, y que hacían parte de la documentación para el trámite de los pagos, durante el proceso auditor, no fue posible conseguir que las mismas fueran aportadas por el Ibal, interventores y supervisores como tampoco por los representantes legales de las empresas.

Aunque la Contraloría, en acta de inspección judicial, constató la existencia de algunos de los soportes, para la misma resulta extraño que no haya existido una respuesta clara y concreta respecto de la salvaguarda de esa información, motivo por el cual se consideró que se podría estar ante un caso de un presunto ocultamiento de información.