Hoy se cumplirían los 90 días para que el Concejo hubiese dado discusión y trámite al Plan de Ordenamiento Territorial, si el Ejecutivo acoge el concepto del Consejo de Estado, que prevé que la iniciativa no tendría inconveniente de haber pasado del período de sesiones extras (septiembre) a las ordinarias.

Aunque el alcalde Luis H. Rodríguez no ha emitido posición clara al respecto, la hipótesis que toma más fuerza es la adopción por decreto, pues el mandatario no expresó intención alguna de radicarlo nuevamente durante el periodo de sesiones ordinarias que culminó el 31 de noviembre.

Por el contrario, hace unos días, el Mandatario local le endilgó la responsabilidad al Concejo de no haber certificado el estado del POT, cuando la misma comisión de ponentes: Linda Esperanza Perdomo, Pedro Mora, Carlos Adolfo Jiménez y Heber Humberto Sánchez le pidieron, a 10 días de haber dado inicio a las sesiones ordinarias, radicar el proyecto nuevamente para estudio.

Más días

Según pudo establecer esta redacción, Luis H. tomaría la decisión en los próximos días y antes de finalizar diciembre.

El secretario de Planeación, Juan Gabriel Triana, informó que el tema no fue incluido en la agenda discutida dentro del Consejo de Gobierno llevado a cabo ayer.

Triana argumentó que la situación jurídica del POT es cada vez más compleja porque desde el 9 de octubre en que fue radicada la consulta ante el Ministerio del Interior, y trasladada posteriormente al Ministerio de Vivienda, al parecer, aún no ha existido pronunciamiento por parte de los organismos estatales.

Agregó que, así hoy se cumpla el plazo de que trata la norma para la discusión del proyecto, no existe límite para que el Ejecutivo tome la decisión de adoptarlo por decreto.

Algunos concejales ponentes como Pedro Mora y Heber Humberto Sánchez, al ser consultados por esta redacción sobre el futuro jurídico del proyecto, expresaron estar a la espera de la respuesta por parte del Ejecutivo .

El presidente del Concejo, William Rosas, volvió a salvaguardar la responsabilidad del cabildo, al indicar que la Ley 136 es clara cuando señala que cualquier proyecto que no es discutido en sesiones fenece jurídicamente, por lo tanto se encontraría archivado.

Sin embargo, Rosas añadió que si la Administración lo aprueba por decreto, será adoptado solo con las consideraciones y pronunciamientos hechos por la Corporación Autónoma Regional (Cortolima) en concertación con el Ministerio de Medio Ambiente, lo que sin duda, como lo advirtió Sánchez, “sería un atentado gravísimo contra el pensamiento y sentir de la comunidad ibaguereña” pues existió más 70 observaciones al proyecto.

Así mismo, están las objeciones que efectuó Cortolima en la revisión de los acuerdos para la inclusión de áreas de expansión y que el director de la corporación, Jorge Enrique Cardoso, señaló que de manera subrepticia habían sido incluidas por parte de la Secretaría de Planeación.

Esta acción permitió el estancamiento del proyecto por más de dos meses, conflicto dirimido a través del Minambiente.

Tanto Carlos Adolfo Jiménez y Héber Sánchez, habían advertido que el silencio del Ejecutivo habría creado el ambiente donde es posible formular que se podría estar dilatando el proceso para que el POT fuera adoptado por decreto.