Ante la Contraloría General de la República fue radicada una petición en la cual se solicita indagar sobre diversos contratos y órdenes de obra que irían en contra de los principios de contratación, planificación y eficiencia de los recursos de la empresa de acueducto y alcantarillado (Ibal).

La petición formulada por el administrador público, Gustavo Adolfo Collazos Roncancio, cuestiona los resultados arrojados por la Contraloría de Ibagué que presuntamente no ha dado relevancia a las denuncias interpuestas en contratos como Presea y la tercerización laboral de empresa a través de Uniones Temporales.

“Solicito una investigación integral, en tiempo real de todo lo investigado en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 a la fecha por la Contraloría Municipal en cabeza del doctor Edwin Riaño, ya que considero que aquí en Ibagué, no existen las garantías para llevar a cabo una verdadera investigación que arroje los resultados concretos, verídicos y certeros, teniendo en cuenta que presuntamente vemos como otras denuncias colocadas por el suscrito, veedurías, entre otros, más graves en contra de Carlos José Corral y la gerencia, han sido, al parecer, archivadas, dilatadas.

“Resultados que consideramos penales pasan de un momento a otro como simples fiscales, disciplinarios y a ser llamados de atención y saludos a la bandera de una manera vergonzosa y descarada por parte de algunos órganos de investigación como lo efectúa presuntamente la Contraloría de Ibagué”, resalta Collazos Roncancio.

Los contratos a investigar

Según Collazos, los contratos 08 y 09 del 23 de enero de 2013 suscritos con las uniones temporales Procesos Integrales y Servicios comerciales, cuyo objeto era la de subcontratar personal para labores explícitas en el estudio de ampliación de la planta de personal y, la gestión comercial, control de pérdidas y tecnológica, en la actualidad se encontrarían incompletos en lo concerniente a los soportes de actividades diarias del personal.

El quejoso expone que ni las directivas del Ibal, interventores, supervisores y representantes legales de los contratos cuentan con esta información.

De la misma forma, el contrato suscrito con Presea, cuestionado por su presunto incumplimiento en la utilización del software, suministro y actualización completa del catastro de usuarios, término de atención a las peticiones, quejas y reclamos, entrega de informes fiscales al Ibal, entre otras irregularidades.

Por otra parte, Collazos solicita que se investigue las consultorías para la elaboración de estudios y diseños para la rehabilitación de la bocatoma del río Combeima, acueductos de los barrios Bellavista, las Delicias, Martinica, Los Monos, optimización del acueducto de la vereda Carmen de Bulira y del informe de avance y cumplimiento del plan de saneamiento y manejo de vertimientos, caracterización de las aguas residuales de las plantas de tratamientos de aguas residuales domésticas, cuantías superiores a los 136 millones 141 mil pesos.

De la misma forma, los contratos para concretar alternativas para dar solución a la problemática del servicio de acueducto por los reiterados cortes en el suministro de agua potable, llevado a cabo por Técnicos CPT S.A. y que ascendió a los 767 millones 920 mil pesos y el ejecutado por Proyncon para la elaboración de estudios y diseños para la optimización del acueducto de Acuaboquerón.

Por otro lado, en cuanto a órdenes de obra, Collazos advierte que en contratos como los ejecutados para la construcción línea de distribución y tanque de almacenamiento acueducto de Peñaranda (90.052.048) y los celebrados con cargo al convenio interadministrativo 85 de 2012, para la reposición, reconstrucción y mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado de Coello - Cocora, Gaitán, La Florida, El Tejar y Las Delicias, presentan demoras en la actualización de las vigencias de pólizas, autorización de pagos sin que los contratistas presenten los debidos soportes, expedientes desactualizados, y modificación de las condiciones ofertadas.