No ha transcurrido más de un mes desde que el Ibal adjudicó por tres años la gestión comercial a la empresa Promesa de Sociedad Futura Proactiva Soluciones, con base en la experiencia obtenida con el consorcio Presea, y los resultados de la auditoría efectuada por la Contraloría de Ibagué advierten de irregularidades que derivarían en posibles faltas disciplinarias y patrimoniales en contra de las directivas del Ibal, interventor y supervisor del contrato.

La investigación efectuada por el órgano de control al contrato suscrito entre el Ibal y el consorcio Presea y que superó los tres mil millones de pesos, revela la violación de los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva que trata la contratación administrativa, al habilitar la propuesta de Presea, sin contar con la experiencia para la prestación del servicio. 

De igual forma, irregularidades que podrían derivar en un presunto detrimento de al menos 47 millones de pesos, debido al no ahorro estimado que debía obtener el Ibal en la administración en los Puntos de Atención del Usuario (PAS) del 30 por ciento y que Presea solo ayudó a llevar a un 14 por ciento. 

De la misma manera, la tercerización que efectuó Presea al subcontratar con la Unión Temporal Humanos la prestación del servicio, desconociendo la cláusula décimocuarta del contrato, que le ordenaba responder como único empleador de los trabajadores que ocupara en la ejecución de la actividad.

Y no menos relevante es la no utilidad del software que debía aportar Presea para la operación de la gestión comercial que violó el principio de planeación y los estándares de calidad, aspecto sobre el cual la interventoría a cargo de Exgen y el Ibal no ha efectuado un pronunciamiento al respecto.

¿Que encontró la Contraloría? 

1. ¿La licitación chaleco? 

La Contraloría de Ibagué logró establecer que el comité evaluador, del cual fueron parte el director operativo del Ibal, Luis Ricardo Salcedo; el jefe de Contabilidad e impuestos, Wilinton Jaramillo, y los asesores externos Clara Isabel Caicedo Cardozo, William Javier Rodríguez Acosta, Carlos René Orjuela Gálvez y Jorge Andrés Carrillo Cardoso, habilitó la propuesta de Presea sin tener certeza sobre la idoneidad y experiencia del contratista, “lo que pudo haber puesto en riesgo la ejecución del contrato y los recursos invertidos en el mismo”.

En el informe se señala que Presa aportó como experiencia dos contratos celebrados entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. y la sociedad Aguazul Bogotá S.A. E.S.P., de la que hace parte del consorcio Presea Apartadó, sin verificar la participación de la firma en el desarrollo del contrato y basándose solo en su participación accionaria dentro de la sociedad.

El órgano de control estableció que tanto Presea Apartadó y sociedad Aguazul son dos personas jurídicas diferentes, y en consecuencia con experiencia técnica independiente, que no permite confirmar o por lo menos sugerir que Presea Apartadó  efectivamente participó en las actividades, acciones o labores que le acreditó el Comité evaluador para adjudicar la propuesta al consorcio Presea Ibagué.

Y señala que dentro de los términos de referencia del contrato del Ibal se aducía que en caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia especifica se obtendría de la sumatoria de todos sus integrantes. Sin embargo, Aguazul S.A. E.S.P. no era integrante del consorcio, por lo que su experiencia no podía tenerse en cuenta porque tampoco era integrante de Presea Apartadó.

De la misma forma, es de resaltar que Presea tampoco radicó en el Registro Único de Proponentes (RUP) la experiencia que pretendía acreditar como accionista en Aguazul, que no le permitía certificar de manera general y especifica la experiencia del consorcio de Apartadó. 

2. El presunto detrimento 

Según la investigación, el Ibal y Presea pactaron un ahorro del 30 por ciento neto de la administración, operación y recaudo de los PAS. Sin embargo, la propuesta del consorcio fue que la entidad asumiera el 16 por ciento qie IVA,lo cual le daba un margen de rentabilidad del 86 por ciento, dejando solo un 14 por ciento de ahorro para las arcas del Municipio.

Advierte la Contraloría que si bien el Ibal no aceptó la propuesta, sujetándose solo a lo establecido tanto en los términos de referencia como en el contrato, no existió acercamiento mutuo para la posible modificación de la cláusula que hacía referencia al ahorro del 30% y tomar el ahorro presentado del 14%, incurriendo en la actualidad en sobrecostos operativos en cada PAS del 14%.

“Conforme a lo planteado en los anteriores numerales, el equipo auditor evidencia la posibilidad de un futuro detrimento patrimonial por 47 millones 506 mil 672 pesos, con presunta responsabilidad del ordenador del gasto, el supervisor e interventor del contrato”, reza el informe.

3. Tercerización

La Contraloría estableció a través del pago de nóminas y planillas de pago de aportes al sistema integral de seguridad social, que el personal a cargo de Presea Ibagué, contratado para cumplir con el objeto del contrato 081, fue subcontratado directamente con la temporal Humanos desde noviembre de 2013 y a la fecha hay algunas personas vinculadas a la temporal.

De la misma forma, la no contratación del Gerente de Proyecto, Coordinador de servicio al cliente, Coordinador de acciones legales, coordinador de facturación, Administrador del sistema de información y Director de catastro, requisitos habilitantes dentro de la propuesta y por el cual se otorgaba 45 puntos de calificación.

Sin embargo, la interventoría a un mes de haber iniciado la ejecución del contrato manifiesta no haberse suministrado ninguna información, soportes de pago de seguridad social del personal empleado por Presea. En mayo hace mención sobre el coordinador de servicio al cliente, quien no cumplía con el perfil requerido para el desempeño de dicho cargo.

Pero en agosto la representante legal de Exgén manifestó que “con respecto al personal mínimo requerido, ellos no han estado de manera presencial el 100% en Ibagué. A la fecha el coordinador de servicio al cliente es Juan Carlos García, el director de proyecto propuesto a partir del mes de julio no ha venido la primera vez”.

4. ¿Software pirata?

El Ibal continúa con el pago de los mil 880 millones de pesos que contrató para  cubrir las áreas técnica, operativa, comercial, financiera, administrativa y de recursos humanos del Ibal. 

La Contraloría logró establecer que el software ofrecido por Presea no cumple con la mayoría de las funciones como generar los informes requeridos.

“Sus principales funciones son ejecutadas por medio de Excel para el manejo de información y para el manejo de bases de datos está bajo la herramienta Access. No cuenta con opciones de descargue o generación de informes o en su defecto, opción de imprimir, siendo esta una limitación amplia para el buen desarrollo de las actividades requeridas y contratadas por el Ibal”, señala el organismo de control.

De la misma forma, se determinó que no se cuenta con registro del software, de licencias de manejo, antivirus, paquete de office o del software para comprimir o descomprimir archivos.

Por otra parte, refiere el empleo y uso del sofware del Ibal por Presea en los PAS sin contraprestación alguna.

La Contraloría señala como evidente el incumplimiento de la cláusula décimocuarta de Presea, que establecía el de poner en servicio el Software comercial, poner a disposición los accesos o licencias en las condiciones ofrecidas, a fin de que el personal designado por el Ibal llevara a cabo el seguimiento a las actividades contratadas y contar con los medios tecnológicos para reproducir la información necesaria en el caso de la solicitud de informes por la empresa.

5. incumplió Estándares de calidad 

-Identificación y establecimiento de la línea base de los principales indicadores técnicos y comerciales. No se presenta avance ni se evidencia ejecución. Algunas sub-actividades no se han realizado y otras dependen de la aprobación del catastro de usuarios.

-Precrítica, crítica y análisis de consumos. Solamente hasta el mayo la calificación para esta actividad llegó al 100%. En los primeros meses de ejecución se evidenció la falla en la crítica y poscrítica debido a la base de datos.

-Detección, seguimiento y control de fraudes. A la fecha del 23 de julio de 2014 no se había presentado informe detallado de cada una de las actividades, por lo que se considera como actividad no cumplida.

-Lectura de medidores. Se pudo evidenciar que esta actividad se ha cumplido parcialmente, y existen sub-actividades dentro de la misma que no se vienen cumpliendo, tales como:

- El contratista no ha entregado un informe de análisis o plan de acción que identifique estas anomalías.

- Constancia de lectura al usuario. 

- Cuentas cortadas en las rutas de lectura.

- El contratista no especifica sobre los usuarios con consumos promedio. Asimismo, se logra evidenciar que la lectura de los medidores se realizó en los meses de noviembre y diciembre mediante promedios y que en enero de 2014 no se llevó a cabo a los usuarios el reajuste por concepto de promedio.