El 9 de septiembre de 2011 el Ministerio de Educación (MEN) envió un oficio al entonces gobernador Óscar Barreto Quiroga, alertando sobre un déficit de recursos para la prestación del servicio educativo por seis mil 622 millones de pesos.

El MEN hizo referencia a que el faltante se había destinado a la capacitación de adultos con un operador no avalado. Sobre el asunto, se refirió a la Unión Temporal Integral Madres e Hijos, y que la integraban: la Fundación para la Formación y el Mejoramiento del Desempeño Empresarial, Laboral, Cívico y Académico (Funimedes) y la Fundación Colombia Presente (Funcolombia).

“El mencionado contrato se suscribió con un operador que aplica un modelo que no cuenta con el concepto favorable del Ministerio de Educación para la atención de la población adulta; adicional a lo anterior, el valor pagado por alumno atendido es superior a la tipología reconocida para la atención de adultos lo que desfinancia la prestación de este servicio en la vigencia actual”, refiere el concepto del MEN.

De igual manera, solicitó al ente territorial adelantar las gestiones para restituir con recursos propios los seis mil 622 millones de pesos al sector educativo, de manera que se garantizara los salarios y prestaciones sociales de los docentes.

Tal como publicó EL NUEVO DÍA, lo anterior motivó al entonces candidato del Polo Democrático a la Gobernación, Orlando Zambrano, a interponer una demanda ante la Fiscalía General contra el exgobernador Barreto Quiroga por la presunta comisión del delito de peculado.

El argumento: destinar recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) al pago del contrato 381, cuyo objeto era la alfabetización de madres cabezas de Familia con la Unión Temporal.

Dentro del material probatorio, se tiene que los recursos debían destinarse al pago de bonificaciones de deudas del sector y no a la financiación del contrato. Además, del concepto del MEN.

Esta denuncia, a casi cuatro años de haberla instaurado, motivó a Zambrano a remover el caso en la jornada anticorrupción llevada a cabo por la Fiscalía General de la Nación el pasado 7 de abril y a la cual allegó nuevas pruebas, como el informe de auditoría de la Contraloría General a la Unión Temporal Madres e Hijos.

El caso fue trasladado a la seccional en Bogotá, debido a la falta de garantías, y se encuentra en la Fiscalía Segunda ante la Corte Suprema de Justicia.

¿Qué pasó con los recursos?

EL NUEVO DÍA consultó al exsecretario General de la Gobernación del Tolima en la administración de Barreto Quiroga, Manuel Guzmán, para indagar sobre los recursos que pidió el Ministerio restituir y las advertencias pre y posteriores sobre la idoneidad del modelo educativo de la Unión Temporal.

Guzmán señaló que el Ministerio de Educación en conjunto con la Gobernación del Tolima aparentemente acordaron que los recursos serían incluidos en el Conpes 144 de 2011.

“En 2011 se contrató con fundamento a la matrícula reportada en 2010. Teniendo en cuenta eso, lo que se hizo fue dar continuidad al proyecto. Con base en eso, el Ministerio reconoció que efectivamente había incurrido en un error al hacer ese llamado de atención de forma rápida. Pero el 25 de octubre ellos aceptaron y reconocieron esos valores en el Conpes 144 de 2011, entonces esos recursos llegaron al departamento del Tolima”, señaló Guzmán.

El vocero del Barreto y exsecretario de Educación encargado, sancionado por la Contraloría General en primera instancia en la ejecución del contrato 381, aseveró que entregaría copia del acta suscrita con el MEN, que hasta el momento es desconocida.

Por otra parte, frente a las condiciones y la calidad del modelo educativo que no reunía la Unión Temporal, explicó que “no es así porque de lo que recuerdo en el proceso de la Unión existía un concepto previo por parte del MEN y al modelo educativo se le estaba haciendo unas observaciones. El modelo estaba siendo evaluado por el MEN y estaba en ajustes. Precisamente, porque en 2011 el MEN cambió los lineamientos para la contratación del servicio educativo con los operadores de orden nacional, entonces establecía unos parámetros que estaban en revisión”, agregó.

Además, aseveró que en la ejecución del contrato el Ministerio de Educación adelantó una auditoría a todos los modelos educativos para la prestación del servicio educativo, de la cual no quedó copia en la Secretaría de Educación del Tolima.

EL NUEVO DÍA consultó con el secretario de Educación, Melquisedec Acosta, quien informó que a la fecha el MEN no ha hecho requerimiento a la Gobernación del Tolima para desembolsar los recursos del mencionado contrato.

“En este momento al Departamento no se le ha hecho requerimiento para que los pague. El MEN no se ha vuelto a referir para que en esta administración se devuelvan esos recursos. Nunca se ha pronunciado. tenemos otras deudas como las de difícil acceso de 2004 a 2008 que la anterior administración aceptó a pagar y que no debió haber hecho porque le corresponde al Ministerio. Esa es la única deuda y desconocemos nosotros lo que ustedes me informan. Inclusive tuvimos visita del MEN y del Ministerio de Hacienda de seguimiento a los recursos y no aparece esa deuda con el MEN”, mencionó Acosta.

Sobre el acta de de concertación del 25 de octubre de 2011 y a la que hace alusión Guzmán, señaló desconocerla al igual que la auditoría que efectuó el MEN los modelos educativos de 2011. “No sabemos de esa auditoría de 2011 ni de esas actas”, subrayó el funcionario.

Por qué remover el expediente

Orlando Zambrano afirmó que “así restituyan los recursos el asunto está consumado. Así ellos restituyan, la operación está hecha y eso se llama peculado”.

Y agregó: “Llevamos esperando cuatro años esperando en este caso y no ha pasado nada. Más de cuatro años esperando que la Fiscalía se pronunciara y a nuestro juicio hemos presentado las pruebas pertinentes y lo que hemos encontrado es un silencio total y al paso que eso iba o vamos no queremos llegar a la impunidad”, concluyó.

Los hallazgos de la Contraloría

El informe de auditoría de la Contraloría General a julio de 2012 evidenció que el contrato se suscribió y ejecutó sin debido estudio de insuficiencia escolar, en los estudios previos incluía de forma directa el nombre del contratista, contrariando el principio de selección objetiva, entre otras irregularidades.

Además, de la destinación de recursos del Sistema General de Participación a pagos de honorarios de asesoría al rector de la Unión Temporal, compra de cámara fotográfica, fiestas y agasajos para el personal administrativo de la empresa contratista, conformada por Funcolombia y la fundación Funimedes.

La sanción y los recursos del SGP

EL NUEVO DÍA logró conocer tras más de dos años de investigación el informe de responsabilidad fiscal proferido por la Contraloría General de la República en septiembre pasado, y que solo fue desbloqueado para consulta el pasado 27 de noviembre. El órgano de control halló responsables de detrimento a la Unión Temporal Madres e Hijos, conformada por Funcolombia y Funimedes.

La decisión, por el reconocimiento y pago de actividades que no correspondían al objeto contractual, celebrado con recursos procedentes del Sistema General de Participaciones superior a siete mil millones de pesos.

En primera medida, la CGR determinó que la Unión se obligó en la suscripción del contrato 381 a poner a disposición del proyecto su infraestructura para la capacitación de las ocho mil madres de familia en educación formal para adultos, educación para el trabajo y el desarrollo humano en los municipios no certificados en educación del Departamento.

Sin embargo, la Unión Temporal suscribió un contrato de arrendamiento el 11 de enero de 2011 y por 12 meses en la sede donde funciona Funimedes, efectuando las labores de cobro de dos millones de pesos mensuales por nueve meses.

“Situación que se tilda no solo de irregular, sino además de antieconómica, pues no es posible que se le genere al contrato de prestación de servicios educativos No. 381 de 2011, un costo educativo por el arriendo de una sede administrativa que pertenece a una de las fundaciones integrantes del contratista y que además se había obligado a ponerla a disposición por el mismo precio contractual”, menciona el informe.

La cuantía de este hecho ascendió a los 19 millones 800 mil pesos.

Sin embargo, la Contraloría también los halló responsables de emplear recursos del erario en festejos de cumpleaños, reuniones, integraciones folcloritos, refrigerios, almuerzos, compra de aguardiente, tarjetas de invitación, gastos de alimentación, arriendos y servicio telefónico, que contrarían la austeridad del gasto público.

En total, se incluyó con cargo al presupuesto tres millones 299 mil 550 pesos por concepto de agasajos.

Los involucrados

Al proceso fue vinculada la supervisora del contrato, Gloria Inés Herrera, quien en sus informes se dedicó a señalar el balance del contrato que indica solo el porcentaje de ejecución y que carecía de detalle, descripción y contabilización.

También Eunice Ramírez Varón, secretaria de Educación, por no constatar y verificar cómo se había adelantado la ejecución de las actividades contractuales y qué recursos públicos fueron girados, “pues su actuación como Gestor Fiscal se ciñó al campo de omisiones y negligencias que implicaron falta de cuidado y negligencia en el cuidado y manejo de los Recursos Estatales y que se tradujo su actual pérdida.

“Su conducta no estuvo en el marco del cuidado que deben tener los individuos de poca prudencia en el manejo de los negocios propios cuando le corresponde manejar los negocios ajenos, por lo cual se eleva su obrar a la descripción de culpa grave”.

Y Luis Manuel Guzmán, quien se desempeñó como Secretario de Educación y Cultura (e) del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2011, tal como lo certifica la Directora Encargada de Talento Humano de la Gobernación, expedida el 31 de julio de 2012, liquidó el contrato 381 del 2011 y quien ordenó el pago del contrato conforme a las órdenes 9320 y 9319. Esto, además de las omisiones en que incurrió frente a la ejecución de los recursos públicos, específicamente frente a la información presupuestal contenida en los informes de supervisión contractual reportados por la Unión Temporal.

La nulidad

El 29 de octubre de 2014, el abogado y representante legal de Funcolombia y la Unión Temporal Madres e Hijos, Faber Humberto Chavarro Lugo, entregó a la CGR el comprobante de consignación del devuelto por 24 millones 777 mil pesos por el daño patrominal causado con cargo a recursos del SGP.

Advierte el documento: “Manifiesto que con el pago de las sumas de dinero ordenadas en el fallo 018 del 4 de septiembre de 2014, no estoy reconociendo ni aceptando la responsabilidad fiscal imputada, considero como lo manifesté en el recurso de reposición se debe exonerar de responsabilidad a los investigados, y que se ejecuta el pago para evitar los reportes y demás acciones que un fallo de responsabilidad genera en detrimento de los investigados. Solicito se ordene la terminación del proceso y se archiven las diligencias”.

El 26 de noviembre, la Contraloría General ordena la cesación de la acción fiscal por los hechos investigados a Eunice Ramírez, Luis Manuel Guzmán, Gloria Inés Herrera, Ana Cristina Zárate Lerma y Faber Humberto Chavarro Lugo al aprobar la causal del resarcimiento total del daño patrimonial.

La polémica por las obligaciones de Funimedes en Rovira

A própósito de la controversia y las denuncias efectuadas por la prestación del servicio de Funimedes, trabajadores de la Fundación en Rovira desvirtuaron las afirmaciones hechas por el representante de la Asociación Agroecológica (Aetol), Osiris Trujillo, que en la noticia ‘Los tentáculos de Funimedes en el Tolima’, había denunciado posibles irregularidades en la prestación del servicio en ese municipio.

De acuerdo con Osiris, posibles afectados le habrían contado en Rovira que “cada persona estáría siendo disminuida en su salario de manera arbitraria, porque ya lo plantea el Bienestar Familiar”.

En una misiva enviada a EL NUEVO DÍA, los 19 empleados a cargo de Funimedes en esa municipalidad argumentan “cada uno de nosotros como empleados recibe su pago que es determinado por el Icbf de acuerdo con su pago y su perfil y en ningún momento se nos ha disminuido el valor pagado. Además, este valor es de carácter público y se encuentra publicado en el Icbf”.

Además, Trujillo aseveró que “cada persona recibe un bono diario de transporte que equivale a cinco mil pesos y no se está entregando”. Los empleados de Funimedes hacen claridad de que “el Icbf no entrega bono para efectuar pagos en ningún rubro, el pago de transporte está establecido en la canasta de transporte del Icbf, para cada cargo, y ese valor es el que se nos paga mensualmente a cada empleado”.

De otra parte, reconocen que la canasta de apoyo alimentario no se entregó en enero, “porque no corresponde entrega de complemento nutricional, ya que este se debe entregar cuatro semanas después del inicio de actividades, es decir, que el primer complemento se entregó en el mes de febrero”.

Y añaden que “los empleados de Funimedes que operamos la estrategia en Rovira, los dos coordinadores, siete docentes, dos psicólogos, siete auxiliares pedagógicos y un auxiliar de enfermería, queremos aclarar que ninguno de nosotros ha hablado con el señor Osiris Trujillo, muchos de nosotros no lo conocemos”.

Cuánto debe ganar un maestro

EL NUEVO DÍA consultó con las directivas del Bienestar Social en el Tolima para especificar cuáles son las obligaciones que asume el operador en el pago de las prestaciones a los maestros del servicio en Medio Familiar que opera en zona rural.

Esta redacción revisó el documento Costos de referencia, publicado en el portal web del instituto, y lo descrito en el pliego de condiciones, para verificar lo que gira el Icbf al operador por cada empleado.

Según el perfil, el grado de estudio y la experiencia se asignará el salario. La coordinadora, quien debe acreditar ser profesional en ciencias sociales, humanas, de la educación, o administrativas, podría devengar en la modalidad prestación de servicios (OPS) dos millones 47 mil pesos. Si la carga prestacional es asumida por el operador, contratación directa, la asignación será de un millón 321 mil pesos.

En cuanto a los maestros, existen dos tipos de perfiles. Quienes sean licenciados de artes plásticas escénicas o musicales, lingüística y literatura con experiencia de dos años en trabajo educativo con infancia, devengarían un millón 574 mil pesos y una asignación de 965 mil pesos, en caso de que el prestador asuma la carga prestacional.

Los docentes normalistas, tecnólogos o técnicos con título en Pedagogía, Desarrollo Infantil y/o Atención integral a la Primera Infancia, estudiantes de ciencias de la educación, todos con un año de experiencia en infancia, devengarían por OPS, un millón 291 mil pesos y una asignación salarial mensual de 778 mil pesos. Este mismo salario aplica para el profesional en salud ocupacional en perfil Uno.

Lo anterior, varía en cuanto al profesional de atención sicosocial. El salario mensual sería de millón 574 mil pesos y una asignación de 965 mil pesos.

En el caso de las madres comunitarias en proceso de formación, se girará un millón 142 mil pesos, pero un salario mensual de 680 mil 110 pesos con contrato directo con la entidad.

A estudiantes en período de práctica o elaboración de tesis de las carreras de psicología, psicopedagogía, trabajo social o profesional en desarrollo comunitario, la asignación salarial será equivalente a la de los maestros con título en tecnología, normalista y estudiantes. Por último, por órdenes de prestación de servicio, el auxiliar devengará millón 87 mil pesos y un salario mensual de 644 mil pesos, equivalente a un mínimo.

Y el subsidio de transporte

Según la canasta, por cada visita domiciliaria y/o encuentro comunitario (ida y regreso), el Icbf otorga un subsidio de dos mil 243 pesos. Por cada 300 niños, se requiere de seis docentes. Cada maestro deberá efectuar 59 trayectos, 24 encuentros grupales y 35 visitas domiciliarias, que equivaldrían a un pago mensual de 126 mil 437 pesos para viáticos. Este solo aplica en el sector rural.

El subsidio lo devengan el nutricionista, dietista y enfermero que debe asistir al mismo número de encuentros.

En cuanto a las auxiliares, se les exige asistir solo a los encuentros grupales. El subsidio que reconoce el operador será igual a 51 mil 432 pesos por 24 trayectos mensuales. Por disposiciones del Icbf, las auxiliares no deben practicar visitas domiciliarias, pero existen veredas en las que deben acompañar a la docente, a quien sí se les reconoce los viáticos.

El operador deberá reconocer el subsidio al personal por prestación de servicios y directa.

Una fuente consultada por EL NUEVO DÍA señaló que en algunas oportunidades ya que el docente reportar menos trayectos y eventos realizados, los recursos del subsidio son ganancias para el operador.