Los tentáculos de Funimedes en el Tolima

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
La Fundación para el Desarollo Social (Funimedes) logró adjudicarse en Ibagué dos contratos para la atención a la primera infancia por tres mil 889 millones 915 mil pesos en una convocatoria en la que los oferentes expusieron falta de garantías para la participación de pequeñas empresas. En el Departamento, contratos por cerca de siete mil millones de pesos.

La Fundación para el Desarrollo Social, Funimedes, vuelve a ser objeto de controversia; esta vez, en razón a la adjudicación del contrato para atender a niños y niñas desde los cero a cinco años en zona rural de Ibagué. El representante legal de la Asociación Agroecológica del Tolima (Aetol), Osiris Trujillo, denuncia como presuntamente el Instituto de Bienestar Familiar (Icbf) en el Tolima, “acomodó” los pliegos de condiciones para favorecer a grandes empresas como Funimedes.

Trujillo asevera que Funimedes, que presentó más de 10 propuestas con diferentes valores para el servicio en los centros familiares del Tolima, no cumplía con los requisitos habilitantes y aún así obtuvo la máxima puntuación entregada por el comité evaluador, encabezado por el director de la regional, Carlos Eduardo Buenaventura.

“Si una empresa que no cumple con los requisitos habilitantes y gana de forma victoriosa es porque vemos un favorecimiento, o mala intención o intereses ocultos dentro de la adjudicación de ese proceso de adjudicación”, advierte Trujillo.

De acuerdo con su experiencia dentro el proceso, existieron diversas inconsistencias que fueron pasadas por alto. Una de ellas tiene que ver con el número de sicólogos que debía acreditarse, que correspondía a 12 y en la que Funimedes solo allegó nueve hojas de vida.

“En el pliego del Icbf se decía que por cada 300 usuarios se necesitaba mínimo dos psicólogos como requisito habilitante y una vez contratado con el operador era posible, mediante un acuerdo, reducir el número de sicólogos, pero era posterior al proceso de elección. Ellos estaban tan seguros de que se ganaban el proceso que presentaron su propuesta y la reacomodaron, presentaron nueve hojas de vida a pesar de que un requisito habilitante era tener el personal. Ese fue uno de los argumentos que presenté al Bienestar Familiar en la audiencia y les dije ‘juguemos con las mismas reglas’. Incluso, presentamos dos nutricionistas, ellos no presentaron ni una y Funimedes ganó; impresionante, pero ganó”.

De otra parte, agrega que el pliego aclaraba que el oferente debía contar con un equipo de talento humano adicional en el que el coordinador de grupo se desempeñara en áreas de las ciencias de la administración, económicas, sociales y humanas y acreditar una experiencia igual o superior a dos años en infancia y familia, que, para el caso de Funimedes, no se cumpliría con la hoja de vida del economista Juan Pablo Correa Marín.

En la propuesta presentada por Funimedes, Correa Marín, coordinador General del proyecto, certifica práctica empresarial en el grupo de infracciones Aduaneras, en la división de Fiscalización de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, Secretario de Salud del municipio de Filadelfia (2007 - 2009), coordinador Zonal en la Unión Temporal desde el 18 de junio de 2009 hasta diciembre de 2011 y gestor de emprendimiento en el Sena (Tolima y Caldas).

“Dónde estaba reflejada la experiencia social si es la máxima autoridad propuesta para liderar el proceso y no está habilitado, no tiene la experiencia suficiente que es mínimo 24 meses en primera infancia, madre, gestante y lactante”, añade Trujillo.

De igual manera, llama la atención que Juan Pablo Correa Marín es de Filadelfia (Caldas), de donde es originario el exgerente del Banco Popular, José Héctor Marín Páez, esposo de la representante legal de Funimedes, Ana Cristina Zárate, y con mayor interés que dentro de las referencias laborales aportadas apunta el número de contacto de Josué Marín Páez, analista de la Industria Licorera de Caldas y quien tiene un lazo familiar con el polémico empresario.

¿Una hoja de vida acomodada?

EL NUEVO DÍA consultó una fuente, quien pidió la reserva de su identidad, y reveló que Juan Pablo Correa Marín, al parecer, no ejerció como coordinador en la Unión Temporal Educativa, Integral Madres e hijos, de la que hacían parte Funcolombia y Funimedes en San Luis.

De acuerdo con la fuente, Correa Marín ejerció labores de surpervisor y en el pliego de condiciones de la convocatoria se exige como experiencia un año como director, coordinador o jefe en programas o proyectos sociales para la infancia o centros Educativos.

La persona señaló que dentro de la Unión Temporal había ocho asesores, cuatro de los cuales eran familiares de los Marín Zárate. La fuente advierte que Correa Marín tenía un cargo superior.

“Esta hoja de vida está arreglada, porque asesor pedagógico no es lo mismo que coordinador y con este se cumplía el requisito habilitante”, señaló.

Son más poderosos...

Trujillo argumenta que en el proceso de puntear el índice de liquidez, Aetol presentó un respaldo de 800 millones de pesos y con lo cual un 35 por ciento del capital se tenía disponible para ejecutar las labores sin el desembolso del primer adelanto de los recursos. Pero al estar habilitados, recibieron 40 puntos sobre 100, mientras que Funimedes el máximo permitido.

“Que estábamos calificando la liquidez, lógico son más poderosos que nosotros pero en ningún momento decía que por usted presentar tres mil millones de pesos de capital iba a ser mayor calificado que uno que cumpliera con los requisitos. El pliego decía ‘si cumple le doy 100 puntos’, ahí no decía presente cinco mil millones y le doy 150 puntos. Nosotros cumplimos y la asignación fue de 40 puntos, quisiera ver bajo qué argumentos lo calificaron así”, sostiene Trujillo.

Y agrega: “Funimedes presentó cualquier cantidad de propuestas para varios municipios y cosa especial, todas se las ganaban; no sé. Si presentó propuestas por 12 mil millones, en esa misma proporción debía presentar aproximadamente seis mil millones en activos.

“Si ellos presentaron 12 mil millones en propuestas y tres mil millones de activos, significa que solo tenían un 25 por ciento de capital disponible; la calificación alta era para nosotros”.

Al oído de los órganos de control

El 18 de diciembre, en la tarde, se llevó a cabo la audiencia de adjudicación de contratos que comprometieron recursos por 67 mil millones de pesos, en tres modalidades para la atención de los Centros de Desarrollo Infantil (en arriendo, sin arriendo y modalidad familiar).

Según el empresario, ningún ente de control, Contraloría y/o Procuraduría, acudió a la reunión. No existió un mecanismo que permitiera grabar la audiencia para posterior consulta de los interesados.

“Otra cosa que nos pareció en esta situación acomodaticia del Bienestar para favorecer a Funimedes, que en una convocatoria de más de 30 mil millones de pesos, y lo dije en la reunión de adjudicación, no tengamos un delegado de la Contraloría o entes externos que controlaran un poco la situación, que sirvieran de intermediarios entre nosotros como proponentes y la firma que nos iba a dar los contratos. Simplemente fue el gerente, sus secuaces o compañeros de trabajo y nosotros”.

De la misma manera, la ausencia de la delegada del Icbf en Bogotá que supervisó el proceso, pero no se presentó en la asignación de los cupos.

Y, por último, el horario en que presuntamente se modificaron y publicaron en la página web del instituto las modificaciones a los pliegos.

“Se hacían modificaciones en los pliegos a las 11:55 de la noche, o usted es muy buen empleado o le vamos a pagar horas extras, si le están pagando horas extras quisiera ver la nómina en la cual se refleje el pago, todo proceso contractual cuando se somete a un proceso licitatorio tiene unos horarios establecidos, que son los mismos horarios de oficina y que se establecen para el personal y todas las moficiaciones que se le presenten a una convocatoria tienen que estar dentro de esos horarios específicos a menos que hayan dejado al celador y se le haya olvidado”, dijo.

Icbf descabezó a más de una empresa

Osiris Trujillo señala que existieron diversos impedimentos desde el Icbf, al parecer, para que más de una empresa, en especial las pequeñas no pudieran participar en la convocatoria.

Una de ellos, sería el documento de reconocimiento de personería jurídica que se exigió a los oferentes como requisito habilitante, cuando los pliegos definitivos no lo contemplaban. El documento fue colgado en la página web antes de darse apertura formal a la convocatoria.

“Fue una artimaña del Bienestar Familiar a última hora para podernos sacar a muchos del proceso de contratación, siendo que era un documento no exigido y en el pliego en ningún momento se refleja ese documento, ellos (Funimedes) lo tenían desde el 20 de noviembre, cosa rara, lo tenían listo; y cuando presentamos la propuesta, el seis de diciembre, a última hora nos salieron con que necesitabamos ese documento. Como no veían cómo bloquear más gente dijeron necesitan tenerlo. Cuando legalmente, nosotros como asociaciones con personería jurídica reconocida por la Cámara de Comercio, no tiene validez, pero el Icbf lo consideró de manera habilitante”.

De la misma manera, Trujillo indica que dentro de los pliegos se estableció que no podían presentarse empresas que en los últimos cuatro años antes de la convocatoria no hubieran contratado con la entidad.

“Hay muchas empresas que participaron y se quedaron en el camino y que pueden dar fe de la manipulación; negarle a Kalamadu la participación simplemente para acomodarse a ellos porque debían contratar hace cuatro años. Los bloquearon, eso fue deshonesto.

Acá se movieron intereses encaminados por el Bienestar Familiar a Funimedes, es un hecho que no puedo probar porque no tengo un certificado, pero se necesita ser muy poco de espíritu y entendimiento para no descubrir que después de tanta manipulación, hubo tanta acomodación y favorecimiento”.

Por otra parte destaca, haber recibido una notificación de la entidad en que le comunicaban que el perfil de Aetol no se ajustaba a la convocatoria por consiguiente no podía participar.

“El perfil de mi empresa decía apoyo, educación y cuidado a la niñez a las madres y al adulto mayor. Y nos llegó una notificación donde nos decían que el perfil de ustedes no nos sirve, porque tiene que decir en el perfil no niñez, sino primera infancia, no madres, sino madres lactantes, modificaron de tal manera que en esas solas palabritas se quedaron más de 16 empresas que querían presentarse y el plazo a cumplir con el requisito eran dos días y en Cámara de Comercio el trámite no se hace de la noche a la mañana, por fortuna tenemos la avenencia y el apoyo del personal que nos colaboraron y logramos salvar ese obstáculo”, acotó.

Director de Icbf responde 

EL NUEVO DÍA consultó al director del Icbf Regional - Tolima, Carlos Eduardo Buenaventura, quien se limitó a decir que se está faltando a la verdad.

El funcionario indicó que se asignaron los contratos con los que fue establecido en los pliegos de la convocatoria. “Todo está de acuerdo con la ley y a ellos se les dio la oportunidad de controvertir en la audiencia, de estar en el proceso y todo se hizo con el debido método”, acotó.

Cuando se indagó sobre por qué aparentemente no se grabó la audiencia, Buenventura respondió: “Estoy en un interrogatorio, no se de qué tipo; a mí me parece que esto no es así, todas las respuestas que le puedo dar es que cumplimos con los parámetros que establece la ley”.

El directivo invitó a Osiris Trujillo a denunciar ante las autoridades competentes.  “Aquí adjudicamos a todos los proponentes que cumplieron con los pliegos, entonces si no se adjudicó a ellos es porque no cumplieron con alguno de los requisitos y los otros sí”, reiteró. 

Por otra parte y frente a la personería jurídica que se exigió a los oferentes, Buenaventura argumentó que es un requisito que se exige para presentar propuesta y que se hizo entrega conforme los oferentes la solicitaron.  

“Este es un señor que perdió la lictación y está buscando hacer un escándalo donde no debería haberlo hecho”, concluyó.

Preguntas y respuestas

EL NUEVO DÍA: ¿Qué lo motiva a denunciar y exponer estas irregularidades contra el Icbf y Funimedes?

OSIRIS TRUJILLO: Este año nos pasó a nosotros, somos una empresa pequeña, que hasta ahora inicia recorrido y de esta manera nos van a truncar, deshonesta, arbitraria y acomodada.

El año entrante Funimedes tiene más fuerza y va a quemar más empresas. Vemos que apenas una empresa crece, dice el dicho vulgar, los pescados grandes se quieren comer los chicos.

Es muy triste que nos nieguen las posibilidades de prestar un servicio de calidad por darle a una empresa que no la tiene, que no le interesa la parte social, pues a ellos les interesa el billete, nada más.

END: ¿Le genera suspicacias que esta empresa se haya ganado otra vez los contratos de atención a la primera infancia?

OT: No lo diría como suspicacias. Estoy convencido de que, para que una empresa se sostenga después de tener tantas quejas reales y al contrario crezca, es porque de una u otra manera hay un favorecimiento claro, hay una simpatía con los dirigentes o con las personas encargadas de hacer esas asignaciones. Tiene que haberla, porque nosotros como pequeñas empresas, que hasta ahora iniciamos los procesos y que cumplimos con todos los requisitos y tenemos el marco legal completo, no entendemos cuando Bienestar Familiar dice que una empresa máximo puede contratar 12 mil millones de pesos y ellos terminan contratando 14 mil.

Los pliegos de condiciones se supone que son claros pero parece que aplican para todos, menos para ellos. Cuando usted ve que su propuesta es devuelta cinco veces y la de ellos no se devuelve, no se analiza y simplemente pasa; tienen que ser muy perfectos o tienen mucho apoyo en las mismas instituciones.

END: ¿Por qué no demandar la convocatoria?

OT: No lo hicimos basados en dos hechos. Presentar una propuesta es muy costosa y eso nos generaba unos honorarios bastante caros y el que menos nos pedía era de cinco millones de pesos. Lo segundo en un análisis con uno de los mismos abogados nos decía que eso era pelea de tigre con burro amarrado.

Funimedes tiene los tentáculos tan bien metidos en todas las situaciones económicas, sociales y políticas del Departamento que para nadie es un secreto que si en este momento iniciáramos una investigación directa con cualquiera de los entes reguladores, van a tener sus amigos allá y van a tratar de tapar, de descartar, de decir no. ¿Por qué?, porque infortunadamente en este país a las pequeñas empresas nos toca más duro y lo que ya tienen algo de camino abierto tienen los tentáculos bien puestos y saben dónde se pueden mover.

END: ¿Ha conocido la polémica del servicio que presta Funimedes en el sector rural, donde han existido quejas por los salarios pagados a los docentes y el presunto favorecimiento para atender a los niños de la zona rural?

OT: He escuchado bastante información, pertenecí al cuerpo de trabajo de ellos. Me acabo de comunicar con personas de Rovira para saber cuánto les está pagando Funimedes y me dicen que cada persona está siendo disminuida en su salario de manera arbitraria porque ya lo plantea el Bienestar Familiar.

Cada persona recibe un bono diario de transporte que equivale a cinco mil pesos y no se está entregando. En enero no se entregó la canasta de apoyo alimentario que se brinda a las familias y ellos recibieron en el departamento cerca de dos mil usuarios, cada uno con un costo de 80 mil pesos no sé por qué, y fuera de eso las auxiliares están para que acompañen a la docente en la presentación del programa, no para que alimente la base de datos, que es Cuéntame, cuando el Icbf contrata personal.

La orden es o sirve o se va, porque eso si tiene Funimedes, el despotismo con el empleado, fui víctima de él.

END: Usted trabajó para Funimedes y al perder el contrato, ¿cree que se pueda tomar sus declaraciones como una forma revanchista?

OT: Esto no es una posición revanchista. No estoy diciendo esto para que simplemente el Icbf nos diga ‘qué pena, nos equivocamos y tenga el proyecto’. Mi intención sí es que el Departamento conozca cómo se están manejando de manera deshonesta los recursos, licitando de manera vulgar, porque se tiene que ser un guache completo para prestarse a un juego como este.

¿Quiénes son los más perjudicados? Los niños, las madres gestantes y los empleados. En la canasta dice cuánto se le debe pagar, se ha diseñado una cantidad exacta de recursos. Ellos no lo están aplicando y un caso palpable es Rovira. Ellos modificaron el personal psicológico de la propuesta con la intención de contratar personas para manejar el Cuéntame.

END: ¿Es difícil de competir sanamente?

OT: Hasta donde voy, no digo que es difícil, es imposible. Me he presentado a convocatorias y me han ganado en franca lid, pero cuando usted juega limpio y es el único opcionado de los dos proponentes y cuando viene alguien y por arte de magia, por la famosa mano invisible gana, uno dice ‘¿Qué pasó aquí, perdí? No, me tumbaron’. Una cosa es perder y otra cosa es que lo roben.

END: ¿Cree que se debe vetar Funimedes?

OT: Funimedes debe ser investigada, el concepto de vetarla, castigarla, desaparecerla, dependería del juego jurídico; pero sí se debería hacer seriamente, pero con una empresa de Bogotá, una auditoría que la enviara el Bienestar, pero que no puedan tejer, que sus uñitas no alcancen a llegar allá, sus tentáculos no alcancen a rozar allá. No soy solo yo, pero sí hay muchas personas inconformes es porque algo pasa.

Ellos están con un blindaje especial creado a partir de favores que por más que lo investiguen en el Departamento no les van a encontrar nada.

END: Se presentará el próximo año a una nueva convocatoria con el Icbf y en estas condiciones que usted menciona...

OT: No descarto posibilidad de que mi empresa se presente el año entrante y esto va a ser un punto negativo para mí, con lo que estoy diciendo, el Director del Bienestar Familiar y sus funcionarios se van a sentir y van a empezar a tildar a mi empresa, como la que no podemos tener a nuestro lado.

Así cumpla con los requisitos, prácticamente me estoy negando la posibilidad de contratar con Bienestar Familiar.

Sé que en el Icbf no nos va a vetar, no nos van a decir ‘no participen’, pero usted sabe que detrás de un escritorio se manejan muchos intereses y van a estar enmarcados por el director y el cuerpo de profesionales que están haciendo la supervisión.

Credito
EL NUEVO DÍA

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