El fallo del alto tribunal dejó sin efecto los amparos tutelares interpuestos por los ocupantes de hecho y ordenó al Municipio en 2013 a vincularlos a un programa de vivienda o línea de crédito y entregar las unidades a sus propietarios.

La Alcaldía a través de la oficina Jurídica decretó como medida provisional de reubicación otorgar la suma de 280 mil pesos a las familias que ocupan estas viviendas.

Es de resaltar que la Administración municipal abrió en febrero la convocatoria para buscar arrendatarios para la reubicación transitoria de esta población, proceso que no surtió efecto debido al trámite del pago de las estampillas, seguridad social, pensión, afiliación a riesgos laborales para la suscripción del contrato y por las mismas características y antecedentes de estas personas.

Subsidios

Sandra Gómez, jefe de la oficina Jurídica, señaló que los recursos serán entregados hasta finalizar el año y se renovaría en la próxima vigencia hasta encontrar una solución definitiva.

La Corte Constitucional resolvió que, de ser necesario, las personas que están invadiendo propiedades, deberán ser desalojadas siempre y cuando se hayan agotado los respectivos procesos de acuerdo para desalojo voluntario.