La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) revisará uno a uno los artículos incluidos en el decreto de adopción y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Ibagué, firmado por el alcalde Luis H. Rodríguez, el pasado 23 de diciembre.

Lo anterior, con base en la denuncia realizada por la emisora Ecos del Combeima, que advirtió de la ejecución del proyecto La Aldea de la Constructora El Pomar, en suelos de zona de mitigación de impacto y agropecuaria frente al cerro tutelar La Martinica.

El director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, manifestó preocupación, pues en el actual POT el uso del suelo de las zonas de mitigación aparece como compatible para vivienda campestre con densidad restringida, cuando en la concertación ambiental suscrita con el Municipio, se prohíbe la parcelación para proyectos de vivienda e instalación de piscícolas. De igual forma, denunció la variación en la zona de mitigación de impactos que se concertó en 500 metros y pasó a 300 en el POT que afectaría los cerros Noroccidentales, Nororientales y Cerro Gordo.

“Ocurrieron unos cambios que no fueron concertados con la Corporación en la concertación de elementos ambientales del POT. A manera de ejemplo, durante todo el transcurso se estableció que siempre se iba a dejar una zona de mitigación de impactos en un área de 500 metros localizada en el suelo rural. Pero extrañamente y de forma preocupante, en el decreto 0823 esa zona de mitigación de impactos que se había establecido en 500 metros pasa a 300 metros. Ello tiene unas consecuencias importantísimas en razón a que no solo variaría la zona denunciada por Ecos del Combeima sino la de los cerros de La Martinica, cerros Noroccidentales, Nororientales y Cerro Gordo”, dijo Cardoso.

Por último, el directivo afirmó que una vez se haya revisado el decreto 0823, procederá a enviar comunicación al alcalde Luis H. Rodríguez para que corrija estos errores mediante un decreto aclaratorio o en su defecto compulsará copias a las entidades de control que incluye la Fiscalía General de la Nación.

No es la primera vez

Cortolima había alertado el pasado mes de abril de 2014, de irregularidades por parte de la Administración y del hoy exsecretario de Planeación, Juan Gabriel Triana, que incluyeron 269 hectáreas no concertadas al perímetro urbano y suelo de expansión, en favor de terceros.

Lo anterior, conllevó que tras un año de diálogos entre las partes, se retirara el proyecto del Concejo y fuera dirimido por el Ministerio de Medio Ambiente.

El abandono del barco

 A penas si se vislumbra los alcances e impactos negativos de la adopción en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y quien fue titular de la Secretaría de Planeación por tres años y cuatro meses, Juan Gabriel Triana, decidió abandonar la Administración presentando su carta de renuncia irrevocable a Luis H. y dejando un manto de duda de su gestión.

El exfuncionario no solo dejó pendientes la legalización de cerca de 30 barrios, la titulación de bienes fiscales, con llamado de la Contraloría de Ibagué por la licitación y adjudicación del contrato, sino que dejó el POT en medio de un pleito jurídico entre la Administración municipal y la Gobernación del Tolima y que lo dirimiría el Tribunal Administrativo del Tolima.

Los vicios de legalidad y constitucionalidad detectados por el equipo jurídico de la Gobernación del Tolima, podrían ser la ‘tabla de salvación’ para la ciudad, para quienes han calificado de lesivo y perverso el POT en las condiciones que se decretó.

Los arquitectos Jaime Fajardo y Carlos Arturo Ciro Basto, no solo han criticado la ampliación de la ciudad hacia Picaleña, en favor de las familias propietarias de la tierra, sin considerar los costos en que debe incurrir el Municipio para llevar la red de servicios públicos.

De igual manera, la reducción de un 30 a un 12 por ciento de las áreas de cesión para otorgar la calidad de vida a sus habitantes.

Y por último, la construcción en los cerros tutelares, que como lo denunció el ingeniero Óscar Arana, Ibagué podría ser el reflejo de las comunas de Medellín y Cali, montañas atestadas de personas, sin planificación urbana y con los problemas sociales desbordados.