La concejal Linda Esperanza Perdomo advirtió de vacíos de fondo y forma en el proyecto de ceder predios de la Hacienda El Escobal a la Fiscalía General de Nación para la construcción de un centro de formación, y a la Unidad de Salud para un nuevo centro hospitalario para la comuna Nueve.

Según Perdomo, el actual proyecto prevé ceder 13 hectáreas de terreno, sin tener en cuenta que de acuerdo con la escritura del bien, existe una cláusula que condiciona el área de cesión a la entrega y desarrollo del proyecto de la universidad de carácter nacional.

De acuerdo con la cabildante, esta cesión la efectuó la constructora Colpatria en forma anticipada, pero la ley 388 establece que las cesiones tienen fines específicos y ningún acuerdo o decreto del Concejo pueden ser contrarios a la ley.

El concejal Camilo Delgado pidió prestar especial atención a la cláusula Sexta que permitió ceder al Municipio el terreno, pues las cesiones tienen un fin específico y de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 116, aunque el predio se ubica como zona rural en donde sí se puede desarrollar equipamiento comunitario, la universidad de la Fiscalía es un equipamiento de carácter institucional.

El POT

La concejal Perdomo explicó que existe una disyuntiva jurídica debido a que no se tiene la certeza jurídica sobre el uso del predio, pues el acuerdo 116 de 2000 o antiguo Plan de Ordenamiento Territorial, contemplaba esta zona como rural y con el reajuste al POT, a través del decreto 823 se incluye dentro del perímetro urbano.

Al ser puesto a consideración y votación de la corporación, no se tiene claridad si se debe considerar el cambio de uso en atención al antiguo POT.

Para el concejal Delgado el decreto 823 goza de presunción de legalidad.

Sin embargo, si el Tribunal Administrativo decide declarar la nulidad del mismo, por presuntos vicios de legalidad en la aprobación y trámite ante el Concejo, se podría incurrir en prevaricato.

“No hay claridad jurídica frente al tema del Plan de Ordenamiento Territorial, la jefe Jurídica, Sandra Maritza Gómez, puede decir que hay claridad jurídica para el Municipio, pero qué está diciendo el gobernador (Luis Carlos Delgado Peñón) que es ilegal. Hay una disyuntiva jurídica de a quién hay que creerle cuando la instancia principal es la Gobernación del Tolima.

“Nosotros como concejales podemos decir, yo me atengo a lo que diga la oficina jurídica del Municipio, pero como la ley me dice que todos los actos administrativos deben pasar por proceso de revisión jurídica por la Gobernación, que es el ente territorial superior, que dijo que el acuerdo es ilegal; ¿qué POT utilizamos el 116 o el modificado a través del 823”, anotó la cabildante Perdomo.

Y agrega “nosotros no podríamos ni siquiera entrar a asumir ningún tipo de decisión, ni siquiera de cambio de uso de suelo de ninguna comunidad o barrio porque estaríamos actuando sobre condiciones jurídicas inestables”, señaló.

Recursos y futuro

Perdomo aseveró que la ley 136 establece que la Administración municipal es la única que puede retirar el proyecto para que se dé claridad sobre estos aspectos.

Reiteró que los concejales no están en contra del proyecto, pues son obras que comprometen recursos superiores a los 80 mil millones de pesos.

Perdomo refiere que en la ciudad existen cerca de cuatro mil predios disponibles que la Alcaldía podría entrar a evaluar para destinarlo al desarrollo del proyecto, que esté dentro del perímetro urbano y que no presente los vacíos jurídicos que presenta el lote de la hacienda El Escobal.