Lo anterior, con un posible detrimento por cuanto el excurador Urbano Uno y quien ejerció hasta el 30 de enero de 2013, Hugo Albarrello, vendió mediante carta - venta de fecha 30 de julio de 2014, equipos de cómputo usados, red de datos y comunicación y otros derechos y activos, al actual Curador Uno, quien los registró en su contabilidad personal, puesto que los adquirió con recursos propios.

Según el órgano de control fiscal, estos bienes son necesarios para el funcionamiento de la Curaduría, adquisición efectuada con cargo a expensas destinadas a la prestación del servicio en ejercicio de la función pública que le compete a la Curaduría y que conservan ese carácter durante toda su vida útil.

Por este motivo, estos no debieron ser enajenados, sino entregados al curador entrante, incumpliendo lo establecido en el artículo 116 de la Ley 1469 de 2010, así como los principios de la función pública señalados en la ley 489 de 1998.

La Contraloría advierte que el cargo está bajo la presunta responsabilidad del Curador Urbano Uno para la época de los hechos.

Es de recordar que el alcalde Luis H. Rodríguez nombró como curadora Uno (e) a la arquitecta Sandra Pardo, quien ejerció funciones en la dependencia por dos años.

El 30 de julio de 2014, el mandatario designó como titular de la dependencia al arquitecto Manuel Antonio Medina, tras haber obtenido el mayor puntaje en las pruebas practicadas por la Escuela Superior de Administración Pública (Esap).

El arquitecto Jesús Barrera, quien participó en el concurso de elección, interpuso una acción jurídica ante el Consejo de Estado para que defina si el Tribunal Administrativo debe admitir y conocer de la demanda en contra de la elección de Medina.

Según Barrera, el equipo de trabajo del Curador Uno no cumplía con los requisitos exigidos para participar en las pruebas llevadas a cabo por la Esap, que debía haber rechazado la propuesta.